Campsa ser¨¢, previsiblemente, la nueva empresa titular de la red primaria de oleoductos espa?oles

Las negociaciones que mantiene el Ministerio de Industria y Energ¨ªa con el sector petrolero para la futura reordenaci¨®n del mismo se encuentran muy avanzadas y podr¨ªan concluir en las dos pr¨®ximas semanas con un acuerdo para el traspaso de la red primaria de oleoductos a Campsa y el establecimiento de un mecanismo legal para que esta empresa pierda, de cara a la integraci¨®n en la Comunidad Econ¨®mica Europea, el car¨¢cter de monopolio comercial que tiene desde su creaci¨®n el 28 de junio de 1927. No obstante, el car¨¢cter secreto que ha impreso Carlos Solchaga a estas conversaciones, junto a la previsible privatizaci¨®n de la red primaria de transporte de petr¨®leo que puede suponer su traspaso a Campsa, ha levantado algunas cr¨ªticas encubiertas, algunas de determinados sectores de la propia central sindical socialista.

El paso de la red primaria de transporte de petr¨®leo y productos derivados del Patrimonio del Estado, actual propietario, a una empresa del ¨¢rea del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), estaba contemplado en el programa electoral del Partido Socialista Obrero Espa?ol (PSOE). Una vez cumplida la promesa de la nacionalizaci¨®n de la red el¨¦ctrica de alta tensi¨®n, el objetivo gubernamental parece ser el de cerrar el cap¨ªtulo de hidrocarburos, racionalizando el sector en aquellos aspectos que sean inmediatos.Mientras el problema del gas queda pendiente de las negociaciones pol¨ªticas que el Gobierno ha abierto con Argelia sobre suministros -negociaciones que se encuentran estancadas, ante la inflexibilidad de ambas posturas-, el subsector petrolero ha sentado, pr¨¢cticamente, las bases para iniciar una acci¨®n inmediata en las pr¨®ximas semanas. Carlos Solchaga ha celebrado ya varias reuniones con los m¨¢ximos responsables de las empresas p¨²blicas y privadas encaminadas a este fin, la ¨²ltima, al parecer, el pasado s¨¢bado.

Monopolio comercial

A este respecto, fuentes solventes se?alan que de las tres o cuatro alternativas que se analizaron para resolver el problema de Campsa -inevitable tras la previsible entrada de Espa?a en la CEE-, pr¨¢cticamente se ha reducido a una, en la que Campsa conservar¨ªa de hecho el monopolio comercial que ahora posee tras una modificaci¨®n legal de su contrato con el Estado (que data de 1927) y, mediante ley, pasar a ser titular y propietaria de la red de gasoductos.

Esta soluci¨®n, que podr¨ªa tener variaciones en relaci¨®n a los puntos de venta finales (estaciones de servicio), permitir¨ªa, en primer lugar, la supervivencia como empresa de la compa?¨ªa y, en ¨²ltimo, el ahorro de tener que crear una nueva sociedad mixta, con mayor¨ªa de capital p¨²blico, que ostentase la propiedad y gesti¨®n de la red de oleoductos. El car¨¢cter mixto de la empresa es fundamental ya que s¨®lo en esas condiciones, seg¨²n el Tratado de Roma que cre¨® la CEE, se podr¨ªa restringir el acceso de empresas no participantes en la compa?¨ªa a la citada red.

Privatizaci¨®n de la red

Regulada por contrato privado la relaci¨®n de las refiner¨ªas con la nueva Campsa, la empresa mixta siempre podr¨ªa, legalmente, regular a su antojo sus relaciones con aquellas multinacionales que quieran tener acceso a la red de distribuci¨®n espa?ola. Esta soluci¨®n, muy parecida a la que tiene Francia, respeta las normas comunitarias y aleja los problemas de supervivencia y competencia con multinacionales que tiene planteados a medio plazo el refino espa?ol.

El ¨²nico inconveniente que algunos medios ven a esta soluci¨®n es la privatizaci¨®n de hecho que supone de un bien p¨²blico como es la red de oleoductos. De ser propiedad exclusiva del Estado, la red pasar¨ªa ahora a manos de una sociedad mixta que, aunque integrada en el INH, posee una importante participaci¨®n (46,6%) privada. Algunos expertos, sin embargo, se?alan que esta soluci¨®n es la menos mala, ya que la privatizaci¨®n significar¨ªa unos ingresos para el Estado del orden de los 70.000 millones de peset as (y no 240.000 millones, como algunos medios han se?alado), en concepto de pago al Patrimonio por la red, al tiempo que dar¨ªa argumentos legales para dosificar el acceso de las multinacionales a la distribuci¨®n.

En otro orden de cosas, no se descarta que el acuerdo del sector de refino con el Ministerio de Industria incluya alg¨²n tipo de entendimiento sobre lo que se ha llamado su sobredimensionamiento y que, m¨¢s que eso, es un exceso de capacidad en determinadas instalaciones (FCC) a finales de los a?os noventa y un defecto en otras (coking e hidrocraking). La distribuci¨®n por refiner¨ªas de estas nuevas inversiones ser¨ªa, quiz¨¢, objeto de estas negociaciones, a la luz del considerable retraso que puede sufrir el Plan Energ¨¦tico Nacional (PEN), que est¨¢ a la espera de que se elabore el programa econ¨®mico del Gobierno y sus objetivos macroecon¨®micos.