Retener antes que recaudar

EL INCREMENTO del gasto p¨²blico conduce, inevitablemente, a un aumento de la recaudaci¨®n fiscal y, en consecuencia, el Gobierno espa?ol, como cualquier otro preocupado por el estado de sus finanzas, y con la voluntad pol¨ªtica de evitar males mayores, ha optado por elevar el tipo de retenci¨®n en el impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas. La v¨ªa elegida es, sin duda, la m¨¢s r¨¢pida y expeditiva. De momento, se retiene una mayor proporci¨®n de los ingresos en la fuente en que se originan, es decir, en la n¨®mina mensual. Se deja, entretanto, para m¨¢s adelante la liquidaci¨®n definitiva. A esta ventaja en el procedimiento de recaudaci¨®n, que supone de hecho un cr¨¦dito para el Estado con tipo de inter¨¦s cero, se le a?ade el aprovechamiento de un efecto socio-psicol¨®gico, seg¨²n el cual el contribuyente espa?ol experimenta una menor carga de frustraci¨®n fiscal si se le retienen impuestos que si se rasca el bolsillo -como record¨® memorablemente el se?or Fraga- al completar su liquidaci¨®n de la renta.En cualquier caso, las autoridades econ¨®micas y fiscales espa?olas est¨¢n presionadas por los efectos que la financiaci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico para el presente ejercicio ejerce sobre los tipos de inter¨¦s. Esta presi¨®n justifica tambi¨¦n1as variaciones en la tabla de retenciones. En los momentos actuales de estancamiento econ¨®mico, los tipos

de inter¨¦s en el mercado monetario se sit¨²an por encima de un 20% con repercusiones indudables en la financiaci¨®n a largo plazo. Un nivel de tipos de inter¨¦s de esta cuant¨ªa constituye un elemento disuasorio de la inversi¨®n, imprescindible para aumentar el protencial pro de la econom¨ªa espa?ola y elevar el n¨²mero de personas ocupadas. Adem¨¢s, a la vista de los resultados de las negociaciones colectivas y de la reciente evoluci¨®n de los precios al consumo, parece existir un cierto margen de maniobra para aumentar la presi¨®n fiscal sobre las rentas de las personas f¨ªsicas sin atentar gravemente contra el mantenimiento de su capacidad adquisitiva.El incremento de las retenciones, por ejemplo en el caso de las familias con dos hijos, que suelen ser las m¨¢s corrientes en la Espa?a de hoy d¨ªa, se produce a partir de unos ingresos anuales iguales o superiores a 1.300.000 pesetas. A partir de esta cantidad el porcentaje de retenci¨®n aumenta un punto con relaci¨®n a la tabla hasta ahora vigente. Desde unos ingresos de 2.600.000 pesetas, las nuevas retenciones crecen dos puntos con relaci¨®n a las antiguas. La progresividad se hace m¨¢s acentuada a partir de los ingresos superiores a 4.500.000 pesetas, hasta alcanzar el tope m¨¢ximo de retenci¨®n del 33% para ingresos superiores a los ocho millones de pesetas anuales. M¨¢s all¨¢ de este l¨ªmite, la cuota de retenci¨®n se detiene en el 33%, quiz¨¢ por la simple l¨®gica de que el n¨²mero de contribuyentes con ese nivel de ingresos a trav¨¦s de n¨®minas es forzosamente muy reducido y quiz¨¢ la autoridad fiscal ha preferido completar la liquidaci¨®n al formalizarse la declaraci¨®n del impuesto sobre la renta.

El tramo de personas elegidas sobre las que aumenta la presi¨®n fiscal corresponde, fundamentalmente, a lo que se denomina clase media y clase media alta. Normalmente este tipo de medidas son impopulares y, adem¨¢s, siempre cuentan con la coartada de exigir que la imposici¨®n recaiga preferentemente sobre los m¨¢s ricos, es decir, no sobre los menos ricos, sin pararse a pensar que el grueso de los ingresos fiscales se produce en el tramo de poblaci¨®n al que el Estado ha dirigido sus bater¨ªas fiscales.

Naturalmente, este sacrificio redistributivo no exime a la autoridad fiscal para buscar fuentes tributarias en una serie de actividades, fundamentalmente profesiones liberales, en las que existen sospechas de importantes lagunas recaudatorias. El actual partido en el Gobierno se cans¨® de repetir, desde la oposici¨®n, que era prioritaria la lucha contra el fraude y la evasi¨®n fiscal, e incluso situ¨® las posibilidades reales de esta lucha entre medio bill¨®n y un bill¨®n de pesetas, en l¨ªnea con las conclusiones que aport¨® en su d¨ªa una comisi¨®n creada al efecto por el anterior Gobierno de UCD. No se trata tanto de penalizar la libre iniciativa sino de que los sacrificios redistributivos se compartan equitativamente por el mayor n¨²mero posible de ciudadanos.

Queda, finalmente, el porqu¨¦ del aumento de la presi¨®n fiscal y el temor de que este tipo de aumento s contin¨²e para sufragar unos gastos p¨²blicos cuya principal legitimidad ser¨ªa el suministro de bienes p¨²blicos (obras de infraestructura, educaci¨®n, sanidad), que el sistema de mercado de alg¨²n modo penaliza en favor de los consumos privados, jaleados de modo artificial por la publicidad, incluso a trav¨¦s de la propia televisi¨®n del Estado. Todo incremento de la presi¨®n fiscal exige un enorme rigor en la administraci¨®n de los gastos p¨²blicos y, de alg¨²n modo, en evitar que el gasto p¨²blico se vaya convirtiendo en una n¨®mina de funcionarios en lugar de en una respuesta del sector p¨²blico, mediante la creaci¨®n de bienes p¨²blicos, a los ciudadanos que ha n pagado por anticipado unos impuestos.