El caso Almir¨®n y la libertad de expresi¨®n

Cinco D¨ªasMa?ana saldr¨¢ nuevamente a la calle Cambio 16, y no se espera que Almir¨®n, dimitido guardaespaldas de Fraga, pida por tercera vez. consecutiva el secuestro del semanario. Los dos secuestros anteriores han perjudicado a Fraga enormemente, ya que fueron solicitados con cobertura jur¨ªdica de Alianza Popular y en aplicaci¨®n de una ley de Prensa elaborada por Fraga durante el franquismo. No es, pues, extra?o que ahora el l¨ªder aliancista y las altas jerarqu¨ªas de AP se distancien de este esc¨¢ndalo, tras dos semanas y media de contradicciones y silencios. Pero el ex polic¨ªa argentino, al que se viene acusando de graves delitos cometidos en su pa¨ªs de origen desde que fuera detectado en Espa?a por el desaparecido semanario Cuadernos para el Di¨¢logo, proyecta su sombra alargada m¨¢s all¨¢ de su propia peripecia. El esc¨¢ndalo Almir¨¢n se proyecta sobre las elecciones municipales.Y ha salido ganando de este doble secuestro, parad¨®jicamente, la libertad de expresi¨®n. Excepto en alguna provincia, en la que las autoridades judiciales han actuado con el m¨¢ximo celo, Cambio 16 ha podido leerse en toda Espa?a. La complicidad de los quiosqueros se ve¨ªa favorecida por un ambiente social nada propicio a la intolerancia. Y, al mismo tiempo, maduraba en el Gobierno la idea de derogar urgentemente la ley Fraga, por la que a¨²n son posibles, y hasta probables, los secuestros. En algunos medios de comunicaci¨®n se ha criticado estas dos ¨²ltimas semanas, con la proverbial suavidad que viene utiliz¨¢ndose al hablar de la magistratura, al se?or Jim¨¦nez Alfaro, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 21 de Madrid, quien decidi¨® la procedencia de los secuestros. Se ha dicho que el citado juez no tiene un perfil pol¨ªtico especialmente democr¨¢tico, lo que puede ser cierto, aunque debiera ser irrelevante.

Lo importante no es el talante de la judicatura, sino la munici¨®n legal que facilita a los jueces el poder legislativo. La ley Fraga, con espoleta retardada, es un arma peligrosa en una instancia poco adecuada a los tiempos, y por eso el Gobierno ha decidido derogarla. S¨®lo es necesario, antes, que el C¨®digo Penal regule con garant¨ªas suficientes la defensa ante la ofensa y la protecci¨®n de la dignidad personal. Y luego, izas!, ning¨²n Almir¨¢n podr¨¢ ahogar la voz de sus acusadores en la Prensa. Aunque luego la Prensa tenga que responder de su conducta ante los tribunales. Estamos, pues, en v¨ªsperas de gritar: "?La ley Fraga ha muerto! ?Viva la libertad!". Y todo, gracias al guardaespaldas Almir¨®n.

, 21 de abril