La larga lucha contra la censura

Hace pocos d¨ªas, el secretario general de Gobierno de Chile declaraba: "En Chile, ahora existe plena libertad de Prensa". El funcionario hablaba dentro del contexto de la apertura pol¨ªtica que ha venido impulsando el nuevo ministro del Interior, Sergi¨® Onofre Jarpa.El secretario general de Gobierno alud¨ªa a una situaci¨®n real, aunque enteramente parcial y manipulada: las presiones ejercidas habitualmente sobre la Prensa hablada y escrita disminuyeron desde que Jarpa asumi¨® su cargo. Esto, sin embargo, s¨®lo se acerca a un simulacro muy burdo de libertad de Prensa. El Colegio de Periodistas, en una declaraci¨®n p¨²blica, se apresur¨® a decirlo. Puede que disminuyan o terminen por completo las presiones sobre la Prensa existente, pero el art¨ªculo 24 transitorio de la Constituci¨®n sigue en vigencia. Ese art¨ªculo, que ha sido la piedra angular del pinochetismo desde la promulgaci¨®n de la Constituci¨®n de 1980, aprobada mediante plebiscito, establece, entre otras limitaciones a las libertades previstas en el mismo texto constitucional, que el "presidente de la Rep¨²blica tiene facultades para ( ... ) restringir la libertad de informaci¨®n ( ... ) en cuanto a la fundaci¨®n, edici¨®n o circulaci¨®n de nuevas publicaciones".

Fantas¨ªa de Kafka

En otras palabras, la Prensa que logr¨® sobrevivir al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 obtiene cierto respiro, pero los partidos de oposici¨®n no podr¨¢n fundar nuevos diarios y revistas. Tendr¨¢n que contentarse con los escasos medios que tienen hasta este momento: la revista Hoy, apoyada por la Democracia Cristiana; Radio Cooperativa; algunas revistas ligadas a la Iglesia; la revista Apsi, de centro-izquierda, que s¨®lo tiene autorizaci¨®n para tocar temas internacionales y que habla entre l¨ªneas de Chile a trav¨¦s de informaciones extranjeras.

D¨ªas m¨¢s tarde, el Gobierno puso t¨¦rmino al estado de emergencia, pero su voluntad de controlar la Prensa qued¨®, si esto es posible, todav¨ªa m¨¢s de manifiesto. Seg¨²n la Constituci¨®n de 1980, el art¨ªculo 24 transitorio s¨®lo es aplicable cuando concurren algunos de los estados de excepci¨®n que el mismo texto constitucional enumera. Pues bien, el Gobierno acaba de poner fin al estado de emergencia, pero ha mantenido en pie otro estado, descrito con una terminolog¨ªa digna de una fantas¨ªa de Franz Kafka o de George Orwell: el "estado de peligro de perturbaci¨®n de la paz interior".

Para los chilenos, la derogaci¨®n del estado de emergencia s¨®lo signific¨®, en la pr¨¢ctica, que podr¨¢n circular en autom¨®viles privados entre las dos y las cinco de la madrugada. Se suprim¨ªa el toque de queda. Este, a?os atr¨¢s, hab¨ªa sido suavizado y se hab¨ªan permitido los desplazamientos nocturnos a pie, en veh¨ªculos de transporte colectivo y en veh¨ªculos de tracci¨®n animal. Cuando el poeta Enrique Lihn utiliz¨® este decreto, tambi¨¦n notable por su lenguaje, en un poema, recibi¨® una visita de la polic¨ªa pol¨ªtica en su despacho universitario. Fue una visita amable, s¨®lo de advertencia. Nadie le confisc¨® sus papeles y pudo seguir dictando sus clases sin volver a ser molestado.

Hay que comprender las sutilezas y la hipocres¨ªa oficial en esta materia. El golpe de septiembre del a?o 1973, que hasta hace poco s¨®lo se pod¨ªa mencionar en Chile con la palabra pronunciamiento, fue dado para "restablecer las libertades p¨²blicas", amenazadas por la embestida revolucionaria. Hasta esa fecha, y desde sus comienzos republicanos, Chile hab¨ªa sido un pa¨ªs de tradici¨®n liberal, que hab¨ªa conocido muy poco el fen¨®meno de la censura de Prensa y de libros. Mucho menos que Per¨², que la Argentina de los militares y del peronismo, que el Brasil de la revoluci¨®n militar o de Getulio Vargas.

Uno de los primeros actos constitucionales de la historia chilena, despu¨¦s de formada la primera Junta de Gobierno, fue la proclamaci¨®n de la libertad de imprenta, en 1811. En ese momento se abolieron las juntas de censura, que funcionaban en las aduanas y que ejerc¨ªan el control colonial de los libros y de los impresos, bajo la vigilancia de la Inquisici¨®n. Era, parece, una vigilancia laxa. Existen numerosos testimonios que demuestran que los libros subversivos, en los a?os finales de la colonia, burlaban los controles y que las lecturas predilectas de los santiaguinos de? siglo XVIII eran Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Helvecio.

La reacci¨®n conservadora, que sobrevino despu¨¦s de la anarqu¨ªa que sigui¨® a las guerras de independencia, restableci¨® las juntas aduaneras de censura. Andr¨¦s Bello, en art¨ªculos de Prensa publicados a partir de 1831, se refiri¨® al tema con su prudencia habitual. Justificaba la censura de libros, pero advert¨ªa en contra de, sus excesos, y se?alaba, de paso, que la pr¨¢ctica hab¨ªa demostrado su inutilidad, puesto que los libros censurados eran los m¨¢s buscados y le¨ªdos. En uno de sus art¨ªculos defendi¨® con notable elocuencia el g¨¦nero narrativo, a prop¨®sito de la prohibici¨®n de Delfina, una novela de madame De Stael.

Las juntas aduaneras de censura fueron abolidas definitivamente en el Chile republicano el 31 de julio de 1878. Ni siquiera el comienzo de la guerra del Pac¨ªfico, al a?o siguiente, fue pretexto suficiente para restaurarlas.

La bayoneta y el impuesto

La censura s¨®lo fue restablecida en Chile alrededor de un siglo despu¨¦s de la abolici¨®n de las juntas aduaneras coloniales, a fines de septiembre de 1973, por un bando militar emitido por la Junta, que hab¨ªa tomado el gobierno con el pretexto de restablecer las libertades amenazadas. Antes de eso, la Junta hab¨ªa confiscado todos los diarios y revistas de la Unidad Popular, incluyendo diarios que simpatizaban con el r¨¦gimen de Allende, pero que no pertenec¨ªan a partidos pol¨ªticos, tales como Clar¨ªn y La ?tima Hora.

En lo que se refiere a los libros, los bandos militares de las primeras etapas del r¨¦gimen hab¨ªan establecido un sistema estricto de censura previa, tanto para los impresos en Chile como para las obras importadas. En los d¨ªas que siguieron al golpe hubo algunas quemas en las calles, suspendidas cuando la Prensa extranjera se encarg¨® de recordar los autos de fe del nazismo, y algunas prohibiciones pintorescas, como la de un libro titulado Cubismo, que alguien supuso de inspiraci¨®n castrista. Pronto se afin¨¦ la punter¨ªa y los controles adquirieron mayor sutileza. Las teor¨ªas monetaristas de Milton Friedman sirvieron, por otra parte, para justificar una medida muy ¨²til: se aplic¨® a los libros el 20% del IVA (impuesto sobre el valor a?adido) en las mismas condiciones que a todos los dem¨¢s productos, a fin de no crear mercader¨ªas privilegiadas ni distorsionar las leyes del mercado.

En vez de la igualdad social, el igualitarismo de las mercader¨ªas, dentro de una econom¨ªa ultralibre. Como el IVA de los libros tiene que pagarse a la salida de la aduana o de la imprenta, mucho antes de su venta al p¨²blico, Chile se convirti¨® en el pa¨ªs de libros m¨¢s caros y de alcoholes importados m¨¢s baratos del mundo. Salimos de los circuitos del conocimiento contempor¨¢neo, pero ingresamos en la cultura de los spots publicitarios multinacionales y de las teleseries mexicanas. Ya se sabe que el ¨¢rbol del conocimiento produce frutos envenenados, probables portadores de lo que un general aficionado a las met¨¢foras llam¨® el "c¨¢ncer marxista", y en cambio un amable vaso de whisky escoc¨¦s, bebido frente a una pantalla en colores, en la calma nocturna del toque de queda, a buen recaudo de todo peligro de perturbaci¨®n de la paz interior, alegra y relaja el esp¨ªritu.

Las columnas de opini¨®n

En los a?os 1978, 1979, 1980, los controles de la Prensa y de los libros, en forma probablemente calculada y en la medida en que hab¨ªa manifestaciones de bonanza econ¨®mica, perdieron algo de su intensidad. Los libros extranjeros empezaron a entrar en peque?a escala, sin solicitar de hecho permisos administrativos, pero con una notoria autocensura de importadores y libreros.

Ah¨ª se empezaron a escuchar voces cr¨ªticas, decepcionadas, en algunos casos, del pinochetismo, o identificadas, en otros, con una oposici¨®n que se reagrupaba y se reconoc¨ªa. Se habl¨®, a este respecto, de un parlamento de los columnistas. Este parlamento escrito, con diversos accidentes de transcurso, ha continuado hasta ahora y ha conseguido fortalecer el tono.

Otro fen¨®meno interesante, por los mismos a?os, fue la aparici¨®n de un grupo de periodistas femeninas que desarroll¨® el g¨¦nero de la entrevista de prensa a fondo, donde se publicaban opiniones muy incisivas de los descontentos y se hac¨ªan preguntas inc¨®modas a los personajes del oficialismo.

En estas condiciones, en v¨ªsperas del plebiscito constitucional de 1980, que iba a consagrar la permanencia del general Pinochet en el poder hasta 1989, con posibilidad legal de reelecci¨®n, muchos columnistas de la Prensa escrita pudimos hacer una m¨ªnima pero clara campa?a en favor del no. Tambi¨¦n se practicaron encuestas, y todos los escritores, intelectuales y artistas entrevistados, con la excepci¨®n de funcionarios sin peso alguno en la vida cultural, se pronunciaron en contra del proyecto de Constituci¨®n pol¨ªtica.

Desde la vigencia de la Constituci¨®n de 1980, todo el sistema de censura, adem¨¢s de un conjunto de facultades represivas, ha estado basado en el art¨ªculo 24 transitorio que se mencionaba al comienz¨® de este trabajo. En la pr¨¢ctica, en lo que se refiere a la Prensa escrita, la situaci¨®n no cambi¨® demasiado con la vigencia de la Constituci¨®n. Hubo retrocesos, ya que alg¨²n columnista que se hab¨ªa pronunciado en favor del no, como fue el caso de Pablo Huneeus, perdi¨® su tribuna. Pablo Huneeus hab¨ªa publicado en su columna del diario La Tercera una "Carta a Carter", a prop¨®sito de las elecciones norteamericanas, en la que le recomendaba un m¨¦todo infalible, de inspiraci¨®n chilena, para no perderlas: ser candidato ¨²nico; no conceder espacio a los enemigos en la televisi¨®n; amenazar con desterrar del pa¨ªs, por traidores a la patria, a los que votaran en contra.

En lo que se refiere a los libros, el Gobierno reglament¨® el art¨ªculo 24 transitorio exigiendo que se pidiera permiso previo de circulaci¨®n al Ministerio del Interior, medida que no se aplic¨® en un principio a los libros importados. Cada vez que un libro nacional presentaba problemas, el ministerio se absten¨ªa de contestar. En ninguna parte se hab¨ªa fijado un plazo para que respondiera a las peticiones de circulaci¨®n. Bajo la Constituci¨®n de 1980, en buenas cuentas, empez¨® a imperar una censura sin normas, sin plazos, que produjo profunda irritaci¨®n y frustraci¨®n en la comunidad literaria. A comienzos de 1982, la Sociedad de Escritores de Chile cre¨® una Comisi¨®n Permanente de Defensa de la Libertad de Expresi¨®n.

Libros no gratos

En su primera etapa, la Comisi¨®n se dedic¨® a practicar un inventario de los casos de censura, ya que muchos chilenos pensaban que ¨¦sta, por lo menos en cuanto a los libros, en la pr¨¢ctica no exist¨ªa. Tambi¨¦n organiz¨® mesas redondas, destinadas a formar conciencia del problema en la opini¨®n p¨²blica. En todos estos foros se tropezaba con una doble dificultad: en primer lugar, era imposible conseguir que los partidarios de la censura, que ten¨ªan que existir en alguna parte, asistieran y defendieran sus puntos de vista (desde la entrada en vigencia de la Constituci¨®n, Chile padec¨ªa una censura vergonzante); en segundo, era dif¨ªcil obtener espacio en los medios de comunicaci¨®n para publicar estos debates.

A pesar de todo, las primeras acciones de la Comisi¨®n Permanente de Defensa de la Libertad de Expresi¨®n demostraron que el Gobierno era sensible al tema. Algunos libros de autores chilenos, cuyas solicitudes de autorizaci¨®n de circulaci¨®n no obten¨ªan respuesta hac¨ªa m¨¢s de un a?o, fueron permitidos r¨¢pidamente. En cambio, las aduanas, obedeciendo a instrucciones concretas del Ministerio del Interior, empezaron a examinar rigurosamente las partidas de libros importados.

Neruda y Cort¨¢zar

A fines de 1982, Canto general, de Pablo Neruda, que hasta entonces hab¨ªa circulado sin problemas, fue retenido en una aduana del Norte, en una partida que trataba de introducir la editorial Bruguera. Lo mismo sucedi¨® con una colecci¨®n de relatos de Julio Cort¨¢zar. Eran cuentos de las d¨¦cadas de los cincuenta y sesenta, pero la solapa del libro dec¨ªa que el autor hab¨ªa sido un encarnizado enemigo de la dictadura chilena. Hubo reacciones en la Prensa, y el Ministerio del Interior declar¨® r¨¢pidamente que el problema de Canto general se hab¨ªa debido a un exceso de celo de los funcionarios de aduanas. Al parecer, la gente de Bruguera hab¨ªa preferido no insistir con respecto a los relatos de Cort¨¢zar.

En noviembre del mismo a?o, la aduana del aeropuerto de Santiago prohibi¨® la entrada y oblig¨® a devolver a Buenos Aires una partida de 2.000 ejemplares de mi libro Persona non grata, en la versi¨®n completa que acababa de publicar en Espa?a la editorial Seix Barral. En resoluci¨®n escrita entregada a los distribuidores, la aduana se?alaba que despu¨¦s de efectuar "el examen f¨ªsico de la mercader¨ªa", se hab¨ªa llegado a la conclusi¨®n de que ¨¦sta "presentaba aspectos inconvenientes para el orden p¨²blico". Frente a esta situaci¨®n, decidimos acudir a los tribunales de justicia y utilizar el llamado recurso de protecci¨®n, recurso nuevo en la legislaci¨®n chilena, incorporado a la Constituci¨®n del a?o 1980 y que est¨¢ destinado a proteger a los particulares contra actos ilegales o arbitrarios de la autoridad.

El abogado de Seix Barral en este recurso, Jorge Ovalle Quiroz, uno de los disidentes del pinochetismo, bas¨® su defensa en una argumentaci¨®n que era muy dif¨ªcil de rebatir y que ¨¦l conoc¨ªa a fondo, puesto que hab¨ªa sido uno de los redactores del proyecto de Constituci¨®n antes de romper con el r¨¦gimen. Ovalle demostr¨® en el proceso que la Constituci¨®n garantiza expresamente dos libertades: la libertad de expresi¨®n y la libertad de informaci¨®n. Cada vez que el texto menciona esas libertades, las enumera en esos mismos t¨¦rminos. El art¨ªculo 24 s¨®lo restringe la "libertad de informaci¨®n", exigiendo permiso de la autoridad para la fundaci¨®n de nuevas publicaciones. En consecuencia, no puede aplicarse a libros literarios o de opinion.

La Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema prefirieron lavarse las manos en este asunto. Sin pronunciarse siquiera sobre la argumentaci¨®n de fondo, decretaron que el autor deb¨ªa pedir permiso al Ministerio del Interior, como todo el mundo, y dieron a entender entre l¨ªneas, cosa ins¨®lita en una sentencia judicial, que no ve¨ªan nada en el libro que impidiera la concesi¨®n de la autorizaci¨®n. Despu¨¦s de la sentencia se presentaron los formularios de tr¨¢mite, y el Ministerio del Interior dio el permiso de circulaci¨®n con una celeridad extraordinaria.

Comienza el destape

El caso hab¨ªa servido para mostrar una enorme hostilidad de la opini¨®n p¨²blica, incluso en sectores muy conservadores, frente al fen¨®meno de la censura. Algunos pensaban que la censura se hab¨ªa justificado en los comienzos del r¨¦gimen militar, pero que al cabo de 10 a?os era absolutamente arbitraria y abusiva. El Gobierno trat¨® de disminuir la tensi¨®n anunciando, a mediados de junio de 1983, que hab¨ªa resuelto terminar con el tr¨¢mite de censura previa de los libros. Aunque ¨²til, era una concesi¨®n evidentemente tard¨ªa. El proceso de protestas pac¨ªficas, que se hab¨ªa demostrado capaz de desestabilizar al r¨¦gimen, hab¨ªa comenzado. El pa¨ªs se movilizaba entero para recuperar sus libertades, comenzando por la libertad de expresi¨®n y la libertad de Prensa.

En las manifestaciones de la Alianza Democr¨¢tica, que agrupa a los partidos de oposici¨®n, desde socialistas hasta democristianos, se ha pedido formalmente la plena libertad para fundar nuevos diarios y revistas, el acceso igualitario a la televisi¨®n, el derecho a la rectificaci¨®n de las informaciones, la devoluci¨®n de los medios de Prensa confiscados hace 10 a?os. Se ha querido subrayar, desde la partida, que el trabajo de la Alianza Democr¨¢tica est¨¢ directamente ligado a la lucha contra la censura y por la libertad de expresi¨®n.

A fines de agosto ocurri¨® un hecho significativo. Antes del 11 de septiembre de 1973, Chile era el para¨ªso de los debates pol¨ªticos en los medios de comunicaci¨®n. El programa A esta hora se improvisa, dirigido en el canal 13 por Jaime Celed¨®n, con participaci¨®n de personajes de todo el espectro pol¨ªtico nacional y con un invitado especial en cada encuentro, era el espacio televisivo de mayor audiencia del pa¨ªs. Con el golpe militar terminaron estas discusiones, seguidas por los chilenos como si fueran partidos de f¨²tbol, en forma abrupta.

Hace un a?o el propio Celed¨®n quiso revivir estos debates en una emisora de radio en forma muy suavizada, pero el Gobierno se opuso terminantemente. Ahora, en medio de las medidas de destape que anuncia el ministro Jarpa, Celed¨®n ha salido al aire en Radio Chilena, emisora dependiente del arzobispado, con el programa A esta hora se analiza, en ligero contraste con el se improvisa de ¨¦pocas pasadas. Tambi¨¦n en contraste con el pasado, los animadores permanentes forman un moderado espectro de centro-derecha. El primer invitado especial ha sido el propio arzobispo, monse?or Juan Francisco, quien aclar¨® que no hab¨ªa pedido permiso al Gobierno para transmitir el programa por tratarse de una emisora de la Iglesia y porque los participantes deseaban "que la Iglesia sea, en forma real y activa, un lugar de encuentro".

Aunque la discusi¨®n fue muy prudente, la sensaci¨®n general de que el pa¨ªs recuperaba el estilo pol¨ªtico del pasado, con sus tribunas de discusi¨®n libre, fue notable. El programa, por ejemplo, se retransmiti¨® por m¨¢s de 60 emisoras privadas de todo el pa¨ªs. Otras radios anuncian programas parecidos. Se dice, a todo esto, que el Gobierno, dentro de los planes de apertura del ministro Jarpa, ha renunciado a ejercer presiones administrativas sobre la Prensa hablada y escrita. Es muy posible, pero el art¨ªculo 24 transitorio, que de hecho dejaba en suspenso las principales garant¨ªas constitucionales, sigue en pie, listo para ser utilizado por el Gobierno en forma discrecional.

Lo que ocurre es que se ha producido una aceleraci¨®n brusca, marcada por una serie de situaciones que parece irreversible. El Gobierno, sin duda, podr¨ªa tratar de recuperar el control, pero ya ser¨ªa muy dif¨ªcil que lo hiciera en forma medianamente pac¨ªfica. Las compuertas levantadas por la censura, la m¨¢s feroz que ha conocido el pa¨ªs desde los tiempos coloniales, han empezado a hacerse trizas y a hacer agua por todos lados. Eso de que la Iglesia ayude al proceso, cambiando su antiguo papel de inquisidora por el de "madre y... servidora de todos los hombres", como la defini¨® monse?or Fresco en A esta hora se analiza, es quiz¨¢ una de las iron¨ªas mayores de toda esta historia.