PSOE y AP rechazan una propuesta para que se identifiquen los polic¨ªas en los juicios

Los grupos socialista y popular se opusieron ayer, en la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso, a una moci¨®n presentada por el diputado de Euskadiko Ezkerra (EE) Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s, mediante la que planteaba que los miembros del Cuerpo General del Polic¨ªa, Guardia Civil y Polic¨ªa Nacional, se identifiquen con su nombre y apellidos cuando firmen atestados policiales o comparezcan como testigos ante jueces y tribunales, tal y como exige la ley. Ante la seguridad del rechazo de su propuesta, y tras la intervenci¨®n del presidente de la comisi¨®n, Pablo Castellano, para evitar un acuerdo parlamentario que podr¨ªa ser mal interpretado, Bandr¨¦s retir¨® su moci¨®n.Bandr¨¦s hab¨ªa planteado ya en la anterior legislatura una proposici¨®n no de ley seg¨²n la cual "los miembros del Cuerpo General de Polic¨ªa, de la Guardia Civil, y de la Polic¨ªa Nacional, cuando firmen atestados o comparezcan en calidad de testigos en procedimiento penales, ante juzgados y tribunales, lo har¨¢n expresando todas las circunstancias personales que exige el art¨ªculo 436 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

El diputado de EE se?al¨® que la Audiencia Nacional y otros tribunales contin¨²an aceptando el anonimato policial hasta la vista del juicio, y record¨® que la ley citada exige que los testigos se mencionen con su nombre y los apellidos paterno y materno. Frente a esta exigencia legal, en numerosos casos los miembros de la polic¨ªa son identificados mediante meros guarismos. En cuanto al argumento de anonimato en virtud del riesgo que corren las vidas de estos funcionarios, Bandr¨¦s asegur¨® que dicho riesgo existe en virtud de pertenecer a determinados cuerpos, pero no por el nombre y apellidos. Record¨® que entre los datos de identificaci¨®n exigidos no figura el domicilio, lo que aminora el citado riesgo.

El socialista Antonio Sotillo neg¨® que la pr¨¢ctica denunciada est¨¦ generalizada y dijo compartir en todo caso la preocupaci¨®n del proponente. A?adi¨® que dicha pr¨¢ctica infringe la ley y atribuy¨® la responsabilidad de este hecho especialmente a la Administraci¨®n de Justicia "cuya primera funci¨®n es cumplir la ley". Asegur¨® que, en cualquier caso, no es funci¨®n del Parlamento el exigir el cumplimiento de preceptos concretos, por lo que anticip¨® el voto contrario de su grupo.

Por el Grupo Popular, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Gallard¨®n se adhiri¨® a la actitud. del Grupo Socialista, tras se?alar que son "pocos supuestos" en los que no se cumplen las citadas exigencias legales. Insisti¨® en que la C¨¢mara no puede invadir las atribuciones de los jueces y en el riesgo reconocido por el propio Bandr¨¦s para la seguridad de los miembros de los cuerpos policiales.