Vecinos de La Palma impiden la ejecuci¨®n de una sentencia del Supremo sobre un manantial

Alrededor de mil agricultores han impedido en los ¨²ltimos d¨ªas en el municipio de San Andr¨¦s y Sauces, en la isla de La Palma, la ejecuci¨®n de una sentencia del Tribunal Supremo, por la que un grupo de once propietarios de tierras podr¨¢ regar las mismas, cada ocho d¨ªas, en base a un privilegio de siglos. Tres personas, una de ellas de 81 a?os de edad, permanecieron hasta ayer en prisi¨®n a causa de este conflicto. Desde hace tres semanas, centenares de agricultores acuden cada ocho d¨ªas a la torna para impedir que la Guardia Civil ejecute la sentencia.El PSOE en la isla es partidario de la intervenci¨®n del Estado en este problema con criterios de utilidad social, y ha anunciado, mediante un comunicado, que pedir¨¢ a la Administraci¨®n que "sean expropiados los propietarios privilegiados de la facultad de regar en per¨ªodos de tiempo m¨¢s cortos que el resto de los agricultores". Para los socialistas, la existencia de dichos privilegios de riegos es social y moralmente injusta", seg¨²n ha se?alado el diputado Francisco Castro Feliciano, secretario general del PSOE en La Palma.

Las aguas utilizadas para el riego de las explotaciones agrarias son de car¨¢cter p¨²blico y corresponden a un manantial, del que se beneficia este pueblo desde el siglo XVI. M¨¢s de trescientas hect¨¢reas, que en la actualidad son dedicadas, en su mayor parte, a plantaciones de pl¨¢tanos, vieron mermado su riego hace diez a?os, al disminuir el caudal, y sus propietarios, m¨¢s de un millar, s¨®lo pod¨ªan hacer uso del agua cada treinta d¨ªas. Las fincas del Convento, La Pileta y Las Ca?as, que ocupan una extensi¨®n de algo menos de nueve hect¨¢reas, han gozado hist¨®ricamente de un privilegio, considerado injusto por el pueblo, gracias al cual han sido regadas con una frecuencia mayor. A pesar de que una real orden de 1928 determinaba que el agua se repartiera equitativamente entre todos los terrenos, los llamados propietarios privilegiados han hecho valer siempre un viejo derecho a disponer cada ocho d¨ªas de las aguas.

El conflicto estall¨® en 1976, cuando la escasez de agua oblig¨® a los vecinos de San Andr¨¦s y Sauces a cortar el suministro de la misma a las tres fincas citadas, en beneficio del resto de las tierras. Los afectados denunciaron el caso y el Tribunal Supremo ha emitido ahora una sentencia favorable a sus pretensiones.

Tres personas, acusadas de obstaculizar la acci¨®n judicial, estuvieron en prisi¨®n hasta ayer. Se trata de Jos¨¦ Miguel Batista, dirigente del PSOE y candidato en las pr¨®ximas elecciones al cabildo de la isla, y de dos agricultores, Antonio Rodr¨ªguez Rodr¨ªguez y Antonio Hern¨¢ndez P¨¦rez, este ¨²ltimo de 81 a?os de edad.