Derecho a la educaci¨®n y libertad de ense?anza

LA APROBACI?N por el Consejo de Ministros del proyecto de ley org¨¢nica del Derecho a la Educaci¨®n (LODE), destinada a derogar y sustituir el Estatuto de Centros Docentes, inicia los tr¨¢mites para cumplir uno de los m¨¢s delicados compromisos del Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez. Aunque el texto de la LODE se ocupe tambi¨¦n del sector estatal de la educaci¨®n y de los colegios privados no subvencionados, el peso del debate parlamentario se centrar¨¢ fundamentalmente en la regulaci¨®n del sistema de conciertos con los colegios privados financiados con fondos p¨²blicos. Diversas negociaciones entre representantes del Gobierno y de la Conferencia Episcopal sobre el borrador primero de la ley han alumbrado un texto difuso que llev¨® a EL PAIS a rectificar los titulares iniciales del env¨ªo a las Cortes, en el sentido de que, contra lo que parec¨ªa a primera vista, s¨ª exist¨ªan cambios importantes en el texto finalmente aprobado (v¨¦ase ediciones de EL PAIS del viernes y s¨¢bado pasados). Estos cambios hacen referencia al concepto de libertad de c¨¢tedra y parecen producidos por un buen entendimiento entre obispos y Gobierno. Fruto de este entendimiento habr¨ªa sido tambi¨¦n el aplazamiento del documento episcopal sobre la ley del aborto.En cuanto a la LODE, un primer examen del proyecto revela que la ley sienta las bases -pese a los defectos apuntados- para una reforma razonable, pacificadora y no sectaria del sistema educativo espa?ol, en cuya estructura la ense?anza privada, en su mayor¨ªa impartida por colegios religiosos, ocupa un importante lugar. Seg¨²n las estad¨ªsticas, la ense?anza privada escolariz¨® durante el pasado curso a un 36,5% de los ni?os espa?oles, correspondiendo a los centros de la Iglesia aproximadamente un 22,4% del total. Los Presupuestos Generales del Estado financian la mayor parte de la educaci¨®n privada. Esas subvenciones a los colegios no estatales han crecido de manera impresionante en los ¨²ltimos 10 a?os: se ha pasado de 750 millones de pesetas en 1972 a 70.000 millones en 1982. El nuevo Gobierno se propone introducir claridad y transparencia en la entrega y control de esas subvenciones.

Las autoridades eclesi¨¢sticas suelen recordar que la Constituci¨®n consagra la libertad de ense?anza, la libertad de creaci¨®n de centros docentes, el derecho de los padres para que sus hijos reciban la ense?anza religiosa y moral conforme con sus propias convicciones y el principio de que los poderes p¨²blicos ayudar¨¢n a los centros docentes que re¨²nan los requisitos legales. No faltan quienes refuerzan esos argumentos con el dogma de la subsidiariedad de la ense?anza estatal respecto a la educaci¨®n privada o con la afirmaci¨®n de derechos eclesi¨¢sticos situados por encima de la legalidad constitucional. Sin embargo, un Estado no confesional que garantiza la libertad ideol¨®gica, religiosa y de culto de todos los c¨ªtidadanos no dispone de otro punto de referencia para resolver conflictos sociales que la norma fundamental sobre la que descansa su convivencia. El debate en torno a la LODE no debe nunca desbordar el marco constitucional. Los aspectos de nuestra norma fundamental inencionados por los representantes de los colegios privados deben ser conciliados con otras dimensiones tambi¨¦n incluidas en ese texto: el pleno desarrollo de la personalidad humana como objetivo de la educaci¨®n, el respeto a los principios democr¨¢ticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, la garant¨ªa por los poderes p¨²blicos del derecho de todos a la educaci¨®n, la programaci¨®n general de la ense?anza, la intervenci¨®n de los profesores, los padres y -en su caso- los alumnos en el control de todos los centros sostenidos por la Administraci¨®n con fondos p¨²blicos, la inspecci¨®n y homologaci¨®n del sistema educativo por los poderes p¨²blicos.

En una sociedad opulenta, las subvenciones a los colegios privados no ofrecer¨ªan, a diferencia de lo que ocurre en Espa?a, los problemas inherentes a la distribuci¨®n de la escasez. La oferta y la demanda de plazas escolares de nuestro sistema educativo apenas est¨¢n equilibradas y es un deber nacional mejorar sustancialmente los servicios educativos en las zonas rurales y en los suburbios de las grandes capitales.

La inc¨®moda sensaci¨®n de que conceptos corno libertad de c¨¢tedra o de conciencia puedan supeditarse en un momento dado a una lucha puntual por el monto de las subvenciones o a una pugna global entre episcopado y Gobierno debe ser por eso arrumbada en el debate de la ley. Es evidente que una sociedad con recursos escasos no puede satisfacer enteramente las demandas de un sector sin desposeer simult¨¢neamente a otros. Y el proyecto del ministro Maravall ofrece una f¨®rmula razonable para asegurar la educaci¨®n obligatoria y gratuita de todos los ni?os espa?oles.