Dos d¨ªas de febrero

HOY HACE dos a?os, los espa?oles fuimos obligados a vivir una de las experiencias m¨¢s humillantes e indignas de nuestra existencia como pueblo civilizado. Una partida de guardias civiles armados asaltaba el palacio del Congreso y secuestraba a los miembros del Gobierno de la naci¨®n y a los diputados elegidos por el pueblo soberano. La operaci¨®n era el fulminante de un golpe de Estado en el que se hallaban implicados altos mandos militares y que trataba de imponer al Rey el hecho consumado del fin de la libertad en nuestro pa¨ªs. La decisiva intervenci¨®n de don Juan Carlos y la disciplina de la mayor¨ªa de las Fuerzas Armadas abort¨® aquel engendro. La sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar, pendiente ahora de casaci¨®n ante el Supremo, estableci¨® los hechos probados y conden¨® a los cabecillas de la rebeli¨®n por su infamante crimen, aun mostrando excesiva benevolencia en algunas. absoluciones y gradaciones de penas. En una fecha como hoy, los espa?oles no pueden sino evocar la pesadilla de aquella noche de verg¨¹enza e imaginar las terribles consecuencias que hubiera tenido para el futuro de Espa?a el ¨¦xito -siquiera inicial- de las ambiciones de Milans del Bosch y de Tejero. Tal vez resulte ¨²til, como ejercicio pedag¨®gico, remontarse dos a?os atr¨¢s y comparar el estado de ¨¢nimo de millones de ciudadanos en la l¨ªvida madrugada del 24 de febrero de 1981 con la situaci¨®n espa?ola actual. ?Cu¨¢ntos hubieran apostado hace dos a?os a favor de que veinticuatro meses despu¨¦s de la intentona golpista los principales responsables de la rebeli¨®n estar¨ªan aguardando en prisi¨®n la confirmaci¨®n de la sentencia y Felipe Gonz¨¢lez, elegido en las urnas por m¨¢s de diez millones de espa?oles, ocupar¨ªa la presidencia del Gobierno?

Pero en el actual panorama, objetivamente optimista, de la superaci¨®n de las contradicciones y las amenazas que se ciernen sobre la convivencia democr¨¢tica no faltan motivos de inquietud y aspectos preocupantes. Razones de actualidad obligan a citar como ejemplo la tragedia ocurrida el domingo 20 de febrero de 1983 en las cercan¨ªas de Valmojado, que cost¨® la vida a un ni?o de dos a?os como consecuencia de los disparos de una pareja de la Guardia Civil contra un veh¨ªculo que no advirti¨® las d¨¦biles se?ales luminosas de un irregular control caminero. Hasta ahora, el ominoso silencio gubernamental ante este homicidio s¨®lo ha sido roto por las autoridades a trav¨¦s de las declaraciones del general Yraizoz, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, que nos han devuelto al t¨²nel del tiempo en el que los medios oficiales pod¨ªan ofender gratuitamente a las v¨ªctimas de una equivocada pol¨ªtica de orden p¨²blico. De las palabras del alto mando del instituto armado -"el error ha sido del conductor al no parar el veh¨ªculo"- se desprende que la culpa de la muerte del ni?o F¨¦lix Juan Dom¨ªnguez la tienen, en ¨²ltima instancia, su padre o uno de sus hermanos, y no el autor de los disparos, que habr¨ªa actuado -atenci¨®n, conductores despistados- correctamente. Esa interpretaci¨®n, que agrava el luto de una dolorida familia con una acusaci¨®n infamante,'atribuye la responsabilidad de la tragedia a la extra?a reacci¨®n del conductor del autom¨®vil tiroteado, y en adelante har¨¢ correr fr¨ªos sudores a cuanto automovilista se cruce con una pareja de motoristas en la carretera y no se d¨¦ cuenta de los ademanes que hagan. Lo que a nosotros nos parece, sin embargo, inadmisible, y ojal¨¢ pudi¨¦ramos tambi¨¦n decir que extra?a, es la reacci¨®n del guardia. Luego se ha querido exponer la conjetura de que el coche tal vez no se detuviera porque -"es una sospecha no probada"- quien llevaba el volante era uno de los hermanos, sin carn¨¦ de conducir, del ni?o muerto. Creemos, sinceramente, que las tumbas exigen, mayor piedad. Y los ciudadanos mayor respeto. Porque ni siquiera esa extra?a reacci¨®n o esa sospecha no probada podr¨ªan justificar el tiroteo del autom¨®vil ni librar al guardia civil que mat¨® al ni?o de una acusaci¨®n fiscal de homicidio por imprudencia. Un guardia civil cuyo nombre la opini¨®n p¨²blica no conoce y que bien pudiera continuar todav¨ªa en el servicio activo y portando armas reglamentarias, como siguen haci¨¦ndolo tantos de los asaltantes del Congreso hace dos a?os.

El poder ejecutivo ha mostrado una asombrosa falta de sensibilidad ante sus diez millones de electores al no enviar a un cualificado representante al entierro de un ni?o que perdi¨® la vida como consecuencia objetiva de la actuaci¨®n de funcionarios de ese aparato estatal del que el Gobierno es responsable. El anuncio de que Jos¨¦ Barrionuevo se dispone a comparecer ante la Comisi¨®n de Interior para explicar a los diputados esa absurda muerte indica que los h¨¢bitos de la democracia parlamentaria comienzan a calar en nuestra vida p¨²blica, pero la medida parece tard¨ªa e insuficiente. El escenario apropiado de la intervenci¨®n ministerial es el Pleno del Congreso. Al comienzo de la primera legislatura, el PSOE provoc¨® un Pleno de la C¨¢mara baja para exigir explicaciones al Gobierno Su¨¢rez por los porrazos propinados por la Polic¨ªa Nacional a un diputado socialista c¨¢ntabro en una manifestaci¨®n. Tan exquisita preocupaci¨®n por la actuaci¨®n de las Fuerzas de Orden P¨²blico se vuelve sospechosa ahora, salvo que el propio Gobierno d¨¦ por buenas las explicaciones del director general de la Guardia Civil de que "no est¨¢ el horno para bollos".

En cualquier caso, cabe esperar que Barrionuevo -despu¨¦s del caso del grapo Mart¨ªn Luna y de los sucesos de Malasa?a- no se limite en esta ocasi¨®n a repetir ante los diputados las noticias de los peri¨®dicos, y anuncie las sanciones dictadas contra los responsables directos del suceso, que tardaron adem¨¢s varias horas en informar al gobernador civil de Toledo y descuidaron la obtenci¨®n de pruebas fiables (?d¨®nde est¨¢n las ruedas del autom¨®vil tiroteado?) que permitan castigar a los culpables de esta atrocidad y demuestren la veracidad de los asertos policiales. Pero m¨¢s importante a¨²n es la determinaci¨®n de las medidas que el Gobierno piensa adoptar para hacer imposible la repetici¨®n de sucesos como este. El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil no merece el puesto que tiene, y, sobre todo, los ciudadanos espa?oles no merecemos que lo siga teniendo. Queremos saber que se han revocado las ¨®rdenes que al parecer tiene la Benem¨¦rita de disparar sobre todo coche que no vea la mala luz de una linterna en una madrugada de invierno, y aspiramos a suponer que diez millones de votos dan poder suficiente a un Gobierno para reorganizar un cuerpo que tiene inevitablemente que ser reformado. Porque si no, ?en qu¨¦ consiste el cambio? .