El convenio

LAS CORTES han votado, con escasa oposici¨®n, la ratificaci¨®n del Convenio de Amistad, Defensa y Cooperaci¨®n entre EE.UU. y Espa?a. Los tr¨¢mites legales est¨¢n cumplidos. Pero el tema merece a¨²n algunas reflexiones. No se ha dado una explicaci¨®n convincente de por qu¨¦ se ha aplicado un procedimiento de urgencia, soslayando un debate parlamentario en profundidad, que s¨®lo se hubiese podido realizar en la Comisi¨®n de Exteriores de las Cortes. El Protocolo (¨²ltimo documento sometido a ratificaci¨®n) fue firmado el 24 de febrero; hab¨ªa pues tiempo suficiente, sin poner en peligro el tope del 21 de mayo, para una discusi¨®n m¨¢s seria. Lo que las Cortes acaban de votar, con evidente. precipitaci¨®n, es una cuesti¨®n de suma importancia; riada menos que la permanencia, con uno u otro nombre (se ha pasado de facilidades a uso de instalaciones de apoyo) de las bases militares norteamericanas que existen desde 1953; inclu¨ªda la de Torrej¨®n, tan pr¨®xima a la capital. Los comentarios de Fernando Mor¨¢n ante la C¨¢mara, y los que hizo Felipe Gonz¨¢lez concluido el debate, confirman que al Gobierno le era inc¨®modo defender un texto heredado b¨¢sicamente de la etapa Calvo Sotelo.No es plenamente v¨¢lido el argumento de que la ¨²nica opci¨®n para Espa?a era romper la negociaci¨®n con EE.UU o aceptar el texto que hab¨ªan firmado P¨¦rez LLorca y Todman. El texto del Convenio, al no haber sido ratificado por las Cortes, estaba sujeto a la eventualidad de una renegociaci¨®n; sobre todo al producirse un cambio, no s¨®lo de Gobierno, sino de mayor¨ªa parlamentaria -la firma de los gobiernos se hab¨ªa producido en julio pasado- EE.UU. tiene una larga y admirable tradici¨®n parlamentaria y a nadie hubiese extra?ado que Espa?a hubiera intentado al menos esa renegociaci¨®n.

Si se compara el Tratado que Areilza negoci¨® y firm¨® en 1976, y el Convenio firmado por P¨¦rez Llorca en julio de 1982 (que acaba de ser ratificado) no est¨¢ nada claro que el segundo sea mejor, como se ha pretendido decir por las autoridades espa?olas; en algunos casos parece lo contrario: se acent¨²an los aspectos directamente militares, incluso en el t¨ªtulo del documento, al que se ha a?adido la palabra defensa que no figuraba en el t¨ªtulo del Tratado de 1976. Todo indica que el gobierno socialista opt¨® por el m¨¢ximo de continuidad y el m¨ªnimo de cambio en esta cuesti¨®n. Pero no hay de qu¨¦ extra?arse si se tiene en cuenta que ya hab¨ªa adoptado la decisi¨®n poco frecuente de confiar la principal Embajada de Espa?a, la de Washington, a un alto cargo pol¨ªtico del gobierno Calvo Sotelo: el antiguo Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gabriel Ma?ueco, que negoci¨® el Convenio con EE.UU. en nombre del gobierno de UCD. Todo un ejemplo de incoherencia respecto a las promesas socialistas durante la campa?a electoral.

Lo ¨²nico que el Gobierno actual ha agregado al documento ha sido el protocolo firmado en febrero por los se?ores Mor¨¢n y Todman, adic¨ª¨®n de escas¨ªsima sustancia: repite un art¨ªculo que ya figura en el Convenio sobre la posibilidad de iniciar un procedimiento de revisi¨®n y clarifica, punto este interesante, que la firma del Convenio no prejuzga la integraci¨®n militar de Espa?a en la OTAN. Pero respecto al convenio mismo puede decirse que los diputados del PSOE no han hecho sino dar el visto bueno -hasta con expresiones de satisfacci¨®n- al trabajo realizado por Calvo Sotelo y P¨¦rez Llorca.

Algunas otras cuestiones del texto merecen reparos: la garant¨ªa de que Espa?a siga siendo un pa¨ªs sin armas nucleares no est¨¢ satisfactoriamente explicitada. Se dice que el almacenamiento e instalaci¨®n de armas nucleares en territorio espa?ol "quedar¨¢ supeditado al acuerdo del Gobierno espa?ol", pero ?qu¨¦ clase de pa¨ªs ser¨ªamos si se pudiesen colocar aqu¨ª armas nucleares sin acuerdo del Gobierno espa?ol? Sobre las armas nucleares en aviones, hay una declaraci¨®n unilateral firmada por P¨¦rez Llorca, en una carta al embajador Todman, diciendo que "es pol¨ªtica del Gobierno espa?ol" que no sobrevuelen Espa?a aviones con armas nucleares, a lo que el embajador Todman contesta que los EE.UU. toman nota y respetan la pol¨ªtica del Gobierno espa?ol... Esta serie de ambig¨¹edades permite decir que la posici¨®n espa?ola, contraria a la existencia de armas nucleares en su suelo, no ha quedado definida de modo clarg y rotundo. Si a este hecho a?adimos el m¨¢s irritante de la presencia de una base de la OTAN en Gibraltar no sometida a desnuclearizaci¨®n, bien puede dudarse de la posibilidad de que en un futuro no lejano el despliegue o almacenamiento de cohetes tenga tambi¨¦n lugar en nuestro pa¨ªs.

Todo ello plantea la conveniencia de que el Gobierno examine qu¨¦ medidas puede adoptar para clarificar la posici¨®n de nuestro pa¨ªs. Un paso importante ser¨ªa resolver la cuesti¨®n a¨²n pendiente de la firma por Espa?a del Tratado de no proliferaci¨®n de armamentos nucleares. Esa firma, favorecida por los Estados Unidos y otros pa¨ªses aliados, podr¨ªa ser la ocasi¨®n de una declaraci¨®n solemne, no s¨®lo del Gobierno, sino del Parlamento, especificando que Espa?a rechaza la existencia de armamento nuclear en su territorio, o el tr¨¢nsito por ¨¦l. Una orientaci¨®n de este g¨¦nero permitir¨ªa adem¨¢s estudiar con Portugal una iniciativa encaminada a garantizar la desnuclearizaci¨®n de la Pen¨ªnsula Ib¨¦rica. Cuestiones todas ellas que se han hurtado a un debate sereno y en profundidad en las Cortes espa?olas en ocasi¨®n de la ratificaci¨®n del convenio con los Estados Unidos. Otra vez ser¨¢.