Todas las 'polic¨ªas paralelas' de la Telef¨®nica han sido desmontadas, seg¨²n los responsables de la compan¨ªa

La psicosis de espionaje clandestino a pol¨ªticos y profesionales no cesa de Incrementarse, alimentada por las noticias que van produci¨¦ndose en torno a supuestas escuchas y grabaci¨®n de conversaciones al margen de la ley. Los responsables de la Compa?¨ªa Telef¨®nica aseguran que toda intervenci¨®n se hace con arreglo a normas muy estrictas y siempre por orden de la autoridad judicial o gubernativa, al tiempo que se ofrecen como garantes de que "ya no quedan" polic¨ªas paralelas en sus instalaciones. En estos momentos se encuentran intervenidos legalmente en Espa?a 370 tel¨¦fonos, de los cuales un centenar lo son a petici¨®n de personas amenazadas o injuriadas a trav¨¦s de dicho medio.

Seg¨²n los responsables de la Compa?¨ªa Telef¨®nica, los sistemas de polic¨ªas paralelas existentes en tiempos pasados han sido des montados, tanto en lo que se refiere a la presencia f¨ªsica de funcionarios en las centrales, como a las estructuras, m¨¢s o menos oscuras, de confidentes. Hasta hace unos meses bastaba abrir una puerta junto al cuadro general de tel¨¦fonos, en la sede central de la entidad, para encontrarse con personas ajenas a la compa?¨ªa, cuyas actividades s¨®lo eran discretamente conocidas por los empleados, y que constitu¨ªan el residuo del montaje para escuchas procedente de la etapa predemocr¨¢tica. Todo esto ya no existe o, para ser absolutamente exactos -dicen fuentes de la compa?¨ªa- "aun queda algo", que "ser¨¢ retirado en cuesti¨®n de d¨ªas".No ya el Gobierno, sino los responsables de la compa?¨ªa, aseveran que las observaciones telef¨®nicas efectuadas en la actualidad lo son con arreglo a las previsiones legales y a normas estrictas. Para ello se ha seguido un plan iniciado en la ¨²ltima etapa de gobierno de UCD, con Julio Camu?as y Salvador S¨¢nchez Ter¨¢n como delegado del Gobierno y presidente de la compa?¨ªa, respectivamente, que han completado los actuales administradores socialistas, Mar¨ªa Paz Fern¨¢ndez Felgueroso y Luis Solana.

Este ¨²ltimo asevera que "estoy en condiciones de garantizar que no hay escuchas telef¨®nicas ilegales en las centrales de la compa?¨ªa", tras haberse efectuado la revisi¨®n de todas las instalaciones y personas que "pudieran significar un riesgo, en funci¨®n de que llega ron a esta casa como producto de la estrategia del r¨¦gimen franquista respecto a la Compa?¨ªa Telef¨®nica".

No todas las escuchas proceden de autos de investigaci¨®n sobree delincuentes. M¨¢s de un centenar corresponden a las demandas de personas amenazadas o injuriadas por tel¨¦fono, que solicitan la intervenci¨®n de la l¨ªnea para averiguar qui¨¦n es el autor de esos insultos o amenazas. Este sistema, llamado control de llamadas maliciosas, consiste en la conexi¨®n del tel¨¦fono a un circuito especial, con objeto de que el propio abonado provoque el funcionamiento de un mecanismo para retener el n¨²mero desde el que se hace la llamada indeseada.

Seg¨²n la compa?¨ªa, "en este tipo de observaci¨®n no se graba ni escucha la comunicaci¨®n" y el ¨²nico dato retenido es el n¨²mero que produce la llamada. La petici¨®n para ello se presenta al juez o a la polic¨ªa. Una norma interna de la CTNE indica que "en el caso de que sea solicitada por el propio abonado a la compa?¨ªa directamente, se le informar¨¢ que deber¨¢ cursar solicitud mediante la oportuna denuncia ante la autoridad judicial o gubernativa competente En supuesto de excepcional gravedad o urgencia, podr¨¢ dirigirse a la delegaci¨®n del Gobierno (en la compa?¨ªa), sin perjuicio de presentar simult¨¢neamente dicha denuncia".

En estos momentos se encuentran intervenidos legalmente 370 tel¨¦fonos en Espa?a, seg¨²n fuentes de la compa?¨ªa. Esta cifra es inferior a la facilitada recientemente por el ministro del Interior al Congreso de los Diputados, que mencion¨® 244. La explicaci¨®n obtenida por este peri¨®dico respecto a la diferencia reside en que el ministro s¨®lo se refiri¨® a las de car¨¢cter antiterrorista: el resto corresponde, seg¨²n parece, a las escuchas autorizadas por jueces ordinarios para investigaci¨®n de delitos comunes, y a las conexiones al circuito de llamadas maliciosas.

Las escuchas se efect¨²an normalmente en locales policiales ajenos a las centrales. Tanto los responsables de esta ¨²ltima como ingenieros y otros trabajadores coinciden en afirmar que se ha vaciado ya a la CTNE de instalaciones policiales. "Si el Gobierno lo pidiera", afirma el presidente, "estoy dispuesto a abrir todos los locales a una comisi¨®n parlamentaria, para que compruebe que no hay instalaciones policiales de ning¨²n tipo en la Compa?¨ªa Telef¨®nica".

Autoridades que pueden ordenar escuchas

F¨ªsicamente, la derivaci¨®n de la l¨ªnea para establecer una escucha la hacen funcionarios de polic¨ªa, pr¨¢cticamente en todos los casos. El personal de la compa?¨ªa se limita a mostrarles el cuadro correspondiente al tel¨¦fono mencionado en el auto judicial o policial que da lugar a la intervenci¨®n. En los ¨²ltimos a?os, y especialmente tras los asesinatos de dos delegados en Guip¨²zcoa y de la voladura de la central madrile?a de R¨ªos Rosas, los representantes de los trabajadores han presionado para conseguir una creciente desvinculaci¨®n respecto a las escuchas. Actualmente tienden a negarse a toda intervenci¨®n si no reciben orden escrita, en lugar de la meramente verbal que funcion¨® tiempo atr¨¢s "por razones de urgencia".En Espa?a s¨®lo hay dos autoridades gubernativas que pueden ordenar escuchas: son el ministro del Interior, Jos¨¦ Barrionuevo, y el director de la Seguridad del Estado, Rafael Vera. El primero tiene la obligaci¨®n de informar al Parlamento sobre las mismas, de acuerdo con lo establecido en la ley ant¨ªterrorista, que tambi¨¦n se?ala taxativamente los cargos facultados para tomar la iniciativa de una observaci¨®n por razones de urgencia y sujeta a confirmaci¨®n o revocaci¨®n por los jueces de la Audiencia Nacional.

A su vez, m¨¢s de un centenar de autoridades gubernativas tienen capacidad para establecer la conexi¨®n de un tel¨¦fono al ya mencionado circuito de llamadas maliciosas. De acuerdo con las normas internas de la Telef¨®nica, son "autoridad gubernativa competente" para ello el ministro del Interior, el director de la Seguridad del Estado, el director general de la Guardia Civil, el director general de la polic¨ªa, los gobernadores civiles, los jefes superiores de polic¨ªa, los comisarios provinciales y los jefes de comandancia de la Guardia Civil. Am¨¦n del propio delegado del Gobierno en la Telef¨®nica, para "casos urgentes".

Las dem¨¢s escuchas legales, mejor o peor reguladas, son responsabilidad de los jueces, que no est¨¢n obligados a dar cuenta de sus resultados.

Todo parece indicar que las escuchas telef¨®nicas constituyen s¨®lo una parte de las comunicac¨ªones privadas que, al parecer, resultan a menudo violadas en Espa?a. Existen varios sectores con capacidad t¨¦cnica para efectuar escuchas: la polic¨ªa gubernativa, la Guardia Civil, los servicios de inteligencia militar, un n¨²mero indeterminado de servicios secretos extranjeros; am¨¦n de otras personas que montan sistemas de observaci¨®n relacionados con el espionaje industrial, el contrabando de mercanc¨ªas, las causas de divorcio y un variado surtido de objetivos.