La comisi¨®n del Congreso excluye de la expropiaci¨®n a cuatro empresas de Rumasa

Los temas de la declaraci¨®n de expropiaci¨®n forzosa, su causa y su ¨¢mbito objetivo y la fijaci¨®n del justiprecio, consumieron ayer la mayor parte de los debates de la Comisi¨®n de Econom¨ªa y Hacienda del Congreso de los Diputados, que dictamin¨® el proyecto de ley de expropiaci¨®n de los bancos y otras sociedades de Rumasa, en una sesi¨®n "pesada, fastidiosa y con muchas intervenciones destinadas s¨®lo al libro de sesiones", en opini¨®n del centrista Luis Ortiz. Entre los escasos p¨¢rrafos que fueron aprobados por unanimidad, figur¨® una enmienda socialista que la oposici¨®n mayoritaria iba a votar en contra. El presidente de la comisi¨®n advirti¨®: "Por si les interesa a los diputados del Grupo Popular, esta enmienda excluye a cuatro empresas de la lista expropiada". El proyecto de ley dictaminado ayer, tramitado por el procedimiento de urgencia sobre la base del real decreto-ley 2/1983, deber¨¢ ser aprobado por el Pleno del Congreso.En el dictamen ha prevalecido el informe de la ponencia, aunque se ha introducido una enmienda transaccional, presentada por el grupo socialista, al p¨¢rrafo tercero del apartado cuarto del art¨ªculo 52, referido a la fase de justiprecio. La enmienda aprobada dice que "cuando haya sociedades cuyas acciones o participaciones, en todo o en parte, sean propiedad de otras sociedades incluidas en el anexo de la presente ley, el justiprecio de las acciones o participaciones de ¨¦stas se determinar¨¢ de conformidad con el neto patrimonial que resulte de un balance realizado con t¨¦cnicas de consolidaci¨®n, que no podr¨¢n ser perjudicadas por la existencia de sociedades interpuestas".

Sobre este art¨ªculo 5?, el Grupo Popular argument¨®, en la defensa de sus enmiendas, que en la fase de fijaci¨®n del justiprecio se utilizan criterios restrictivos, y propuso como criterios de valoraci¨®n los que fija la Ley de Expropiaci¨®n Forzosa y la actualizaci¨®n monetaria del valor, seg¨²n inform¨® Efe. El portavoz del grupo socialista defendi¨® el principio de unidad econ¨®mica del grupo Rumasa y se?al¨® que debe ser valorado con estos criterios. "Para la fijaci¨®n del justiprecio", dijo, "hay que juzgar el valor real de las sociedades, al que se llega a trav¨¦s del balance de situaci¨®n".

En cuanto al art¨ªculo 1?, sobre la declaraci¨®n de la expropiaci¨®n forzosa, su causa y su ¨¢mbito objetivo, el centrista Bravo de Laguna defendi¨® una enmienda en la que propon¨ªa la supresi¨®n del mecanismo expropiatorio por la figura de la intervenci¨®n por dos razones: su inconstitucionalidad y la gravedad econ¨®mica de la medida adoptada. "La expropiaci¨®n forzosa", dijo, "es la m¨¢s cara para el erario p¨²blico".

El portavoz del grupo popular defendi¨® en otra enmienda la intervenci¨®n por causas de inter¨¦s general, y afirm¨® que "en esta expropiaci¨®n lo que hay es m¨¢s una 'expropiaci¨®n-sanci¨®n', con efectos retroactivos y sancionadores, que bordean el propio C¨®digo Penal".

Las cuatro sociedades excluidas de la expropiaci¨®n son: Naviera del Nal¨®n,SA; Ubeda y C¨ªa., SA; Sociedad de Inversi¨®n Inmobiliaria y Bolsa del Noroeste, SA, y Onara, SA.