El convenio entre las cajas rurales y el Banco del Cr¨¦dito Agr¨ªcola plantea desavenencias en la Administraci¨®n

El consejo de administraci¨®n del Banco de Cr¨¦dito Agr¨ªcola decidi¨® en su ¨²ltima reuni¨®n no estudiar la aprobaci¨®n o no del convenio de adhesi¨®n voluntaria de las cajas rurales a esta entidad financiera, aplazando la decisi¨®n para una pr¨®xima sesi¨®n. Las divergencias que han surgido a lo largo de la negociaci¨®n entre algunos sectores de la Administraci¨®n parece que han aconsejado este retraso. Por otro lado, la banca privada no ve con buenos ojos dicho acuerdo, por cuanto considera que de esta forma se consolida el sistema financiero actual y se le restan posibilidades de expansi¨®n en el medio rural.

Las parcelas de la Administraci¨®n que se oponen a la firma del acuerdo entre el Banco de Cr¨¦dito Agr¨ªcola (BCA) y las cajas rurales -Ministerio de Agricultura e Instituto de Cr¨¦dito Oficial, y algunas otras de forma m¨¢s individualizada- lo hacen, no tanto porque mantengan ideas b¨¢sicas distintas, cuanto porque les parece que la instrumentaci¨®n del convenio no es clara y coloca a la Administraci¨®n en una posici¨®n de desventaja frente a los intereses privados.En este sentido se recalca que se est¨¢ a favor de la filosof¨ªa que inspira el convenio voluntario de las cajas rurales, pero que ser¨ªa necesario arbitrar medios m¨¢s poderosos que impidieran descuelgues de algunas o muchas cajas rurales, una vez que se haya procedido a la reestructuraci¨®n del sector. En el fondo, lo que se critica es que el borrador de convenio que se viene discutiendo en la actualidad otorga demasiado poder a las cajas rurales, que necesitan ayudas del Estado para salir a flote, y que de lo que se trata es de llegar a una "reconversi¨®n del sector" similar a la que se est¨¢ proponiendo para algunos sectores industriales.

Acuerdo escaso

Las cuestiones que est¨¢n en discusi¨®n en estos momentos se centran en si se est¨¢ siendo lo suficientemente exigentes con las cajas rurales en cuanto a los recursos que ¨¦stas van a transferir al BCA, los recursos que el propio banco va a tener que captar en el mercado para hacer frente a las necesidades de las cajas rurales y el c¨®mputo de consejeros del banco que ser¨ªan nombrados por las cajas rurales.Respecto al primer punto, en algunos sectores de la Administraci¨®n se considera que el acuerdo conseguido es escaso porque el BCA no va a tener recursos suficientes para hacer frente a las necesidades estacionales de las cajas rurales con los que las propias cajas depositen en el banco oficial. Seg¨²n estos c¨¢lculos, la suma de las cantidades procedentes del fondo de liquidez de las cajas rurales -el 2,5% de los dep¨®sitos-, del fondo de reservas para provisi¨®n de riesgos de insolvencias -que suponen el 10% de los beneficios que cada caja obtenga- y del 25% de la tesorer¨ªa que debe de positarse en el BCA, no es suficiente. Si estos datos se revelan como ciertos, el Banco de Cr¨¦dito Agr¨ªcola se ver¨¢ forzado a buscar recursos ajenos, en el mercado o en incremento de las dotaciones que el ICO le proporciona anualmente, para hacer frente a estas necesidades estacionales.

La crisis por la que atraviesan varias de las cajas rurales y la necesidad de proceder a una reestructuraci¨®n importante, tiene dos tipos de costes, que se recogen de forma distinta en el borrador de convenio que se est¨¢ estudiando. Por un lado se dice que las cajas que necesiten esta reestructuraci¨®n presentar¨¢n, una vez que se realice la auditor¨ªa externa, planes para proceder a ella. Pero no se dice nada sobre qui¨¦n ser¨¢ el que corra con los costes que dicha reestructuraci¨®n importe. En este sentido, el borrador de convenio establece que se confirmar¨ªan las ayudas del BCA y los compromisos que tengan que cumplir las propias cajas rurales. As¨ª se llega a la conclusi¨®n de que, a cambio de la aportaci¨®n de fondos m¨¢s o menos elevados que saldr¨¢n del BCA, las cajas rurales tendr¨¢n que adoptar, como mucho, compromisos de aumento de productividad, que vendr¨¢n por regulaci¨®n de plantillas y poco m¨¢s.

A cambio de todo esto, se opina en algunos medios de la Administraci¨®n, las cajas rurales podr¨¢n denunciar unilateralmente el convenio, a los tres a?os de funcionamiento -justo cuando est¨¦ a punto de terminar la actual legislatura-, y adem¨¢s nombrar cuatro consejeros sobre nueve de los que forman parte, al margen del presidente del banco, del consejo de administraci¨®n del BCA. Esta proporci¨®n, que deber¨¢ mantenerse siempre, cualquiera que sea el n¨²mero total de miembros del consejo de administraci¨®n del BCA, provoca problemas a la hora de la toma de postura ante los nombramientos de directores generales de las cajas rurales, nombramientos que deben someterse a la consideraci¨®n del BCA.

Falta de control

En efecto, s¨®lo si hay un rechazo un¨¢nime por parte de los consejeros, el nombramiento no tendr¨¢ lugar; si la oposici¨®n es simplemente mayoritaria, el BCA puede elevar un informe al Banco de Espa?a, quien no tiene competencias directas sobre nombramientos, a menos que no abra un expediente personal a quien hubiera sido propuesto.El problema b¨¢sico, no obstante, es que este posible veto matizado tiene vigor para los nuevos nombramientos, pero nunca para los ya existentes. Lo que tiene que someterse a la aprobaci¨®n del BCA son los nuevos nombramientos, nunca la confirmaci¨®n de los ya existentes, buena parte de los cuales han mostrado, cuando menos, una deficiente gesti¨®n, que deber¨ªa cuestionar la permanencia en sus puestos de responsabilidad. No se puede olvidar, se piensa, que en estos momentos el d¨¦ficit patrimonial de las cajas rurales debe de estar situado, al menos, en torno a los 30.000 millones de pesetas y que hay una docena larga de entidades intervenidas, con expedientes abiertos por el Banco de Espa?a, o con problemas financieros. A ello se a?ade que en la mente de algunos miembros de la Administraci¨®n se est¨¢n manejando como posibles consejeros del BCA, designados por las cajas rurales, nombres que recuerdan demasiado al pasado m¨¢s pr¨®ximo.

Las alternativas que se plantean para todos estos temas desde los sectores de la Administraci¨®n, que no ven demasiado clara la instrumentaci¨®n del convenio, se refieren a establecer distintas variantes de adhesi¨®n voluntaria al BCA, seg¨²n las dificultades por las que atraviesen. En primer lugar se considera que aquellas cajas rurales que requieran fondos p¨²blicos para recomponer su situaci¨®n patrimonial deben quedar supeditadas a las normas que establezca el Estado, comprometido en su saneamiento. Al tiempo, se considera que aquellas cajas con problemas, y que sean reestructuradas con ayuda del BCA, no deber¨ªan poder denunciar el convenio dentro de los tres a?os que inicialmente durar¨¢. Por ¨²ltimo, se considera imprescindible dotar al Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos, en cooperativas de cr¨¦dito, de una mayor capacidad de actuaci¨®n.