Admitido el recurso de inconstitucionalidad y designados fiscales
El Tribunal Constitucional ha admitido a tr¨¢mite el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley de expropiaci¨®n de Rumasa, sin darle car¨¢cter previo, lo que no suspende su tramitaci¨®n, seg¨²n inform¨® ayer a la agencia Europa Press el Grupo Popular, promotor del mismo. Fernando Jim¨¦nez Lablanca y Rubio, fiscal electo de sala del Tribunal Supremo, y Juli¨¢n Hern¨¢ndez Guimarro, inspector fiscal, han sido designados fiscales especiales para el caso, por decisi¨®n del fiscal general del Estado, Luis Bur¨®n Barba.Previamente, el portavoz del Gobierno, Eduardo Sotillos, declar¨® por la ma?ana a Radio Nacional que el Gobierno hab¨ªa solicitado el nombramiento, porque "existen indicios de delitos de tipo econ¨®mico, mercantil y financiero" en la actuaci¨®n de Rumasa, seg¨²n Europa Press.
La nota de confirmaci¨®n, a cargo de la Fiscal¨ªa General, se?al¨® objetivos "el examen de antecedentes y estudio de los aspectos de significaci¨®n jur¨ªdico penal que puedan aparecer en la actuaci¨®n del holding Rumasa, recientemente expropiado, a fin de que una vez hecho el estudio preliminar informen a esta Fiscal¨ªa sobre dichos aspectos".
Seg¨²n Europa Press, que cita fuentes de la Administraci¨®n de Justicia, los nombramientos se justifican por la dimensi¨®n del asunto, y tendr¨¢ prioridad Jim¨¦nez Lablanca, quien intervino tambi¨¦n como fiscal en el caso Coca. La misma agencia inform¨® que la actuaci¨®n de los dos fiscales comenz¨® ayer por la ma?ana, y que no se descarta el nombramiento de un juez especial para el caso, competencia exclusiva del pleno del Consejo General del Poder Judicial.
Reacciones
Por otra parte, el diario Abc afirmaba ayer que el Consejo de Estado, reunido el d¨ªa anterior para estudiar el decreto-ley de expropiaci¨®n, no ha dado la raz¨®n al Gobierno, aunque tampoco se la ha negado con rotundidad, al ser la respuesta ambigua y tampoco mostrar claros inconvenientes a que el decreto-ley se tramite como decreto-ley despu¨¦s de haber sido convalidado por las Cortes. Seg¨²n el mismo peri¨®dico, que cita fuentes del Consejo de Estado, se ha tratado de involucrar a altas instituciones del Estado en un asunto pol¨ªtico ya realizado.
Mientras trascend¨ªa tambi¨¦n ayer que la expropiaci¨®n de Rumasa detuvo una posible intervenci¨®n estatal en la empresa de transporte ¨¢erteo Spantax, al parecer por simple demora de otras decisiones, el empresario vasco Luis Olarra declaraba que la expropiaci¨®n ha "puesto en guardia al pa¨ªs y los elementos de juicio utilizados podr¨ªan extenderse a otros casos". El presidente del C¨ªrculo de Empresarios, Santiago Foncillas, se?alaba que "es incalculable la gravedad de las consecuencias".
En el sector de seguros, la asamblea organizada por CC OO expres¨® su apoyo a las medidas del Gobierno y pidi¨® que las empresas expropiadas no vuelvan al sector privado, y la Direcci¨®n General de Seguros afirm¨® que las sociedades son m¨¢s solventes que antes, al estar respaldadas por el Estado.
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