La ley del derecho de reuni¨®n obtuvo en el Congreso el consenso de todos los grupos

El Pleno del Congreso de los Diputados aprob¨® ayer el proyecto de ley org¨¢nica que regula el derecho de reuni¨®n. Salvo algunas discrepancias en puntos concretos, el proyecto de ley mereci¨® los elogios de los distintos grupos parlamentarios, tanto de la izquierda como de la derecha. El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, se congratul¨® de que la futura ley sea compartida por la gran mayor¨ªa de la C¨¢mara. En la votaci¨®n final de conjunto, dado su car¨¢cter de ley org¨¢nica, lo hicieron favorablemente 188 diputados, ninguno en contra y 83 (Grupo Popular) se abstuvieron. En la explicaci¨®n de voto, Ruiz Gallard¨®n se?al¨® que el Grupo Popular se hab¨ªa abstenido por la muralla que significan los votos socialistas frente a las enmiendas de su grupo.Tanto el diputado de Euskadiko Ezkerra, Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s y el comunista Fernando P¨¦rez Royo, ambos del Grupo Mixto, como el portavoz del Grupo Popular, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Gallard¨®n, estimaron aceptable en l¨ªneas generales la regulaci¨®n del derecho constitucional de reuni¨®n. El ministro de Justicia dijo que junto al desarrollo de los derechos constitucionales, a trav¨¦s de la aplicaci¨®n que realiza el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, es conveniente no demorar el desarrollo legislativo de los mismos.

Por lo que se refiere al proyecto de ley que presentaba ante la C¨¢mara, Fernando Ledesma asegur¨® que significa la respuesta adecuada a una sociedad democr¨¢tica avanzada como la que establece el pre¨¢mbulo de la Constituci¨®n. Destac¨®, entre los aspectos m¨¢s importantes de la nueva ley, que el derecho de reuni¨®n no se configura como un peligro para la paz social, sino como un derecho y un cauce de participaci¨®n pol¨ªtica, cuyo ejercicio la autoridad gubernativa tiene la obligaci¨®n de proteger frente a quienes traten de perturbarlo.

El debate de ayer reprodujo la discusi¨®n suscitada en la Comisi¨®n de Justicia e Interior por este proyecto de ley. Las enmiendas mantenidas fueron, en su gran mayor¨ªa, rechazadas, y entre las escasas modificaciones admitidas por el pleno, figura la de introducir la posibilidad de que el plazo normal de diez d¨ªas naturales como m¨ªnimo y 30 como m¨¢ximo para comunicar a la autoridad gubernativa la celebraci¨®n de manifestaciones, se reduzca a 24 horas en casos muy especiales. Con ello, el PSOE trat¨® de dar satisfacci¨®n en especial a los planteamientos defendidos en nombre del Partido Nacionalista Vasco por Marcos Vizcaya, quien insisti¨® en que el plazo ordinario no puede cumplirse siempre, especialmente en situaciones en que la respuesta popular exige gran inmediatez.

Gran parte de los textos sometidos a debate fueron aprobados con los votos de casi todo el hemiciclo. La defensa de enmiendas fue especialmente abundante por parte del comunista P¨¦rez Royo, Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s (EE) y Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Gallard¨®n, por el Grupo Popular.

Bandr¨¦s insisti¨® en que la limitaci¨®n para la asistencia de militares de uniforme a las manifestaciones p¨²blicas se limitara a los militares profesionales, ya que a los soldados que cumplen el servicio militar obligatorio les est¨¢ vedada a veces vestir una ropa diferente al uniforme militar, por lo que quedar¨ªan cercenados sus derechos ciudadanos de no permit¨ªrsele la asistencia a tales manifestaciones. El socialista Pere Jover record¨® que no se trataba de una prohibici¨®n, sino de que la presencia de militares uniformados en las reuniones o manifestaciones p¨²blicas se rige por una legislaci¨®n espec¨ªfica. La enmienda fue rechazada.

Da?os a terceros

Se aprob¨® un texto de acuerdo con el cual las personas naturales o jur¨ªdicas que figuren como organizadores o promotores de reuniones o manifestaciones "s¨®lo responder¨¢n civilmente de los da?os que los participantes causen a terceros cuando hayan omitido la diligencia razonablemente exigible para prevenir el da?o causado". Ruiz Gallard¨®n pidi¨® que el resarcimiento de tales da?os se hiciera, en todo caso, a cargo de los organizadores o promotores si no demostraban que hab¨ªan puesto la diligencia razonable. El socialista Jover se opuso a esta pretensi¨®n que, en definitiva, trataba de invertir la carga de la prueba. Jover se?al¨® que el organizador o promotor no es quien tiene que probar que puso diligencia, sino que tal prueba corresponde a quienes aseguren que la omiti¨®. La enmienda del Grupo Popular fue rechazada.

El delegado gubernativo

Marcos Vizcaya, por el PNV, enmend¨® el art¨ªculo en el que se establece la posibilidad de que los organizadores y promotores de reuniones soliciten la presencia de delegados de la autoridad gubernativa. Vizcaya record¨® que en el proyecto de ley se establece que tales delegados no intervendr¨¢n en las discusiones o debates ni har¨¢n uso de la palabra para advertir o corregir a los participantes, pero no se se?alaba cu¨¢l ser¨ªa su papel en la reuni¨®n.

Ruiz Gallard¨®n propuso que se dijera que dicha presencia de la autoridad gubernativa ser¨ªa a los efectos de proteger la reuni¨®n frente a quienes trataran de impedirla o perturbarla. El socialista Pere Jover se neg¨® a esta enmienda y asegur¨® que, aunque es cierta esta misi¨®n de los delegados gubernativos, no est¨¢n s¨®lo para eso, sino tambi¨¦n para otras cosas. Aunque no lo dijo, la referencia que el proyecto de ley hace a la ley de Enjuiciamiento Criminal indica que los delegados gubernativos podr¨¢n denunciar hechos supuestamente delictivos que ocurran durante las reuniones a las que asistan. En todo caso, la presencia de dichos delegados s¨®lo se producir¨¢ a solicitud de los organizadores y promotores de reuniones.