Las Cortes respaldaron la expropiaci¨®n de Rumasa, completaron el mapa auton¨®mico y dieron un 'cambio' al C¨®digo Penal

La entrada en vigor de la reforma parcial y urgente del C¨®digo Penal, que se. inici¨® el domingo, una vez superada la vacatio legis, de 20 d¨ªas, desde que el 27 de junio pasado fue publicada por el BOE, tendr¨¢ como consecuencia la salida de presos a la calle por aplicaci¨®n de la reforma a los hechos punibles realizados con anterioridad, cuando los nuevos preceptos favorezcan al reo.

Estos beneficios, unidos a los de las nuevas normas de rehabilitaci¨®n y redenci¨®n de penas por el trabajo y a los derivados de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal en lo que se refiere al acortamiento de los plazos de permanencia en prisi¨®n provisional, convierten a la poblaci¨®n penitenciaria en uno de los colectivos primeramente afectados por el cambio legislativo.

Pero no s¨®lo en los establecimientos penitenciarios ser¨¢n perceptibles los efectos de las reformas jur¨ªdicas emprendidas por el PSOE. La supresi¨®n del delito objetivo y la multirreincidencia, la nueva tipificaci¨®n de los delitos contra la propiedad, en virtud m¨¢s de las circunstancias concurrentes que de la cuant¨ªa de lo aprehendido, la consagraci¨®n legal del delito-masa -aplicada recientemente en la sentencia condenatoria a los asaltantes del Banco Central de Barcelona-, la despenalizaci¨®n de la mera tenencia de droga para el consumo, la protecci¨®n penal del ejercicio del derecho de huelga y sindicaci¨®n, la supresi¨®n del delito de conducir sin permiso y de la retirada definitiva del mismo y, en general, la nueva filosof¨ªa de humanizar y racionalizar las sanciones, tendr¨¢n una incidencia directa sobre la vida ciudadana.

A las novedades legislativas citadas hay que a?adir la mejora de las condiciones laborales mediante el establecimiento de 40 horas de jornada semanal m¨¢xima y 30 d¨ªas de vacaciones anuales m¨ªnimas y aquellas otras de car¨¢cter coyuntural, como la reparaci¨®n urgente de los da?os producidos por las inundaciones en Catalu?a y Huesca, las medidas excepcionales por la escasez de recursos hidr¨¢ulicos a consecuencia de la sequ¨ªa, o las medidas urgentes en materia de ¨®rganos de gobierno de las universidades. La modificaci¨®n de la ley de Elecciones Locales -que cambia ell sistema de elecci¨®n de los diputados provinciales- permiti¨® que los comicios del 8 de mayo se adaptaran a la nueva normativa.

Incluyendo tambi¨¦n la habilitaci¨®n de cr¨¦ditos y r¨¦gimen de anticipo de fondos por insuficiencias presupuestarias y la propia ley de Presupuestos Generales del Estado para 1983 se completa el total de 17 leyes promulgadas hasta ahora -ocho de ellas, org¨¢nicas, de las cuales cuatro corresponden a los estatutos de autonom¨ªa de Baleares, Extremadura, Castilla-Le¨®n y Madrid-, que representan el resultado m¨¢s concreto y efectivo de la tarea legislativa realizada por el Parlamento surgido de las elecciones del 28 de octubre durante los siete primeros meses de la actual legislatura. Pendiente .de publicaci¨®n en el BOE se encuentra la ley reguladora del derecho de reuni¨®n.

La moralizaci¨®n de la administraci¨®n p¨²blica, uno de los aspectos m¨¢s positivos de la acci¨®n de Gobierno socialista, se ha quedado reducida, en la pr¨¢ctica, por el momento, a dos textos ya debatidos en comisi¨®n y pendientes de estudio por el Pleno del Congreso para el pr¨®ximo per¨ªodo de sesiones. Se trata de las incompatibilidades de diputados y senadores y de altos cargos, mediante las cuales el Gobierno desea ejemplarizar antes de aplicar generalizada mente el principio "un hombre, un sueldo".

Tres proyectos de ley ya aprobados por el Pleno del Congreso, y que el Senado debatir¨¢ en agosto, cierran la actividad legislativa durante esta primera etapa. Se trata de la organizaci¨®n de la Administraci¨®n central del Estado -la ley que convalidar¨¢ el decreto-ley con arreglo al cual se es tructur¨® y comenz¨® a actuar la nueva Administraci¨®n socialista-, la modificaci¨®n del r¨¦gimen jur¨ªdico del control de cambios que agrava la pena para el delito monetario- y la reforma universitaria, que viene a regular la autonom¨ªa constitucionalmente reconocida a la Universidad, tras cuatro intentos de LAU, frustrados durante la anterior legislatura, que costaron la cartera a tres ministros centristas.

Otros proyectos de ley en avanzado estado de tramitaci¨®n, ya en el Senado, pero que no saltar¨¢n a las p¨¢ginas del Bolet¨ªn Oficial del Estado hasta bien avanzado el se gundo semestre, afectan, entre otros temas, a la modernizaci¨®n de la instituci¨®n civil de la tutela de menores e incapacitados; modificaci¨®n de las competencias de la Audiencia Nacional, de la que quedan excluidos los delitos de desacato cometidos a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n social; medidas financieras de est¨ªmulo a la exportaci¨®n, y creaci¨®n de sendos organismos promovidos por el Ministerio de Cultura: el Instituto de los Derechos de la Mujer y el Consejo de la Juventud de Espa?a.

Tambi¨¦n ha quedado dictaminado por la comisi¨®n, y pendiente del debate en el Pleno del Congreso, la regulaci¨®n de la asistencia letrada al detenido, primer paso legislativo hacia la necesaria erradicaci¨®n de las torturas policiales. En cambio, la despenalizaci¨®n del aborto en los casos de peligro para la vida o la salud de la madre, probables taras en el feto o embarazo a causa de violaci¨®n, s¨®lo ha superado el tr¨¢mite de ponencia, en donde, por cierto, no ha prosperado el intento de algunas diputadas socialistas de introducir que el aborto, en dichos casos, sea realizado y pagado por la Seguridad Social. Este proyecto de ley se ha retrasado m¨¢s de lo anunciado por el PSOE, cuando explic¨® que su desglose de la reforma parcial y urgente del C¨®digo Penal s¨®lo demorar¨ªa en unas semanas su aprobaci¨®n.

Casi reci¨¦n entradas en el Parlamento se encuentran m¨¢s de 20 leyes, que ocupar¨¢n gran parte de la actividad del per¨ªodo de sesiones septiembre-diciembre, y algunas de las cuales tendr¨¢n que quedar pendientes para el pr¨®ximo a?o. Por su importancia, destacan los proyectos de ley de asilo, del derecho a la educaci¨®n, del tercer canal de televisi¨®n, derecho de rectificaci¨®n, reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil y reguladora de la iniciativa legislativa popular.

Del total de 50 proposiciones de ley presentadas, el Pleno del Congreso s¨®lo ha aceptado, por el momento, la toma en consideraci¨®n de cinco.