Una nueva red de vigilancias ilegales sale a la luz en las industrias del Vall¨¦s Occidental

Varias empresas del pol¨ªgono industrial Can Jard¨ª, en Rub¨ª, de la comarca del Vall¨¦s Occidental (Barcelona), pagan una cuota mensual de 3.000 pesetas a un grupo de personas, presuntamente miembros de la Polic¨ªa Nacional, que les proporcionan una vigilancia especial, seg¨²n informaciones de procedencia municipal y empresarial a las que ha tenido acceso EL PAIS un dia despues de que salieran a la luz los casos del Baix Llobregat. Estos servicios incontrolados de vigilancia, -cuyos autores Podr¨ªan ser polic¨ªas nacionales de Sabadell, seg¨²n los responsables de algunas de las 65 empresas del pol¨ªgono consultados por este peri¨®dico-, podr¨ªan tener ramificaciones por toda la comarca del Vall¨¦s Occidental.Aunque se desconoce quien dirige en ¨²ltima instancia la red ilegal de vigilancia, est¨¢ comprobado que funciona como una empresa perfectamente organizada, tal como se desprende de la regularidad de las relaciones que mantiene con sus clientes. EL PAIS ha tenido acceso a la contabilidad de una empresa del Vall¨¦s donde se especifica, con justificantes, el pago de 3.000 pesetas mensuales en concepto de vigilancias especiales. En otra de las empresas guardaban justificantes de los pagos, que experimentan incrementos anuales seg¨²n el coste de la vida.

El directivo que denunci¨® el caso alentado por las informaciones referentes a la irregularidad de estas pr¨¢cticas en el Baix Llobregat, explic¨® que "hace tres a?os que estoy pagando, y casi todas las empresas de los pol¨ªgonos industriales de la comarca hacen lo mismo".

Cobro por banco

Seg¨²n ese empresario, "hasta ahora consideraba l¨®gicos esos pagos, pero al leer que las vigilancias especiales remuneradas a base de polic¨ªas son ilegales cre¨ª que habia llegado el momento de denunciar el caso". El empresario, que media hora antes de recibir a EL PAIS hab¨ªa pagado las tres mil pesetas correspondientes a julio, detall¨® que "hasta diciembre de 1982 pagu¨¦ los recibos a trav¨¦s del banco, pero luego empezaron a cobrar a mano". "Tras efectuar el pago en met¨¢lico me entregan este recibo", explic¨®, mientras mostraba un peque?o impreso en el que se inclu¨ªa el nombre de su empresa, la fecha de pago y una r¨²brica. Este recibo, a diferencia de los de pagos tramitados a trav¨¦s del banco, no especificaba el concepto seguridad especial".Algunos pagos a trav¨¦s de entidad bancaria fueron hechos en la agencia del Banco Comercial Trasanl¨¢ntico (Bancotrans), de Rub¨ª. El director explic¨® a EL PAIS que desconoc¨ªa el trasfondo del tema y que el mecanismo bancario dificulta conocer la identidad de las personas que pudieran haber cobrado esos pagos hace unos meses.

El responsable de f¨¢brica de otra empresa del pol¨ªgono tambi¨¦n reconoci¨® a este peri¨®dico la existencia del servicio de protecci¨®n y el pago mensual de tres mil pesetas "desde hace varios a?os" y asegur¨® que estaba contento del servicio "porque por tres mil pesetas estoy muy tranquilo"."Si tuviera que contratar una empresa de vigilancia especializada me costar¨ªa mucho m¨¢s caro. Quiz¨¢ sea una irregularidad, pero lo cierto es que no nos podemos quejar".

Miquel Llugany, alcalde de Rub¨ª, no se mostr¨® soprendido cuando se le puso en conocimiento de lo que ocurr¨ªa en el pol¨ªgono Can Jard¨ª: "Se trata de una empresa con polic¨ªas nacionales de Sabadell que por las tardes se dedican a vigilar zonas industriales". Luego subray¨® que en la poblaci¨®n s¨®lo hay 36 urbanos y que, por lo tanto, la vigilancia policial "no puede ser muy efectiva".

Por citar un ejemplo, el alcalde de Rub¨ª explic¨® que para los treinta mil habitantes de su localidad s¨®lo hay dos coches patrulla por las calles, por lo que la gente estima que "cualquier tipo de vigilancia nos es positiva". Tambi¨¦n dijo que "el problema de Can Jard¨ª es que hasta 1981 los urbanos no vigilaban las calles del pol¨ªgono porque no era zona urbana", lo que sin duda aprovecharon los organizadores de las actuales vigilancias especiales para montar su negocio.