El Grupo Popular recurrir¨¢ ante el Tribunal Constitucional para evitar la aplicaci¨®n de las incompatibilidades a los parlamentarios
Los proyectos de ley org¨¢nica de Incompatibilidades de Diputados y Senadores y de altos cargos de la Administraci¨®n P¨²blica, -el primero, aprobado ayer, y el segundo el pasado mi¨¦rcoles por el Congreso de los Diputados-, afectan a un total de diez diputados: tres del grupo socialista; cinco del grupo popular, uno del grupo centrista y otro del grupo mixto. El car¨¢cter retroactivo del proyecto de ley incompatibilidades de diputados y senadores, que afecta a los parlamentarios elegidos el pasado 28-O, sin que en aquel momento existieran dichas incompatibilidades, ser¨¢ el principal argumento en el que el Grupo Parlamentario Popular basar¨¢ el recurso de inconstitucionalidad, que tienen previsto presentar ante el Tribunal Constitucional, seg¨²n informaron ayer Manuel Fraga y el diputado Alfonso Osorio.
Uno de los diputados afectados, y que a tenor de ambas leyes tiene que elegir entre sus actividades profesionales o el esca?o, es P¨ªo Cabanillas, registrador de la Propiedad, del grupo centrista, cuya opci¨®n no fue clarificada por el interesado por hallarse ayer en Galicia. No obstante, el portavoz de su grupo, Luis Ortiz, manifest¨® que lo m¨¢s probable era que Cabanillas renuncie a su esca?o parlamentario, "pero faltan todav¨ªa muchos meses para que se materialice la incompatibilidad, ya que estoy seguro de que el Tribunal Constitucional admitir¨¢ a tr¨¢mite el recurso que van a presentar los del Grupo Popular", dijo.La demora de los "muchos meses" a que se refer¨ªa Ortiz se producir¨ªa si el Tribunal Constitucional obra en el sentido que el portavoz centrista aseguraba, ya que la presentaci¨®n de un recurso de este tipo paraliza la tramitaci¨®n parlamentario de un proyecto de ley. Luis Ortiz a?adi¨® que los doce diputados centristas se sumar¨¢n a dicha petici¨®n de inconstitucionalidad.
El diputado comunista Fernando P¨¦rez Royo, catedr¨¢tico, manifest¨® ayer a EL PAIS que no tiene ninguna duda sobre cual ser¨¢ su decisi¨®n: "Renunciar¨¦ a mi condici¨®n de diputado". En el Grupo Parlamentario Socialista hay tres diputados afectados: Carlos Bru, notario, que ya ha renunciado a su profesi¨®n en favor del esca?o; Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n, responsable del ¨¢rea econ¨®mica del equipo del presidente del Gobierno que dirige Roberto Dorado y Carlos Sanju¨¢n, actual subsecretario del Ministerio del Interior. Marug¨¢n no es director general, pero tiene la consideraci¨®n y el sueldo como tal, y el proyecto de ley de incompatibilidades de altos cargos declara incompatibles a los directores generales o equivalentes. "Mi situaci¨®n es un poco confusa", se?al¨®, "yo creo que me afecta la ley pero cuando tenga que elegir le preguntar¨¦ directamente a Alfonso Guerra que debo elegir y har¨¦ lo que ¨¦l me diga. As¨ª de claro".
Sanju¨¢n no quiso ayer pronunciarse sobre su elecci¨®n, pero sus compa?eros de grupo apuntaban a que se quedar¨ªa en el Parlamento. Desde que se inici¨® la actual legislatura, Carlos Sanju¨¢n, ha venido diciendo que cuando le afectara la ley de incompatibilidades dejar¨ªa su cargo en Interior. Las p¨²blicas y reiteradas discrepancias entre ¨¦ste y el titular del Departamento, Jos¨¦ Barrionuevo, afianzan esta decisi¨®n.
No existe unanimidad de criterios
Por lo que se refiere al Grupo Popular, el catedr¨¢tico Fernando Su¨¢rez ya adelant¨® ayer que el seguir¨ªa en la docencia. El portavoz del grupo, Miguel Herrero, afirm¨® que lamentaba la p¨¦rdida de "tan valioso parlamentario", en tanto que otros diputados populares comentaban que la decisi¨®n de Su¨¢rez puede obedecer, sobre todo, a las discrepancias que ¨¦ste mantiene con el secretario general de Alianza Popular, Jorge Verstrynge, tesis negada por el interesado.
Otro del Grupo Popular que probablemente dejar¨¢ su puesto en el palacio de la carrera de San Jer¨®nimo, es el notario Jos¨¦ Luis ?lvarez, quien dijo que la ley de incompatibilidades convertir¨ªa el Congreso en una c¨¢mara de mediocres. Alfonso Osorio se?al¨®, por otra parte, que los otros tres diputados afectados, los dos notarios, Fuentes y Dur¨¢n, y el registrador de la propiedad Antonio Pillado permanecer¨ªan en sus puestos del Congreso.
Todo parece indicar que no existe una unanimidad de criterios dentro del Grupo Popular sobre la conveniencia de presentar recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Un grupo de diputados, entre los que podr¨ªan encontrarse el propio portavoz, Miguel Herrero, si bien ¨¦l eludi¨® la respuesta diciendo que "cuando la ley pase por el Senado, que es el momento adecuado para presentar el recurso, ya veremos lo que hacemos" opina que podr¨ªa tener efectos muy impopulares de cara a la opini¨®n p¨²blica, en tanto que otros, la mayor¨ªa, parecen dispuestos a seguir adelante con el recurso. Manuel Fraga se incluye entre estos ¨²ltimos, al igual que Alfonso Osorio, quien declar¨® su convencimiento de que la sentencia del Tribunal Constitucional les ser¨ªa favorable.
Osorio se?al¨® que no es bueno para la democracia que el Tribunal Constitucional le est¨¦ dando constantes palos al Gobierno y cit¨® las sentencias del concejal socialista de And¨²jar, la LOAPA y la todav¨ªa no producida acerca del decreto de expropiaci¨®n de Rumasa. Osorio afirm¨® no tener dudas sobre que esta ¨²ltima sentencia ser¨¢ contraria al Gobierno. El vicepresidente de la Mesa del Congreso, Leopoldo Torres, se?al¨® que, a pesar de las mencionadas sentencias, su grupo no modificar¨ªa la ley de incompatibilidades en el Senado, "porque es una promesa que hicimos al electorado y pase lo que pase seguiremos adelante".
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