De Coria al Coto de Bornos

UNOS VECINOS del Coto de Bornos, alcald¨ªa ped¨¢nea dependiente de Arcos de la Frontera, tuvieron el pasado s¨¢bado por la noche la ocurrencia de acoplar al repetidor de televisi¨®n una casete de v¨ªdeo, escandalizando a los habitantes de ese pueblo gaditano y del municipio cercano de Villamart¨ªn con la sustituci¨®n del programa de la segunda cadena por una pel¨ªcula porno. A los celadores de las buenas costumbres les corresponde amonestar a los autores de esa broma -situada en los ant¨ªpodas de los pudibundos criterios de programaci¨®n aplicados, hace escasas semanas, por la emisora a legal de Coria- y plantearse tambi¨¦n la inquietante cuesti¨®n de los conflictos que pudieran surgir entre la defensa de la televisi¨®n privada, el ¨²ltimo grito de la moda en la derecha espa?ola, y la libertad de antena, cuya ¨²nica frontera ser¨ªan el C¨®digo Penal y el respeto a los derechos y libertades reconocidos en la Constituci¨®n, en especial "el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protecci¨®n de la juventud y de la infancia". Tal vez, la emisi¨®n sin previo aviso de una pel¨ªcula porno para un auditorio local podr¨ªa ser perseguida en funci¨®n de esas salvaguardias. Sin embargo, existe un ampl¨ªsimo campo que la furia de los inquisidores suelen condenar como demoniaco (recordemos el caso de Padre padrone), pero que la mayor¨ªa de los ciudadanos juzgan de manera positiva o al menos moralmente neutral.La rigidez y cerraz¨®n de buena parte del PSOE en lo que respecta a la televisi¨®n privada ha regalado, por as¨ª decirlo, la buena causa de la ruptura del monopolio esta tal de Prado del Rey a quienes tendr¨ªan serias dificultades para asumir hasta sus ¨²ltimas consecuencias la l¨®gica de la libertad de expresi¨®n en la peque?a pantalla. No es casualidad que la derecha espa?ola haya esperado tantos a?os para hacer esa reclamaci¨®n y supiera convivir en paz y buena compa?¨ªa con la televisi¨®n de Arias-Salgado, Fraga y S¨¢nchez Bella. La en¨¦rgica defensa de la televisi¨®n privada realizada por los dirigentes de Alianza Popular no s¨®lo se compadece mal con el historial de Manuel Fraga, el m¨¢s firme adalid del monopolio televisivo mientras fue due?o del invento como ministro de Informaci¨®n, sino que muy bien podr¨ªa estar sembrando las semillas del drag¨®n para sus propios intereses. ?Qu¨¦ hubiera ocurrido, a efectos electorales, si los tres reportajes publicados por Cambio 16 sobre Eduardo Almir¨®n, jefe de la seguridad de Alianza Popular, hubieran llegado a millones de espectadores a trav¨¦s de la televisi¨®n con la fuerza a?adida de las im¨¢genes gr¨¢ficas? La idea de que la televisi¨®n privada tendr¨ªa que ser necesariamente un cortijo de las ideolog¨ªas conservadoras y de poderosos grupos de intereses no encaja con la reciente historia espa?ola de los medios de comunicaci¨®n, tanto de la Prensa diaria o semanal como de las emisoras de radio. Al fin y al cabo, los peri¨®dicos, las revistas y los programas radiof¨®nicos, sometidos a un r¨¦gimen de libre competencia que les obliga a disputarse los lectores y los oyentes, se hallan en manos de profesionales de la informaci¨®n que se ven obligados a sintonizar con necesidades y deseos del p¨²blico -la mitad del cual ha votado al PSOE en las ¨²ltimas elecciones- para merecer su atenci¨®n.

En ese contexto, el argumento de que las empresas privadas lanzadas a la aventura de la televisi¨®n privada se mover¨ªan fundamentalmente por el ¨¢nimo de lucro resulta incongruente con los temores a un secuestro sectario, partidista o intoxicador de la informaci¨®n y la opini¨®n. Si una compa?¨ªa desea ganar dinero, resulta dif¨ªcil suponer que los costes de instalaci¨®n y los gastos generales de funcionamiento de una televisi¨®n privada pudieran ser amortizados o sufragados mediante emisiones dedicadas a la propaganda pol¨ªtica o al adoctrinamiento ideol¨®gico. Resulta as¨ª que los fichajes de locutores y presentadores de Radio Nacional -desde Luis del Olmo a Jes¨²s Quintero- por la competencia privada han tenido como protagonistas a profesionales muy alejados, de la mentalidad derechista. ?Por qu¨¦ unas eventuales cadenas privadas de televisi¨®n tendr¨ªan que seguir diferentes criterios? De otro lado, as¨ª como la libertad de expresi¨®n est¨¢ garantizada por el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n, tambi¨¦n el art¨ªculo 38 de nuestra norma fundamental reconoce la libertad de empresa dentro de la econom¨ªa de mercado, cuyo ejercicio debe ser garantizado y protegido por los poderes p¨²blicos. Ignoramos las razones por las que la admiraci¨®n del Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez hacia los empresarios privados, a quienes ha sido confiada incluso la entera gesti¨®n de las empresas p¨²blicas, tiene que detenerse precisamente en los umbrales de la industria de la comunicaci¨®n, bastante menos peligrosa, en cualquier caso, que la industria de armamentos o de explosivos.

Para mayor paradoja, el fantasma de las multinacionales, agitado por los defensores a ultranza del monopolio estatal para descalificar a los partidarios de la televisi¨®n privada, recorre triunfalmente la peque?a pantalla, tanto en los espacios dedicados a la publicidad como en la programaci¨®n cinematogr¨¢fica. La vida diaria de los espa?oles, desde que se levantan hasta que se acuestan, se halla pautada por el consumo de productos manufacturados por firmas extranjeras o con patentes for¨¢neas y vigorosamente promocionadas por la publicidad televisiva. Porque, a diferencia de Radio Nacional, el servicio p¨²blico de Prado del Rey est¨¢ financiado en buena parte por la publicidad y sirve de veh¨ªculo para la persuasi¨®n abierta de mercanc¨ªas de todo tipo. Por lo dem¨¢s, la mayor¨ªa de los h¨¦roes y de los malvados que sirven de arquetipo a los espectadores proceden tambi¨¦n de f¨¢bricas de sue?os multinacionales. Ni que decir tiene que la respuesta a esa situaci¨®n ser¨ªa un retroceso en el t¨²nel del tiempo o una estaci¨®n preparatoria para una invasi¨®n cultural de signo inverso. Pero parece necesario advertir, ante tanta demagogia, que el monopolio estatal Televisi¨®n Espa?ola se nutre, en buena medida, de los mismos programas que ponen en antena las emisoras privadas norteamericanas, y que unas eventuales televisiones privadas espa?olas contratar¨ªan para su explotaci¨®n.

Una sentencia pronunciada hace un a?o por el Tribunal Constitucional dictamin¨® que el establecimiento de la televisi¨®n privada, aunque no sea una derivaci¨®n necesaria del art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n, tampoco se halla impedida por nuestra norma fundamental. El alto ¨®rgano jurisdiccional tambi¨¦n se?al¨® que la gesti¨®n por empresas privadas de ese servicio p¨²blico "requiere una decisi¨®n del legislador y un desarrollo legislativo", que necesitar¨¢ como instrumento "una ley org¨¢nica en la medida que afecte al desarrollo de los derechos constitucionalizados en el art¨ªculo 20", esto es, los referentes a la libertad de expresi¨®n, informaci¨®n y opini¨®n. Las importantes e irremplazables tareas que la televisi¨®n p¨²blica -en manos del ente aut¨®nomo, de las comunidades aut¨®nomas o de los municipios- deber¨ªa desempe?ar (pero que ahora no cumple) recibir¨ªan una positiva ayuda de la competencia y la emulaci¨®n de las televisiones privadas. Esa "decisi¨®n del legislador" que el Tribunal Constitucional aguarda en su sentencia es uno de los desaf¨ªos que la modernizaci¨®n de la sociedad espa?ola y la ampliaci¨®n del techo de libertades lanzan a la imaginaci¨®n, audacia y creatividad del Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez, condenado, de otra forma, a especializar a su ministro del Interior no s¨®lo en registros domiciliarios sin mandamiento judicial, sino tambi¨¦n en clausuras de emisoras locales de televisi¨®n. Unas emisoras, por lo dem¨¢s, que han nacido de la inventiva de unos emprendedores vecinos y han sido instaladas con medios baratos y tecnol¨®gicamente rudimentarios.

Por lo dem¨¢s la existencia de televisiones privadas, que podr¨ªan funcionar como elementos de competencia frente a las emisoras p¨²blicas, contribuir¨ªan a mejorar la calidad de las emisiones de RTVE y coberturas dignas y meritorias como las que realiza en estos momentos Televisi¨®n Espa?ola de la vuelta ciclista a Espa?a podr¨ªan ser moneda corriente en la programaci¨®n del Ente p¨²blico.