"Para atajar irregularidades no bastan las leyes que hay", dice el delegado provincial del MOPU

"Para atajar las irregularidades detectadas en torno a la adjudicaci¨®n, ventas ilegales, pisos no ocupados, etc¨¦tera, de viviendas de protecci¨®n oficial, no basta con los mecanismos de que disponemos en los ¨¢mbitos civil y administrativo, y pensamos que ser¨ªa necesario crear un marco legal superior, pero la posible tipificaci¨®n penal de esas conductas no corresponde al MOPU", afirm¨® el s¨¢bado el actual delegado provincial de Obras P¨²blicas y Urbanismo de Madrid, Santiago de la Fuente. Sin nombrarlo, es demasiado pronto para ello, el delegado se refer¨ªa a la idea b¨¢sica de que un instrumento fundamental para erradicar el problema es tipificar la venta ilegal de pisos y otras pr¨¢cticas irregulares como delitos sociales, incluidos en el C¨®digo Penal. El tema est¨¢ siendo tratado en el Instituto de Promoci¨®n P¨²blica de la Vivienda y otros orga nismos ministeriales.De la Fuente tom¨® posesi¨®n del cargo el 16 de diciembre de 1982. En este tiempo, seg¨²n de ciar¨®, se han puesto en marcha varios mecanismos de control que, aunque parciales, est¨¢n dando resultados. "Antes de adjudicar nuevas viviendas se solicita a la Delegaci¨®n de Hacienda y al Colegio de Registradores que nos informen si el beneficiario tiene ya alguna otra" dice el delegado, "y creemos que esta investigaci¨®n ser¨¢ eficaz, al margen de que las adjudicaciones se hacen ahora exigiendo el cumplimiento de una serie de requisitos muy rigurosos. Aunque ¨¦stas son actuaciones parciales", afirm¨® De la Fuente, "son necesarias en tanto no llevemos a cabo un censo global y unificado de todas las viviendas construidas por la Administraci¨®n, juntamente con sus beneficiarios. Entonces podremos comprobar si ha habido casos, y cu¨¢ntos son, de adjudicaciones irregulares".. La Delegaci¨®n tiene previsto realizar una especie de lista negra de personas que, por sus irregularidades comprobadas, quedar¨¢n excluidas de la posibilidad de acceder a una vivienda oficial.

Aunque de escasa entidad, la Delegaci¨®n tiene medios con que ejercitar el control del parque de viviendas. Los pisos que permanezcan vac¨ªos por espacio de un mes despu¨¦s de su entrega, a no ser que dispongan de una justificaci¨®n convincente, pueden revertir de nuevo al Ministerio para ser adjudicadas de nuevo. El delegado insisti¨® en que la colaboraci¨®n de las asociaciones de vecinos y dem¨¢s entidades ciudadar¨ªas ser¨¢ esencial para el cumplimiento de estos objetivos.

En los casos de venta ilegal de pisos, la Delegaci¨®n seguir¨¢ dos l¨ªneas de actuaci¨®n. Contra el vendedor, si se le localiza, la apertura de un expediente sancionador, que puede llegar a imponer multas por importe m¨¢ximo de un mill¨®n de pesetas, adem¨¢s de obligarle a la devoluci¨®n de la cantidad cobrada que exceda al valor de la vivienda. Respecto al comprador, las actuaciones se amoldar¨¢n a su condici¨®n personal. Si la adquisici¨®n se ha realizado con fines especulativos, la Delegaci¨®n recuperar¨¢ la propiedad. Si la familia en cuesti¨®n, al margen de la v¨ªa de acceso, tiene necesidad de una vivienda digna, se optar¨¢ por legalizar la situaci¨®n. "Por encima de las exigencias burocr¨¢ticas", afirm¨® De la Fuente, "tendremos en cuenta las necesidades reales de la poblaci¨®n".