El Consejo del Poder Judicial responde en el Parlamento sobre las deficiencias de la justicia

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Federico Carlos S¨¢inz de Robles, compareci¨® ayer ante la comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso, presidida excepcionalmente por el titular de la C¨¢mara, Gregorio Peces Barba, mientras que el de la comisi¨®n, Pablo Castellano, permaneci¨® entre sus compa?eros del Grupo Socialista. Castellano formul¨® varias preguntas a S¨¢inz de Robles, con quien coincidi¨® sobre la noci¨®n del "servicio p¨²blico de la justicia". En la sesi¨®n menudearon las cr¨ªticas al f¨²ncionamiento de la justicia, sobre todo por parte del PSOE, promotor de la convocatoria.

S¨¢inz de Robles resalt¨® los resultados de una encuesta recogidos en la memoria de 1982, que indican que "la opini¨®n de los ciudadanos sobre la justicia es m¨¢s satisfactoria de lo que se lee en algunos ¨¢mbitos". Fue esta la ¨²nica referencia a las duras cr¨ªticas realizadas recientemente al estamento judicial por Pablo Castellano y otros sectores de la opini¨®n p¨²blica y de la propia Magistratura. El socialista Antonio Sotillo resalt¨® que la encuesta citada muestra, respecto a estudios similares anteriores, un estancamiento o un deterioro, y por lo que se refiere a la imagen que los espa?oles tienen de los tribunales, observ¨® que hay "cifras muy bajas".El 67% de los encuestados cree que ante un tribunal de justicia debe decirse la verdad, el 46% entiende que los jueces ejercen su funci¨®n honesta y honradamente y el 34% tiene una imagen favorable de los tribunales, superada por el 37% que la tiene desfavorable. En la memoria de 1983 se incorporar¨¢ ¨ªntegramente la nueva encuesta que se realice.

Peces Barba agradeci¨® la presencia de los destacados miembros del Consejo General del Poder Judicial y el presidente del Consejo expres¨® la voluntad de someterse al control de los representantes del pueblo, ya que "el juez est¨¢ para servir al ciudadano" y "el servicio p¨²blico de la justicia es inescindible de los ¨®rganos constitucionales". M¨¢s tarde, Pablo Castellano expres¨® su coincidencia con esta concepci¨®n de la justicia y se refiri¨® a los malentendidos que hab¨ªan rodeado la convocatoria de la sesi¨®n.

Para clarificar la situaci¨®n, Castellano formul¨® algunas de las denuncias que, como presidente de la comisi¨®n, le hab¨ªan llegado y que hab¨ªa trasladado en principio al ministro de Justicia. La primera se refer¨ªa al nombramiento de determinados oficiales, auxiliares y agentes al servicio del Consejo, sin respetar la antiguedad de otros funcionarios. S¨¢inz de Robles reconoci¨® que los afectados ganaron ante el Tribunal Supremo un recurso contra una decisi¨®n que estuvo basada en que la antiguedad no es el ¨²nico criterio para los nombramientos. La segunda se interesaba por los criterios de designaci¨®n de jueces sustitutos y por si exist¨ªan relaciones de parentesco con altos cargos. S¨¢inz de Robles contest¨® que no conoc¨ªa ning¨²n caso y se mostr¨® partidario de corregir las situaciones que se denuncien claramente.

Testigos policiales con nombres y apellidos

El diputado del Grupo Mixto Juan Mar¨ªa Bandr¨¦s se interes¨® por el incumplimiento de la ley por parte de muchos jueces, al admitir atestados y testimonios policiales sin que figuren los nombres y apellidos de sus autores, como exige la ley, y aceptar meros guarismos correspondientes a los carn¨¦s profesionales de los miembros de la Polic¨ªa Nacional, Guardia Civil o Cuerpo General de Polic¨ªa. S¨¢inz de Robles expres¨® su criterio personal favorable al cumpliemiento de la ley, pero distingui¨® entre los atestados policiales y las actuaciones procesales. En estas ¨²ltimas consider¨® que ning¨²n juez deber¨¢ negarse, al cumplimiento de los requisitos legales. M¨¢s tarde, Bandr¨¦s solicit¨® de S¨¢inz de Robles que entre las prevenciones que puede dirigir a los jueces, trate de atajar por esa v¨ªa el incumplimiento sistem¨¢tico de esos requisitos legales.

En respuesta a Josep Mar¨ªa Tr¨ªas de B¨¦s, de Minor¨ªa Catalana, que pregunt¨® sobre las directrices para la aplicaci¨®n judicial de la reforma del C¨®digo Penal, S¨¢inz de Robles dijo que el Consejo no est¨¢ legitimado para dar instrucciones a los jueces, pero s¨ª se ha preocupado de conectar con el Ministerio Fiscal, la Direcci¨®n General de Instituciones Penitenciarias y los colegios de abogados, para garantizar un funcionamiento ordenado de las revisiones de las causas y de que las salas de vacaciones tomen las previsiones oportunas.

A preguntas de Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Gallard¨®n, del Grupo Popular, Sainz de Robles se?al¨® que la interinidad en el ejercicio de la funci¨®n judicial es una mala soluci¨®n, pero necesaria, y que el Consejo desea que sus observaciones presupuestarias lleguen directamente a la C¨¢mara, para que los recortes se realicen ordenadamente.