El 27% de las quejas tramitadas por el Defensor del Pueblo son temas sanitarios
La propuesta de nombramiento de adjuntos al Defensor deL Pueblo, realizada por el titular de la instituci¨®n, Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez, a la Comisi¨®n conjunta del Congreso y del Senado, fue aprobada ayer por 41 votos favorables, uno en contra y una abstenci¨®n. Dichos adjuntos ser¨¢n Alvaro Gil Robles y Margarita Retuerto, por este orden. Ruiz-Gim¨¦nez inform¨® a los parlamentarios que el 27%. de las quejas tramitadas se refieren a deficiencias de la Seguridad Social y la administraci¨®n sanitaria y el 17,4% a fallos de la Justicia.Tras la elecci¨®n de los dos adjuntos, de quienes el Defensor deL Pueblo hizo su elogio personal y profesional, Joaqu¨ªn Ruiz-Gim¨¦nez explic¨® que, a pesar de las dificultades y carencia tanto instrumentales como econ¨®micas ("hemos navegado al mismo tiempo. que constru¨ªamos la nave", dijo expresivamente), los cien primeros d¨ªas arrojaban como resultado un reglamento definitivamente aprobado, un total de 3.000 quejas admitidas -sobre el total de casi 10.000 recibidas- y el contacto con muchos "sufrimientos humanos", algunos de los cuales se ha logrado solucionar.
Respecto a las 3.000 quejas admitidas, el 27% se refieren a la Seguridad Social y la Sanidad, en concreto al mal funcionamiento del INSALUD, y tambi¨¦n a la deficiente asistencia psiqui¨¢trica por parte de la Seguridad Social, as¨ª como al traslado de quejas de personal sanitario.
En la lista de prioridades sigue la administraci¨®n de Justicia, con el 17,4% de las quejas, especialmente por la lentitud de los procesos y la prolongada situaci¨®n de la prisi¨®n provisional, en algunos casos durante m¨¢s de tres y de cuatro a?os.
El 12% de las quejas se refieren a temas de competencia de los departamentos de Defensa e Interior, tales como objeci¨®n de conciencia y libertad religiosa de los soldados, y en muy pocos casos -uno de ellos procedente de un estudiante de la Universidad de Barcelona- sobre malos tratos o torturas. El 10,4% de las quejas se refieren a agricultura y transportes; el 9% a administraciones locales; el 7% a educaci¨®n; el 6% a urbanismo y vivienda -Ruiz-Gim¨¦nez destac¨®, como especialmente acuciante la procedente de algunos habitantes de Palomeras-, y con menores proporciones las que competen a otros departamentos.
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