Ledesma recuerda que el decreto-ley se ha utilizado repetidamente en legislaturas anteriores

En el debate que sigui¨® a la intervenci¨®n de Miguel Herrero en contra de la convalidaci¨®n del decreto ley, intervino Miguel Boyer, quien pronto dej¨® paso al adecuado interlocutor de Herrero, el jurista Fernando Ledesma, ministro de Justicia. Ledesma desarroll¨® ampliamente la fundamentaci¨®n jur¨ªdica y la constitucionalidad que, en opini¨®n del Gobierno, re¨²ne el decreto ley sobre expropiaci¨®n de Rumasa, y record¨®, entre otros argumentos, que se han aprobado hasta un total de 23 decretos leyes, que, de una forma u otra han afectado a derechos, deberes y libertades de contenido patrimonial recogidos en el T¨ªtulo Primero de la Constituci¨®n.Boyer critic¨® al diputado del Grupo Popular que hab¨ªa pronunciado una brillante lecci¨®n de Derecho, "mezcla de p¨®lvora gruesa y de org¨ªa jur¨ªdica formal". Asegur¨® que, en todo caso, no cre¨ªa que los funcionarios de la Direcci¨®n General de lo Contencioso, que hab¨ªan avalado con su dictamen la f¨®rmula del decreto ley, hubieran pretendido meter un gol al Gobierno. Record¨® que tales funcionarios proceden de la situaci¨®n anterior a la llegada al poder del PSOE y que han sido mantenidos en sus puestos.

El ministro de Econom¨ªa y Hacienda manifest¨® que el Gobierno no pod¨ªa esperar con tranquilidad a que se produjeran las situaciones concursales o de quiebra mencionadas por Herrero, porque deb¨ªa evitar la situaci¨®n de miles de personas en paro, as¨ª como las fugas de dep¨®sitos. Insisti¨® en su deseo de discutir el tema de fondo y no el estrictamente jur¨ªdico formal, aunque reconoci¨® que las formas son esenciales en la democracia, pero unidas a los contenidos.

Herrero replic¨® que lo que ¨¦l hab¨ªa propuesto es hacer bien lo que el Gobierno ha hecho mal, y concretamente utilizar el decreto ley sobre expropiaci¨®n forzosa de 1978 y la Ley de Enjuiciamiento Criminal si exist¨ªan conductas punibles. A?adi¨® que, por lo dem¨¢s, dif¨ªlcilmente se puede discutir el tema de fondo, cuando el propio Gobierno no conoce con exactitud la situaci¨®n econ¨®mica del grupo Rumasa.

Fundamentos jur¨ªdicos

El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, subi¨® a la tribuna de oradores para dar, seg¨²n dijo, "respuesta cumplida y completa" a las objeciones sobre la constitucionalidad del decreto ley, de la que el Gobierno est¨¢ convencido. En primer lugar, calific¨® de apresurada y err¨®nea la conclusi¨®n obtenida del art¨ªculo 86 de la Constituci¨®n de que impide el decreto ley sobre cualquier materia que afecte a los derechos, deberes y libertades regulados en el t¨ªtulo primero de la Constituci¨®n. Estim¨® esta interpretaci¨®n demasiado expansiva, porque, de no haber l¨ªmites, se llegar¨ªa al absurdo de que la facultad constitucional de dictar decretos leyes no servir¨ªa para nada, ya que, dijo, "no hay regulaci¨®n imaginable que, de una forma u otra, no afecte a los derechos y deberes de los ciudadanos".

Cit¨® como doctrina jur¨ªdica mayoritaria, mantenida entre otros por el profesor Garc¨ªa Enterr¨ªa, que los derechos, deberes y libertades p¨²blicas que s¨®lo se pueden regular por ley son los mencionados en el art¨ªculo 81, esto es, aquellos para los que se exige una ley org¨¢nica. Cit¨® tambi¨¦n al Tribunal Constitucional, seg¨²n el cual el decreto ley es un instrumento adecuado para situaciones cambiantes en caso de necesidad.

Ledesma comenz¨® a enumerar un total[ de 23 decretos leyes posteriores a la Constituci¨®n que han incidido en el derecho de propiedad, y en torno a los cuales no se han planteado problemas de constitucionalidad durante la anterior legislatura. A?adi¨® que, en todo caso, lo fundamental es que el decreto-ley a debate "no regula el derecho de propiedad, sino que opera una expropiaci¨®n". El ministro de Justicia enumer¨® los principios a los que debe ajustarse la expropiaci¨®n forzosa y sac¨® la conclusi¨®n de que el decreto ley los respeta todos.

Herrero ironiz¨® calificando de "amena" la intervenci¨®n de Ledesma, que dado su car¨¢cter t¨¦cnico fue un tanto tediosa, e insisti¨® en que todos los derechos y libertades del T¨ªtulo Primero de la Constituci¨®n son amparados por la reserva de ley, que los socialistas han violado, "hoy el derecho de propiedad, ma?ana el derecho a la informaci¨®n, y desde luego el d¨ªa 24 de febrero por la noche la intimidad domiciliaria". Ledesma record¨® en este punto que los domicilios supuestamente violados eran ya propiedad del Estado desde las 00.00 horas del d¨ªa 24.