El tribunal niega la posibilidad de que existan leyes interpretativas de la Constituci¨®n

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150.3 constituye una pieza en el sistema global de distribuci¨®n de competencias entre el Estado y las comunidades, debido a lo cual s¨®lo es aplicable a aquellos supuestos en. que el legislador estatal no disponga de otros cauces constitucionales para el ejercicio de su potestad legislativa, o ¨¦stos no sean suficientes para garantizar la armon¨ªa exigida por el inter¨¦s general.

Del an¨¢lisis pormenorizado que a continuaci¨®n lleva a cabo la sentencia de los preceptos acotados previamente como armonizadores, resulta en todos los casos, a juicio del Tribunal, que el legislador estatal dispon¨ªa de una expresa atribuci¨®n constitucional para dictar las correspondientes normas, debido a lo cual no puede asignarse al proyecto impugnado car¨¢cter armonizador.

La extralimitaci¨®n del legislador

La parte de la sentencia doctrinalmente m¨¢s interesante y novedosa se recoge en el an¨¢lisis que hace el Tribunal Constitucional de los limites intr¨ªnsecos de la potestad legislativa del Estado. La sentencia examina la capacidad del legislador estatal para dictar normas relativas al ¨¢mbito competencial de las comunidades aut¨®nomas que precisen el alcance de los conceptos jur¨ªdicos utilizados en el texto constitucional, integren la determinaciones constitucionales o incidan directamente sobre el sistema de distribuci¨®n de competencias previsto en la Constituci¨®n, sin una atribuci¨®n contenida en la misma de forma expresa.

La sentencia reconoce que las Cortes Generales, en tanto que titulares de la potestad legislativa del Estado (art¨ªculo 66 de la Constituci¨®n), pueden legislar en principio sobre cualquier materia sin necesidad de poseer un t¨ªtulo espec¨ªfico para ello. "Pero esta potestad", puntualiza la sentencia, "tiene sus l¨ªmites, derivados de la propia Constituci¨®n, y, en todo caso, lo que las Cortes no pueden hacer es colocarse en el mismo plano que el poder constituyente realizando actos propios de ¨¦ste, salvo en el caso de que la propia Constituci¨®n le atribuya alguna funci¨®n constituyente".

"Al Tribunal Constitucional corresponde, en su funci¨®n de int¨¦rprete supremo de la Constituci¨®n", se a?ade en la sentencia, "custodiar la permanente distinci¨®n entre la objetivaci¨®n del poder constituyente y la actuaci¨®n de los poderes constituidos, los cuales nunca podr¨¢ rebasar los l¨ªmites y las competencias establecidas por aqu¨¦l".

A partir de estos supuestos gen¨¦ricos, la sentencia precisa los criterios que, en virtud de la norma que vincula a todos los poderes p¨²blicos a la Constituci¨®n (art¨ªculos 9.11 c. e.) operan como l¨ªmites a la potestad legislativa de las Cortes Generales y se?ala que "el legislador estatal no puede incidir, con car¨¢cter general, en el sistema de delimitaci¨®n de competencias entre el Estado y las comunidades aut¨®nomas sin una expresa previsi¨®n". "El legislador", se a?ade luego, "tampoco puede dictar normas que incidan en el sistema constitucional de distribuci¨®n de competencias para integrar hipot¨¦ticas lagunas existentes en la Constituci¨®n. Tampoco puede incidir indirectamente en la delimitaci¨®n de competencias mediante la interpretaci¨®n de los criterios que sirven de base a la misma".

En consecuencia, despu¨¦s de llevar a cabo el an¨¢lisis pormenorizado del articulado del proyecto de ley recurrido, la sentencia considera que los art¨ªculos que integran el T¨ªtulo I (con excepci¨®n del 5.4, el 6, 7.2, p¨¢rrafo primero, y 8) resultan inconstitucionales por sobrepasar los l¨ªmites de la potestad legislativa el Estado, considerando igualmente por la misma raz¨®n inconstitucionales los art¨ªculos 22 c, 34.1, 37.2 y un inciso del art¨ªculo 37.1, que se precisa en el fallo. De igual modo se declaran inconstitucionales los art¨ªculos 23 y 24, "por incidir en el n¨²cleo competencial fundamental de las comisiones mixtas que establecen todos los estatutos de autonom¨ªa".

Los restantes art¨ªculos del T¨ªtulo IV, referido a las transferencias de servicios, del que forman parte los dos ¨²ltimos preceptos mencionados, deben considerarse constitucionales en opini¨®n del Tribunal, "por cuanto se limitan a dictar normas dirigidas a la Administraci¨®n del Estado o regulan aspectos formales de los reales decretos de transferencia o son simplemente el resultado del ejercicio leg¨ªtimo de competencias estatales".

Fallo del tribunal

En el ¨²ltimo folio de la sentencia se recoge el fallo del Tribunal Constitucional en el que se estima que el proyecto de Ley Org¨¢nica de Armonizaci¨®n del Proceso Auton¨®mico (LOAPA), no puede promulgarse como ley org¨¢nica ni armonizadora. Asimismo se declaran inconstitucionales los art¨ªculos 1, 2, 3, 4, 5.1, 2 y 3, 7.1 y 2 (p¨¢rrafo segundo; 9, 10, 22 c, 23 24.2, 34.1 y 37.2, as¨ª como los incisos contenidos en los art¨ªculos 32.2 y 37.1, "en funci¨®n de la implantaci¨®n real de la misma" (art¨ªculo 32.2.a), y "de conformidad con lo que disponga la legislaci¨®n prevista en el art¨ªculo 149.1.18 de la misma y la que, en su desarrollo, puedan dictar las comunidades aut¨®nomas (art¨ªculo 37.1), por vulnerar los preceptos' constitucionales en los t¨¦rminos fijados en los correspondientes fundamentos jur¨ªdicos de esta sentencia".