El gobernador Civil confirma que la cobertura legal para el rastreo de amplias zonas de Madrid es la ley Antiterrorista

El gobernador civil de Madrid, Jos¨¦ Mar¨ªa Rodr¨ªguez Colorado, se declar¨® ayer m¨¢ximo responsable de la operaci¨®n policial realizada en la zona norte de Madrid, y precis¨® que la cobertura legal de la misma ha sido el art¨ªculo cuarto de la ley Antiterrorista y la posibilidad de haber contado, en caso necesario, con ¨®rdenes judiciales de registros domiciliarios, si bien ¨¦stas "no fueron necesarias porque nadie se opuso a los registros". Durante la jornada de ayer se intensific¨® la operaci¨®n policial iniciada el d¨ªa anterior, al ampliarse la zona investigada por las fuerzas de seguridad y hacerse m¨¢s rigurosos los controles.Los dos apartados del citado art¨ªculo de la ley Antiterrorista dicen textualmente:

"Uno. Los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado podr¨¢n proceder, sin necesidad de autorizaci¨®n o mandato judicial previo, a la inmediata detenci¨®n de los presuntos responsables de las acciones a que se refiere el art¨ªculo primero (delitos contra la vida, detenciones ilegales bajo rescate, tenencia de armas, amenazas y extorsiones ... ), cualquiera que fuese el lugar o domicilio donde se ocultasen o refugiasen, as¨ª como el registro de los efectos o instrumentos que en ellos se hallaren y que pudiesen guardar relaci¨®n con los delitos de que se les acusase".

"Dos. El ministro del Interior, o, en su defecto, el director de la Seguridad del Estado, comunicar¨¢ inmediatamente al juez competente el registro efectuado, las causas que lo motivaron y los resultados obtenidos del mismo, con especial referencia a las detenciones que, en su caso, se hubiesen practicado".

Seg¨²n dos expertos juristas, que prefirieron omitir sus nombres, la cobertura legal de la ley Antiterrorista s¨®lo puede emplearse, como se?ala la propia ley, con "personas presuntamente integradas o relacionadas bien con elementos terroristas, bien con bandas armadas". Estos expertos han hecho hincapi¨¦, adem¨¢s, en que los registros domiciliarios sin mandamiento judicial previstos en esta ley pueden realizarse cuando de los mismos se espera "la inmediata detenci¨®n" de presuntos delincuentes, "pero no cuando simplemente se trata de investigar o buscar pistas, y menos cuando la medida puede afectar a una gran masa de ciudadanos".

Rodr¨ªguez Colorado manifest¨® que las fuerzas de seguridad no encontraron ninguna oposici¨®n para realizar los 135 registros domiciliarios que se efectuaron en el barrio del Pilar. "S¨®lo en dos o tres ocasiones", a?adi¨®, "los inquilinos pidieron explicaciones y, tras mostrarles fotocopia de la ley Antiterrorista, accedieron al registro, sin necesidad de recurrir a la orden judicial". El gobernador agreg¨® que "el juez de guardia estuvo localizado en todo momento, por si era necesario contar con ¨®rdenes judiciales de registro".

Respecto al apartado dos del citado art¨ªculo, tanto el magistrado juez decano de Madrid, Salvador Pom¨ªnguez, como fuentes de la Audiencia Nacional comentaron con extra?eza a este peri¨®dico, a media tarde de ayer, que, las autoridades gubernativas no hab¨ªan comunicado todav¨ªa los registros que se hab¨ªan efectuado. El gobernador civil se?al¨® que no est¨¢ previsto que se realice esta comunicaci¨®n, ya que los 135 registros se realizaron con el consentimiento de los propietarios. Record¨® en este sentido el art¨ªculo 18, apartado 2, de la Constituci¨®n, que dice textualmente: "El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podr¨¢ hacerse en ¨¦l sin consentimiento del titular o resoluci¨®n judicial, salvo en caso de flagrante delito". Considera, por tanto, el gobernador civil que se respet¨® la Constituci¨®n, ya que se obr¨® "con el consentimiento de los titulares de las viviendas registradas".

Las fuentes judiciales a?adieron que en ning¨²n caso se hab¨ªan solicitado ¨®rdenes de registros domiciliarios y que ning¨²n ciudadano hab¨ªa presentado "denuncia alguna por presuntas violaciones de derechos fundamentales, por lo que los jueces a¨²n no han intervenido para nada en relaci¨®n con los hechos". Consultado el propio Consejo General del Poder Judicial respecto a las circunstancias de esta operaci¨®n policial, fuentes autorizadas del mismo declinaron todo comentario.

Llamadas de ciudadanos

Entre las reacciones registradas ayer con motivo de la operaci¨®n policial, en la Redacci¨®n de EL PAIS se recibieron varias llamadas de ciudadanos. Algunos expresaron sus protestas por las informaciones recogidas el d¨ªa anterior en este peri¨®dico, en las que se pon¨ªa en duda la legalidad de la operaci¨®n policial. Otros solicitaron que se informara a los ciudadanos sobre los caminos legales a emplear para evitar que pueda aplicarse la legislaci¨®n antiterrorista a cualquier persona.

Por su parte, el catedr¨¢tico de Derecho Constitucional y ex ministro Manuel Jim¨¦nez de Parga declar¨® a Europa Press que "el Gobierno se ha comportado, una vez m¨¢s, con escaso respeto a las normas jur¨ªdicas del Estado de derecho". En cuanto a la posible existencia de mandamientos judiciales preparados con antelaci¨®n, para, seg¨²n dijo un mando policial, aplicarlos a las personas que se opusieran a los registros, Jim¨¦nez de Parga se?al¨®: "Esto no es gobernar, sino simplemente mandar, que es cosa distinta".

El gobernador a?adi¨® que, "aunque en Espa?a es la primera vez que se realiza una operaci¨®n de este tipo, en la Europa democr¨¢tica es una pr¨¢ctica habitual y nadie se rasga las vestiduras".