El fichero de Barrionuevo

EL CARGO de ministro del Interior es, seguramente, el puesto m¨¢s inc¨®modo en cualquier Gobierno que se considera obligado a conjugar la seguridad colectiva y el mantenimiento del orden p¨²blico con el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Evidentemente, ese equilibrio nunca es f¨¢cil de mantener. Las dictaduras resuelven ese conflicto sin mayores problemas, sacrificandolos derechos individuales a una abstracta raz¨®n de Estado, tras la que se esconden los intereses particulares de los gobernantes. En el otro extremo de los modelos concebibles, la incapacidad de las administraciones encargadas de mantener el orden p¨²blico en sistemas democr¨¢ticos ha dado tambi¨¦n hist¨®ricamente oportunidad a las minor¨ªas violentas para ocupar por la fuerza el poder.La persistencia y la brutalidad de los cr¨ªmenes terroristas en nuestro pa¨ªs contribuyen a cargar de tensi¨®n ese inestable equilibrio y a dar argumentos, o al menos pretextos, a quienes pretenden descompensar la balanza en beneficio del momento autoritario. De modo y manera que la cartera de Interior plantea al Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez, cuya victoria en las urnas se debi¨® en considerable medida a su campa?a en defensa de las libertades, delicados problemas.

Al pol¨¦mico historial del ministro Barrionuevo se acaba de a?adir la orden ministerial de 25 de abril de 1983, publicada anteayer en el BOE y ayer en la Prensa, La nueva disposici¨®n anuncia ang¨¦licamente en !su pre¨¢mbulo la intenci¨®n de limitarse a desarrollar y regular art¨ªculo 8 del decreto-ley de 26 de enero de 1979 sobre protecci¨®n de la seguridad ciudadana, art¨ªculo que establec¨ªa la obligaci¨®n de facilitar a los servicios de seguridad la identidad de los compradores o arrendatarios de viviendas. Ocurre, sin embargo, que el grupo parlamentario socialista ya vot¨® en su d¨ªa contra la convalidaci¨®n de ese decreto-ley en la Diputaci¨®n Permanente del Congreso. Gregorio Peces-Barba, por entonces portavoz de los socialistas, critic¨® ¨¢speramente no s¨®lo el irregular uso del decreto-ley para regular los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, materia expresamente excluida por el art¨ªculo 86 de la Constituci¨®n, sino que de a?adidura, censur¨® la creaci¨®n de nuevos tipos delictivos y la indeterminaci¨®n e inseguridad jur¨ªdica de su articulado. La pol¨ªtica no s¨®lo hace extra?os compa?eros de cama; tambi¨¦n puede producir el aberrante acoplamiento de un decreto-ley considerado inconstitucional por el PSOE en febrero de 1979 y una orden ministerial dictada por un ministro del Interior socialista en abril de 1983 para desarrollar uno de los art¨ªculos de aquella denostada disposici¨®n. Es, al fin y al cabo, lo que va de ayer a hoy.

La orden ministerial establece que todos los vendedores o arrendadores de viviendas o locales de cualquier clase est¨¢n obligados a comunicar a las comisar¨ªas de polic¨ªa o a los puestos de la Guardia Civil, en los cuatro d¨ªas siguientes al perfeccionamiento del correspondiente contrato, la identidad de los compradores o inquilinos. Con esos datos -prosigue la orden ministerial- la Direcci¨®n General de Seguridad del Estado organizar¨¢ un fichero, cuya informaci¨®n "s¨®lo podr¨¢ ser utilizada para la prevenci¨®n de delitos, impidi¨¦ndose el acceso a la misma o su difusi¨®n no autorizados con tal finalidad". Esta cl¨¢usula parece ideada para tranquilizar a aquellos ciudadanos que se sientan preocupados por sus declaraciones de renta y de patrimonio o que est¨¦n en deuda como contribuyentes con el Ministerio de Hacienda o los ayuntamientos; de esta forma, el Ministerio del Interior hace un gui?o de complicidad a los agentes del mercado inmobiliario para asegurarles que el resto de los funcionarios del Estado, y especialmente los inspectores de Hacienda, no podr¨¢n enterarse de sus ¨ªntimos secretos, obligadamente confesados, sin embargo, a la Direcci¨®n General de Seguridad.

Esta curiosa manera de consagrar legalmente el principio de refeudalizaci¨®n de los poderes p¨²blicos en provecho de los aparatos de seguridad, rivaliza con la indeterminaci¨®n de la amenaza dirigida a los infractores de la orden que comentamos: el incumplimiento de la obligaci¨®n "ser¨¢ considerado como acto que altera la seguridad p¨²blica y sancionado de acuerdo con lo dispuesto en la legislaci¨®n espec¨ªfica". A falta de otras precisiones, cabe formular la sospecha de que la orden ministerial del ministro del Interior socialista est¨¢ apelando, al mencionar oscuramente a la legislaci¨®n espec¨ªfica, a la tristemente c¨¦lebre ley de Orden P¨²blico de 30 de julio de 1959, promulgada cuando Camilo Alonso Vega ocupaba el Ministerio de la Gobernaci¨®n. En cualquier caso, la seguridadj ur¨ªdica, garantizada por el art¨ªculo 9 de la Constituci¨®n, sufre un claro atentado con la indeterminaci¨®n de la sanci¨®n anunciada.

Ante las cr¨ªticas dirigidas contra la escasa delicadeza mostrada por el Ministerio del Interior en anteriores ocasiones hacia las garant¨ªas constitucionales, el Gobierno socialista ha replicado con el argumento cuantitativo de sus 10 millones de votos y con el respaldo cualitativo de la indiscutible ejecutoria democr¨¢tica de la mayor¨ªa de sus ministros y altos cargos. Por su parte, Barnionuevo, incapaz de la iron¨ªa, ha acusado a los discrepantes de pretender declarar inconstitucional a la propia Constituci¨®n. Pero, como escribi¨® Balzac, "los gobiernos pasan, las sociedades mueren y la polic¨ªa es eterna". Con ese tipo de disposiciones, el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez puede contribuir, durante su Mandato, sea cual sea la duraci¨®n del mismo, al fortalecimiento de unos aparatos estatales cuya l¨®gica interna es crecer a costa de los ciudadanos y de las libertades. Aunque los pol¨ªticos lleguen a creerse sinceramente que dominan el poder, el Leviat¨¢n estatal tiende m¨¢s bien a poner a sus titulares al servicio de la historia natural de su desaforado desarrollo. Si la orden ministerial dictada por Jos¨¦ Barrionuevo significara el arranque de una tendencia de ese signo, la desobediencia civil podr¨ªa llegar a convertirse en la ¨²nica respuesta de los ciudadanos ante la invasi¨®n por el Estado del ¨¢mbito de sus derechos y libertades. Entre otras cosas, porque, aunque conocemos el car¨¢cter democr¨¢tico del presidente y de la gran mayor¨ªa de los ministros de este Gobierno, carecemos de suficientes garant¨ªas respecto a otros sectores de la actual Administraci¨®n e ignoramos tambi¨¦n qui¨¦nes podr¨¢n hurgar en el contenido de esos ficheros dentro de 4, 8, 12 o 20 a?os y para qu¨¦ prop¨®sitos utilizar¨¢n esas informaciones. S¨®lo nos queda preguntamos, por lo mismo, si las torpezas arbitrarias de Barrionuevo son s¨®lo eso, torpezas, o responden a una ideolog¨ªa y a un programa consciente. 0 sea, si es Barrionuevo el ministro que ped¨ªan y quer¨ªan los votantes del PSOE o el que el PSOE utiliza para tranquilizar a los famosos poderes f¨¢cticos a base de poner a sus pies esos mismos 10 millones de votos.