UGT y AP obligan a Saavedra a rectificar un decreto sobre funcionarios en Canarias

El presidente del Gobierno aut¨®nomo canario, Jer¨®nimo Saavedra, del PSOE, ha decidido revisar un reciente decreto suyo por el que se aprobaba el reglamento de la Inspecci¨®n General de Servicios de la Administraci¨®n de la comunidad aut¨®noma, el cual hab¨ªa provocado una dura protesta de la federaci¨®n de servicios p¨²blicos de UGT y de la oposici¨®n en el Parlamento regional, por entender que la figura de inspector general quedaba revestida de excesivos poderes de control, vigilancia y promoci¨®n de los funcionarios, lo que pod¨ªa favorecer el clientelismo pol¨ªtico.

El Grupo Popular lleg¨® en sus cr¨ªticas al decreto a sospechar que con el mismo se intentaba fomentar cierto "favoritismo hacia los funcionarios que militen en un determinado partido pol¨ªtico", seg¨²n declar¨® su portavoz en la C¨¢mara, Francisco Marcos. Este grupo present¨® una pregunta al Gobierno pidi¨¦ndole explicaciones sobre el decreto.Por su parte, la federaci¨®n de servicios p¨²blicos de UGT denunci¨® en Tenerife, a trav¨¦s de un comunicado, el car¨¢cter inquisitorial y decimon¨®nico de las competencias atribuidas al citado inspector, que, en su opini¨®n, violan lo establecido en la Constituci¨®n en cuanto al r¨¦gimen funcionarial y a la carrera administrativa. Dicho sindicato, que entendi¨® que el presidente hab¨ªa podido ser sorprendido por alg¨²n asesor en su buena fe, descalific¨® el procedimiento creado mediante dicho decreto para la promoci¨®n y los ascensos de los funcionarios, al estimar que el mismo carec¨ªa de objetividad e imparcialidad.

Entre las competencias del pol¨¦mico inspector general de servicios destaca la de "redactar la nota confidencial de calificaci¨®n de los distintos funcionarios en la que consten los datos y antecedentes que puedan reunirse con el mayor celo y con car¨¢cter fidedigno acerca de los merecimientos, y muy singularmente de sus especiales aptitudes para servir en determinados ramos y puestos de la Administraci¨®n", seg¨²n el citado decreto. Esta funci¨®n desborda, seg¨²n UGT y las fuerzas pol¨ªticas de oposici¨®n, el papel de un ¨®rgano como el que se crea ahora. El portavoz de Izquierda Canaria en el Parlamento, Oswaldo Brito, interpel¨® al Gobierno sobre la cuesti¨®n, y el diputado Fernando Fern¨¢ndez, del CDS, defini¨® la figura de dicho inspector como la de un comisario pol¨ªtico.

El decreto 324/1983 de la presidencia hab¨ªa sido publicado el pasado d¨ªa 12 en el Bolet¨ªn Oficial de la Comunidad Aut¨®noma de Canarias. La citada federaci¨®n de servicios p¨²blicos de UGT exigi¨® la derogaci¨®n del mismo, anunciando que de lo contrario recurrir¨ªa al defensor del pueblo. El propio portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento aut¨®nomo, Augusto Brito, afirm¨® que, si bien compart¨ªa la necesidad de un control de la funci¨®n p¨²blica, deber¨ªan ser corregidos los aspectos del decreto que no supusieran una actuaci¨®n objetiva. En otro decreto posterior de la presidencia se hab¨ªa convocado, incluso, el concurso de m¨¦ritos para cubrir la plaza de inspector general de los servicios de la Administraci¨®n auton¨®mica.

El presidente del Gobierno canario, Jer¨®nimo Saavedra, se ha hecho ahora eco de las cr¨ªticas y ha anunciado, a trav¨¦s de su gabinete de Prensa, la revisi¨®n del conflictivo decreto "en la l¨ªnea de desposeer a la normativa de aquellos elementos subjetivos que en ella pudieran contenerse".