Garcia Pelayo tiene casi asegurada la reelecci¨®n como presidente del Tribunal Constitucional

Los 12 magistrados que integran el Tribunal Constitucional se reunir¨¢n en los pr¨®ximos d¨ªas para elegir a su presidente y vicepresidente, ya que la ley Org¨¢nica del Tribunal establece que cada tres a?os debe procederse a nueva votaci¨®n. Seg¨²n las informaciones recogidas por este peri¨®dico, es muy probable que Manuel Garc¨ªa Pelayo (actual presidente) y Jer¨®nimo Arozamena (vicepresidente) sean confirmados en sus puestos para el pr¨®ximo trienio.

El Tribunal Constitucional cumpli¨® su tercer aniversario el pasado martes. A diferencia del a?o anterior, en que se celebr¨® un acto solemne de conmemoraci¨®n en la sede del Tribunal, en esta ocasi¨®n el aniversario ha transcurrido sin ninguna manifestaci¨®n especial, debido, seg¨²n se?al¨® el jefe del gabinete del presidente, a razones de austeridad.La ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional establece que "el Tribunal en pleno elige de entre sus miembros, por votaci¨®n secreta, a su presidente y eleva al Rey su nombramiento. El nombre del elegido se elevar¨¢ al Rey para cumplimiento por un per¨ªodo de tres a?os, transcurrido el cual podr¨¢ ser reelegido por una sola vez". De confirmarse la muy probable reelecci¨®n de Garc¨ªa Pelayo y Arozamena, ser¨ªa, en consecuencia, la ¨²ltima ocasi¨®n en que ambos magistrados ocupen los puestos de presidencia y vicepresidencia, respectivamente.

El Tribunal se encuentra sujeto en estos momentos a la incertidumbre de sus cambios internos, ya que los dos partidos mayoritarios, PSOE y Alianza Popular, no logran ponerse de acuerdo para renovar a los cuatro magistrados que corresponde elegir al Congreso de los Diputados. Las negociaciones entre ambos partidos se encuentran rotas y no se reanudar¨¢n hasta el pr¨®ximo mes de septiembre.

Sentencia sobre la LOAPA

En otro orden de cosas, fuentes pr¨®ximas a los magistrados han manifestado que la sentencia sobre el proyecto de Ley Org¨¢nica Armonizadora del Proceso Auton¨®mico (LOAPA) se har¨¢ p¨²blica dentro de pocos d¨ªas. "Unos cuantos d¨ªas antes del 1 de agosto", fue todo lo m¨¢s que precis¨® la fuente informante, quien, por otra parte, se?al¨® que la sentencia -"una de las de mayor extensi¨®n y complejidad de las dictadas hasta ahora"- est¨¢ en proceso de ultimar su redacci¨®n, tarea de la que se encarga la magistrada ponente Gloria Begu¨¦."Ya hace un par de semanas que las deliberaciones han concluido", indic¨® uno de los magistrados, 'y el Tribunal ha dicho todo lo que ten¨ªa que decir sobre la LOAPA. Cuando concluya la redacci¨®n final, el pleno volver¨¢ a reunirse e inmediatamente se har¨¢ p¨²blica".

Otras fuentes indican que la sentencia no se har¨¢ p¨²blica antes de la entrevista que mantendr¨¢n el presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, y el del Gobierno Aut¨®nomo Vasco, Carlos Garaikoetxea, el pr¨®ximo d¨ªa 21.

La absoluta discreci¨®n con que los magistrados del Tribunal concluyen sus trabajos ha impedido que puedan conocerse con exactitud las l¨ªneas maestras de tan importante sentencia. No obstante, todas las interpretaciones recogidas en medios pol¨ªticos apuntan hacia la misma direcci¨®n: el Tribunal puede declarar inconstitucional todo el t¨ªtulo 1 del proyecto de ley que incluye el pol¨¦mico art¨ªculo cuarto, que fue el principal punto de fricci¨®n entre nacionalistas y representantes de la Administraci¨®n central desde que se redact¨® el primer borrador de la LOAPA.

Competencias entre el Estado y las comunidades aut¨®nomas

El t¨ªtulo I hace referencia a la distribuci¨®n de competencias entre el Estado y las comunidades aut¨®nomas. El art¨ªculo cuarto establece: "Las normas que el Estado dicte en el ejercicio de las competencias que le reconoce el art¨ªculo 149.1 de la Constituci¨®n prevalecer¨¢n, en todo caso, sobre las normas de las comunidades aut¨®nomas, cualquiera que sea la denominaci¨®n de las competencias que a ¨¦stas atribuyen sus estatutos", texto que los nacionalistas han interpretado como una amenaza permanente a su capacidad de gesti¨®n aut¨®noma.Si la interpretaci¨®n inconstitucional de este decisivo t¨ªtulo de la ley es confirmada por la sentencia del Tribunal, tal y como aseguran los parlamentarios vascos y catalanes, significar¨ªa un duro golpe para el Gobierno. "Nosotros acataremos lo que digan los 12 magistrados", manifest¨® el secretario de Estado para las relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, "sea en el sentido que sea. Si se dot¨® el texto de las llamadas bacatio legis, es decir, que la ley no puede entrar en vigor hasta cinco meses despu¨¦s de su aprobaci¨®n, fue precisamente para darle tiempo al Tribunal a que se pronunciara sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad".

En medios gubernamentales, por otro lado, existe un marcado pesimismo en cuanto al contenido de la sentencia, ya que sus informaciones coinciden con la que poseen los nacionalistas. En cualquier caso, pese a la satisfacci¨®n de los diputados vascos y catalanes por su convencimiento de que el Tribunal declarar¨¢ inconstitucional el t¨ªtulo I, tampoco los representantes del Partido Nacionalista Vasco y Converg¨¦ncia han perdido por ello sus recelos frente a la LOAPA.

"Creemos que el Tribunal confirma en su sentencia el car¨¢cter org¨¢nico de la LOAPA", coment¨® un cualificado portavoz vasco, .y eso nos preocupa porque le deja al Gobierno central la posibilidad de modificar nuestros estatutos de autonom¨ªa".

Sentencia interpretativa

Otra de las previsiones sobre la sentencia en que coinciden tanto los medios nacionalistas consultados como los del Gobierno, central es la que apunta a que los magistrados no van a "deshacer un conflicto que los partidos pol¨ªticos no han logrado resolver", se?al¨® una fuente del Ministerio de Administraci¨®n Territorial. En este sentido, se cree que la sentencia ser¨¢ en gran parte interpretativa, es decir, que se especificar¨¢n todas las posibilidades que ofrece cada art¨ªculo de la ley dentro de la Constituci¨®n.Ya existe un precedente sobre sentencias marcadamente interpretativas del Tribunal Constitucional. Cuando se plante¨® el conflicto de si el Gobierno deb¨ªa o no regular la televisi¨®n privada, el Tribunal dictamin¨¦ que el Gobierno, no estaba obligado a hacerlo, pero tampoco estaba obligado a lo contrario. Es en estos t¨¦rminos en los que puede pronunciarse el tribunal en gran parte de los puntos conflictivos de la LOAPA, seg¨²n la impresi¨®n general de las fuentes consultadas.