Garc¨ªa Pablos propone un acuerdo del s¨ªndrome t¨®xico entre el Gobierno y los afectados

Una propuesta de negociaci¨®n de un pacto nacional del s¨ªndrome t¨®xico entre el Gobierno y representantes legitimados de los afectados para resolver los problemas sanitarios, laborales, de reinserci¨®n social y prestaciones econ¨®micas derivados del envenenamiento, que, en forma de ley, deber¨ªa contar con el respaldo del Parlamento, fue sometida ayer a la consideraci¨®n de la comisi¨®n especial del Senado por Antonio Garc¨ªa Pablos y Carlos S¨¢nchez, presidentes de la Asociaci¨®n de Consumidores y Usuarios de Espa?a (ACUDE) y Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios (OCU), respectivamente, que act¨²an como acusadoras particulares de 8.000 afectados.

En su comparecencia ante la comisi¨®n de encuesta del s¨ªndrome t¨®xico del Senado, Garc¨ªa de Pablos indic¨® que las atenciones de tipo sanitario, laboral, social y econ¨®mico que la Administraci¨®n est¨¢ obligada a prestar a los envenenados "no puede depender de una circular movible, ni de un decreto u orden ministerial revocable, sino de un derecho reconocido por ley, con rango de org¨¢nica si fuera necesario, capaz de modificar en lo necesario otras normas que regulan, hoy por hoy, de forma limitativa estos derechos derivados de una circunstancia at¨ªpica".Dicha ley, en opini¨®n del presidente de ACUDE, debe surgir de un acuerdo al que deben llegar el Gobierno y una representaci¨®n de los afectados, reducida pero legitimada (mediante poder notarial) y con poder bastante para negociar. Ese pacto, seg¨²n la iniciativa expuesta al Senado para que la incluya en su informe definitivo, y de la que Garc¨ªa de Pablos ha dado cuenta ya al ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, incluir¨ªa normas para solventar los problemas de atenci¨®n sanitaria, laboral, de reinserci¨®n social y prestaciones econ¨®micas que las medidas del Plan Nacional del S¨ªndrome T¨®xico no han logrado solventar.

"Se dar¨ªa as¨ª", coincidieron Garc¨ªa de Pablos y Carlos S¨¢nchez, "seguridad a los afectados mientras dure su enfermedad, concluyendo con su incertidumbre. Ese acuerdo no puede ser una concesi¨®n ben¨¦vola del Gobierno, sino que debe extinguir definitivamente la responsabilidad civil de la Administraci¨®n.

Este acuerdo, precisaron ambos, est¨¢ al margen del proceso judicial en marcha. "Las decisiones que debe adoptar la Administracion de justicia", afirm¨® Garc¨ªa de Pablos, "ser¨¢n menos tensas si los temas sanitarios, laborales y econ¨®micos han sido definitivamente resueltos". "A m¨ª me horroriza pensar", declar¨® luego a los informadores, "que pueda haber una sentencia absolutor¨ªa y los afectados se queden sin derecho a nada; por ello se precisa la ley".

Este comentario del presidente de ACUDE estaba relacionado con su afirmaci¨®n ante el Senado de que declaraciones no desmentidas oficialmente sobre la posible existencia de otros agentes causa les del envenenamiento distintos del aceite t¨®xico podr¨ªan llevar al juez a decidir que, si no existe esa seguridad, no puede condenar a los implicados que est¨¢n encarcelados. Garc¨ªa de Pablos y S¨¢nchez se pronunciaron contra la excarcelaci¨®n de los mismos tras la nueva regulaci¨®n de los per¨ªodos de prisi¨®n preventiva, "porque llevan veinte meses y quedar¨ªan en libertad condicional y podr¨ªa pasar como con los cuatro que se han fugado al extranjero. Su delito precisa un tratamiento at¨ªpico".