Requerido el ministerio fiscal para que defienda a los Ruiz-Mateos en la fijaci¨®n de justiprecio por Rumasa

Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos y sus cinco hermanos, propietarios del 100% de las acciones del holding Rumasa hasta la expropiaci¨®n por el Gobierno, no comparecieron ni enviaron representante alguno ayer a la asamblea general de la entidad, que hab¨ªan tratado de impedir al considerarla ilegal. La reuni¨®n fue convocada por los nuevos administradores para designar el ¨®rgano encargado de pedir la indemnizaci¨®n o justiprecio y representar a la propiedad en otras acciones judiciales. De acuerdo con el decreto-ley expropiatorio, por la ausencia de los accionistas ha sido requerido el ministerio fiscal (representaci¨®n p¨²blica), con el fin de que les represente en el procedimiento de expropiaci¨®n y proponga justiprecio antes de seis meses.

La asamblea general de la cabecera del grupo, que se desarroll¨® exactamente como hab¨ªan preparado el d¨ªa antes por la tarde los administradores (v¨¦ase EL PAIS de ayer), era considerada muy importante por ambas partes: representaci¨®n del Estado y de los Ruiz-Mateos. Tambi¨¦n han empezado a formarse, mediante sesiones similares organizadas en diversas capitales espa?olas, las respectivas comunidades de accionistas de los dos centenares y medio de empresas incluidas en la lista del citado decreto-ley.Juan Barrio, uno de los nuevos administradores del holding, declar¨® a este peri¨®dico que en media docena de empresas donde Rumasa o los Ruiz-Mateos no ten¨ªan toda la propiedad y ya se han reunido las asambleas, la presencia de representantes del capital ha sido abundante. A?adi¨® que, curiosamente, en algunos casos los accionistas han delegado en la nueva administraci¨®n la solicitud de indemnizaci¨®n.

A la asamblea de la cabecera Rumasa asistieron cuatro representantes del Estado, un notario y 35 periodistas, a quienes fue facilitado el acceso por decisi¨®n del ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Miguel Boyer. Se celebr¨® en el aula de cultura de la sede central del grupo, y empez¨® a las 12,20 de ayer, bajo la presidencia del administrador solidario, Jaime Isac. Bajo las gradas de butacas, cuya primera fila permaneci¨® vac¨ªa, en el escenario del aula tomaron tambi¨¦n asiento, en torno a una mesa circular con ocho plazas, Ricardo Goytre, responsable de las divisiones no financieras; Ricardo Boluffer, administrador general; el notario Roberto Blanquer; el igualmente administrador Juan Barrio y el asesor jur¨ªdico Jos¨¦ Luis Mu?oz,

Una vez que declar¨® constituida la mesa de los administradores solidarios, como paso previo a la formaci¨®n de la comunidad de interesados en Rumasa, SA, el presidente requiri¨® formalmente al notario para que diera fe de ello y de la "incomparecencia, de momento", de los accionistas o de sus representantes legales (Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Mateos, con un 50% del capital, y sus cinco hermanos con el 10% restante cada uno). "Tras un plazo prudencial de 15 minutos, si contin¨²a la incomparecencia", dijo Isac, "se dar¨¢ por levantada la sesi¨®n".

Tras un cuarto de hora en que los sentados en torno a la mesa comentaron en voz baja diversas incidencias particulares, Isac tom¨® otra vez la palabra para declarar cerrado el acto, "requiriendo al notario para que del acto y acta traslade copia al ministerio fiscal, a efectos del art¨ªculo 42, p¨¢rrafo segundo", del decreto-ley de expropiaci¨®n.

El presidente manifest¨® despu¨¦s a los periodistas que, en virtud de dicho art¨ªculo, las asambleas de las respectivas comunidades de accionistas han de designar un ¨®rgano de representaci¨®n de cara a presentar propuesta de justiprecio. En caso de incomparecencia, como el ocurrido, la constituci¨®n del ¨®rgano es autom¨¢tica y se seguir¨¢n diligencias ante el ministerio fiscal. Este, como los ¨®rganos de accionistas que puedan formarse en cada empresa, debe presentar en un plazo m¨¢ximo de seis meses la hoja de aprecio.

Isac precis¨® que el ministerio fiscal podr¨¢ pedir para ello "los datos contables de valoraci¨®n que requiera, y que le facilitaremos los administradores". Los representantes del Estado, si no est¨¢n conformes con dicha hoja, disponen de un plazo m¨¢ximo de otros seis meses para formular la suya. En caso de discrepancia, el justiprecio deber¨¢ ser fijado por el juzgado de expropiaci¨®n de Madrid, cuyo fallo es recurrible en ¨²ltima instancia ante el Tribunal Supremo.