En libertad

LA PUESTA en libertad de Diego Prado y Col¨®n de Carvajal requiere, como primer e inmediato comentario, la felicitaci¨®n al reh¨¦n, a su familia, a sus amigos y a todos los espa?oles que sent¨ªan como propia la amenaza que pend¨ªa sobre la vida de la indefensa v¨ªctima. Hasta el momento, s¨®lo dos secuestrados -el doctor Iglesias y Saturnino Orbegozo- fueron liberados gracias a la eficacia de los cuerpos de seguridad, que detuvieron a los terroristas, militantes de ETA VIII Asamblea, y consiguieron rescatar, sanos y salvos, a sus prisioneros. Si bienla buena imagen del Estado y el socavamiento de las expectativas triunfalistas de las bandas terroristas har¨ªan mil veces preferible ese tipo de desenlace policial a una salida negociada, la vida de una persona es un bien sagrado cuya conservaci¨®n se convierte, en ¨²ltima instancia, en el criterio decisivo que permite aceptar medios diferentes al servicio de un mismo fin.Aunque se ignoran las circunstancias concretas que han hecho posible el regreso de Diego Prado a su casa, parece fuera de dudas que, una vez m¨¢s, los criminales de ETA militar han traficado con una existencia humana, poniendo precio a su rescate y percibiendo dinero por la libertad del reh¨¦n. La hipocres¨ªa de las organizaciones pol¨ªticas que protegen desde los flancos alas bandas terroristas mediante invocaciones a las declaraciones de derechos humanos, s¨®lo aplicables -seg¨²n sus desvergonzados criterios- a sus muertos o a sus presos, quedan al descubierto cada vez que alguna de las diferentes ramas de ETA conculca las normas fundamentales de la convivencia social. Aunque no se le haya sometido a malos tratos espec¨ªficos, Diego Prado, sometido a un vejador aislamiento y amenazado de muerte por sus carceleros, ha sido de hecho torturado durante los 73 d¨ªas que ha durado su prisi¨®n.

La liberaci¨®n de Prado sirve para mostrar el insensato car¨¢cter de las propuestas -defendidas en su d¨ªa por el Ministerio del Interior- de inscribir en el ¨¢mbito de la ilicitud penal las gestiones emprendidas por los familiares de los secuestrados, o por las personas que act¨²en en su nombre, para salvar la vida del reh¨¦n aun a costa de ceder a una extorsi¨®n monetaria. El Estado no puede aceptar el chantaje de los terroristas cuando se trata de dar satisfacci¨®n a condiciones de imposible cumplimiento, tal y como ocurri¨® con la exigencia de demoler Lem¨®niz. Sin embargo, ser¨ªa inhumano impedir que los familiares y los amigos de un secuestrado negociasen con sus despiadados verdugos el pago de una suma de dinero por la libertad del reh¨¦n. Es cierto ue el bot¨ªn de ese rescate ser¨¢ utilizado para mantener en funcionamiento la m¨¢quina de muerte de los terroristas, desde la adquisici¨®n de armamento hasta la compra o arrendamiento de viviendas, pasando por la subsistencia de esos liberados del crimen. Pero ni siquiera ese argumento es v¨¢lido frente a la necesidad de salvar una vida humana, sobre todo cuando el pago de rescates es s¨®lo una de sus formas de allegar recursos, posiblemente inferior a las extorsiones de los sarc¨¢sticamente denominados impuestos revolucionarios o a las subvenciones de servicios de pa¨ªses extranjeros. La libertad de Diego Prado facilitar¨¢ a la polic¨ªa la tarea de indagar el lugar donde los terroristas lo mantuvieron secuestrado. La hip¨®tesis de que el reh¨¦n permaneci¨® siempre en Madrid durante su cautiverio parece confirmada. Y descartada en cambio la conjetura de que fue el barrio del Pilar la zona donde sufri¨® prisi¨®n durante m¨¢s de dos meses. Parece ya casi obvio que la pista estaba equivocada, que el barrido del barrio del Pilar result¨® improcedente y que la operaci¨®n retras¨® las negociaciones y la puesta en libertad del secuestrado.

Por ¨²ltimo la liberaci¨®n de Prado debe servir para meditar seriamente sobre la moralidad real de las organizaciones pol¨ªticas de Euskadi que amparan y disculpan estas extorsiones mafiosas, y sobre el comportamiento diferenciado que la sociedad espa?ola tiene en estas ocasiones, seg¨²n se trate de la personalidad del secuestrado, de su afiliaci¨®n pol¨ªtica, o del momento y otras circunstancias del hecho.