70 d¨ªas y 70 veces

Al cumplirse el plazo de 70 d¨ªas que nos fijamos, para volver a examinar cr¨ªticamente la pol¨ªtica del Gobierno en el tema de la tortura, nuestra impresi¨®n no puede estar cerca de la satisfacci¨®n. Las medidas que propusimos, coincidentes en lo b¨¢sico con el repertorio exigido com¨²nmente para afrontar este problema, s¨®lo en peque?a parte han sido contempladas por los poderes p¨²blicos. Los testimonios recogidos entretanto de casos de tortura, son lo suficientemente numerosos y contrastados como para que nuestro llamamiento se renueve. La Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos, algunos abogados penalistas, otras personas que desarrollan tareas sociales en barrios obreros, ayuntamientos vascos, dos asociaciones de vecinos y hasta un grupo de jueces se han dirigido a los medios de comunicaci¨®n durante este tiempo, para avalar denuncias de malos tratos o torturas presentadas por diferentes detenidos. Estas denuncias, que son m¨¢s frecuentes en Catalu?a, Euskadi y Madrid, se han plasmado algunas veces en diligencias judiciales.Sin embargo, la aplicaci¨®n de la tortura a delincuentes comunes sigue siendo el aspecto m¨¢s extenso y silenciado del problema, aquel donde la iniciativa aut¨®noma de los fiscales es absolutamente necesaria.

Hay que consignar una nueva atenci¨®n hacia los casos de tortura que aparecen en algunos sectores judiciales. As¨ª lo demuestra la sentencia de la Audiencia de Bilbao condenando por torturas a dos inspectores de polic¨ªa. Tres jueces de instrucci¨®n, en Madrid, han abierto investigaciones sobre torturas denunciadas por varios detenidos de derecho com¨²n, a los que se hab¨ªa privado de asistencia letrada. Otros magistrados en Barcelona y M¨¢laga tambi¨¦n instruyen sumarios por parecidos motivos, seg¨²n noticias que tenemos, que no tienen por qu¨¦ ser los ¨²nicos. Una reciente comunicaci¨®n de la Junta de Jueces de San Sebasti¨¢n pide, a los responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que tomen medidas contra los funcionarios responsables de malos tratos. Esta ¨²ltima comunicaci¨®n, seg¨²n ha informado la Prensa, se basa en "la convicci¨®n de la existencia de pr¨¢cticas sistem¨¢ticas de malos tratos en determinadas comisarias y cuartelillos".

La mayor¨ªa de las medidas que indic¨¢bamos en nuestra propuesta sigue sin aplicarse. Especial urgencia requieren algunas de ellas, como la apertura de expedientes gubernativos a los funcionarios que aparezcan implicados en sucesos de esa ¨ªndole, para separar del servicio a los responsables. Esto s¨®lo se ha hecho, seg¨²n nuestras noticias, en un primer caso que se produjo en la comisar¨ªa de Ir¨²n; los expedientes instruidos con posterioridad han tenido el mismo car¨¢cter rutinario e in¨²til que ten¨ªan antes. Otra medida urgente es la regulaci¨®n del procedimiento de h¨¢beas corpus, cuyo anteproyecto est¨¢ terminado desde hace cuatro meses, pero inexplicablemente postergado. En las m¨¢s viejas democracias occidentales, tan emuladas para otras opciones de oportunidad, est¨¢ vigente desde hace siglos este procedimiento ante las detenciones ilegales, del cual alguien tan poco sospechoso como Andr¨¦ Maurois dijo que "ninguna medida marca m¨¢s claramente la frontera que separa un Gobierno desp¨®tico de un r¨¦gimen de libertad".

Por lo dem¨¢s, nos remitimos a las recomendaciones de Amnist¨ªa Internacional, en su informe de 1980 sobrei Espa?a, que siguen esperando su incorporaci¨®n al sistema jur¨ªdico espa?ol.

Hay medidas legislativas necesarias que s¨ª est¨¢n en marcha, aunque con preocupantes restricciones. La remisi¨®n a las Cortes del proyecto de ley de Asistencia Letrada al Detenido, donde se establece el car¨¢cter irrenunciable de este derecho, es la iniciativa mas importante tomada por el Gobierno en contra de la tortura, aun con las limitaciones que dicho proyecto sigue ofreciendo (entre otras la designaci¨®n de abogados de oficio a los detenid¨®s a quienes se haya aplicado la ley Antiterrorista). Hay m¨¢s datos que hacen perceptible la preocupaci¨®n existente entre los nuevos responsables de la Administraci¨®n por este problema, a pesar de la imagen contradictoria que proyecta el ministro de la polic¨ªa. Pero lo cierto es no s¨®lo que las denuncias de torturas se han seguido produciendo con la intermitencia de siempre, sino que en los sectores m¨¢s cercanos a la cuesti¨®n perdura la convicci¨®n desalenta dora de que el problema conserva intactas sus ra¨ªces en algunos n¨²cleos de los cuerpos de seguridad del Estado.

Parece m¨¢s claro que nunca que los actuales gobernantes est¨¢n personalmente en contra de la tortura, en cualquiera de sus formas. Pero, a pesar de ello, se sigue echando en falta una pol¨ªtica decidida para combatir todas las manifestaciones de este mal, sin excepci¨®n, sin paliativos y sin justificaciones m¨¢s o menos expl¨ªcitas. Que esta falta se explique por la resistencia a reconocer p¨²blicamente el alcance del problema o por secretas estrategias pol¨ªticas que alg¨²n d¨ªa culminar¨¢n, es algo que no podemos a¨²n juzgar. Mientras tanto, en cada ocasi¨®n, tendremos que recordar que existe la tortura en centros dependientes del Estado, aunque tengamos que volver sobre lo mismo y repetirlo 70 veces, ya que ¨¦sta es una cuesti¨®n con la que no se puede convivir y que debe estar a salvo de la morosidad administrativa.