La negativa del Gobierno a transferir el IRYDA compromete la reforma agraria en Andaluc¨ªa

La realizaci¨®n de la reforma agraria en Andaluc¨ªa, anunciada hace varias semanas por el presidente de la Junta, Rafael Escuredo, y recibida con cierto recelo en la izquierda no socialista, puede verse seriamente comprometida si el Gobierno central contin¨²a neg¨¢ndose a transferir al andaluz las competencias sobre el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA). El consejero de Agricultura y Pesca, Miguel Manaute, a¨²n conf¨ªa en llegar a un acuerdo satisfactorio, a pesar de lo infructuoso de las negociaciones desarrolladas hasta ahora.

La ¨²ltima sesi¨®n negociadora entre ambas partes tuvo lugar el jueves d¨ªa 7, y en su transcurso se lleg¨® a un acuerdo completo en lo referido a las competencias del Instituto para la Conservaci¨®n de la Naturaleza (Icona), aceptando el Ministerio de Agricultura el texto alternativo presentado por la Junta andaluza, pero las discrepancias siguieron en pie en materia del IRYDA, "lo que dificulta la elaboraci¨®n del proyecto de ley de reforma agraria, que hemos prometido llevar al Parlamento andaluz en el pr¨®ximo oto?o", seg¨²n el consejero Manaute.El punto clave de la divergencia no se centra en la ejecuci¨®n de obras atribuidas al IRYDA, para cuyo traspaso al Gobierno andaluz no existen dificultades, sino en el problema fundamental de la pol¨ªtica de redistribuci¨®n de tierras, que el Ejecutivo presidido por Escuredo considera que le debe ser atribuida. Su argumento fundamental se basa en el texto del Estatuto de Autonom¨ªa andaluz, que en su art¨ªculo 18 declara como competencia exclusiva de la comunidad aut¨®noma andaluza "la reforma y el desarrollo del sector agrario".

?Quien firma los decretos?

Para el Gobierno andaluz, la pr¨¢ctica de una pol¨ªtica aut¨®noma de reforma agraria est¨¢ en funci¨®n, entre otras cosas, de la posibilidad de decidir sobre la propiedad de la tierra, sin necesidad de contar con el visto bueno de Madrid. "El tema est¨¢ en saber qui¨¦n tiene la ¨²ltima palabra, si Madrid o Sevilla, es decir, qui¨¦n firma los decretos de expropiaci¨®n", expresaba a EL PAIS un alto cargo del Gobierno andaluz, poniendo como ejemplo un caso llamativo de medidas expropiatorias de fincas por motivos de utilidad sociaLRepresentantes del Ministerio de Agricultura, por su parte, se atienen a lo previsto en la Constituci¨®n acerca de la pol¨ªtica agraria, donde tiene cabida tambi¨¦n una interpretaci¨®n restrictiva para los intereses de las comunidades aut¨®nomas. Adem¨¢s, en este departamento ministerial se teme que el ejemplo andaluz, en caso de conseguir sus aspiraciones en esta materia, sirva como punta de lanza y provoque una carrera de demandas semejantes por parte de otras comunidades, que hasta ahora se han conformado con un techo de competencias m¨¢s limitado.

Miguel Manaute, consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andaluc¨ªa, se mostraba, no obstante, optimista acerca de las posibilidades de llegar a un acuerdo final en las reuniones previstas para los pr¨®ximos d¨ªas, fundando su esperanza en los compromisos que el presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, habr¨ªa contra¨ªdo al respecto en su entrevista con Rafael Escuredo. "Esperamos que el ministerio haga al final un esfuerzo, como nosotros hemos hecho ya, y todo acabe bien", indic¨® Manaute. El anuncio de reforma agraria hecho por Escuredo en Ronda fue acogido de modo expectante por las fuerzas pol¨ªticas y sociales andaluzas, con elogios por parte del empresariado y cierto recelo del Partido Comunista de Andaluc¨ªa (PCA), Partido Socialista de Andaluc¨ªa (PSA) y Sindicato de Obreros del Campo (SOC), aunque del proyecto no se conoce nada en concreto. En medios agrarios independientes de partidos y sindicatos se coincide, de cualquier forma, en que una reforma agraria sin poder para decidir sobre la propiedad de la tierra y sin autonom¨ªa financiera -la financiaci¨®n habr¨¢ de correr a cargo del Estado-, quedar¨ªa muy lejos de las necesidades del campo andaluz.