Los 12 magistrados del Tribunal Constitucional son insuficientes para atender los casos que se le plantean

El Tribunal Constitucional, que comenz¨® a funcionar en julio de 1980, produjo hasta finales de 1981, entre autos y sentencias, dos vol¨²menes, con un total de 1.450 p¨¢ginas. Los dos tomos correspondientes a 1982, que ya est¨¢n en imprenta, suponen 2.000 p¨¢ginas m¨¢s, y en el a?o 1983 ya ha alcanzado 2.600 folios. El ritmo de trabajo seguido por los magistrados obliga a la celebraci¨®n semanal de un pleno, adem¨¢s de reuniones independientes de cada una de las dos salas que componen el tribunal. Por el n¨²mero de recursos de amparo y de constitucionalidad, as¨ª como por los conflictos de competencias que se producen entre los entes auton¨®micos y el Gobierno central, se presume que en un plazo no muy lejano habr¨¢ necesidad de modificar la ley para ampliar el n¨²mero de magistrados.Al Tribunal Constitucional lleg¨¢n recursos sobre los temas m¨¢s dispares. As¨ª, por ejemplo, ha tenido que acordar la suspensi¨®n de la ejecuci¨®n del auto de la Audiencia Nacional por el que se accedi¨® a la extradici¨®n a su pa¨ªs del s¨²bdito norteamericano, y ex agente de la CIA, George Gregory Korkala, antes de sustanciar el recurso de amparo interpuesto por su abogado. Los 1.300 trabajadores de Aetea, empresa con participaci¨®n de las sociedades Agrom¨¢n y Entrecanales y Tavora, recurrieron en amparo, al entender que una sentencia dictada por la Magistratura de Trabajo de C¨¢ceres podr¨ªa haber vulnerado algunos art¨ªculos de la Constituci¨®n.

Recursos personales

Al Tribunal Constitucional lleg¨® tambi¨¦n el recurso de amparo del abogado del ex general Armada, en el que ped¨ªa la suspensi¨®n de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre el 23-F. El pasado mes de mayo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dict¨® un auto en el que planteaba, de oficio, cuesti¨®n de inconstitucionalidad sobre la ley de Delitos Monetarios, por establecer penas de privaci¨®n de libertad sin ser ley org¨¢nica.El concejal del Ayuntamiento de And¨²jar, Miguel ?ngel Bellido, expulsado del partido al que pertenec¨ªa, el PSOE, y despose¨ªdo de su cargo de alcalde, al que hab¨ªa accedido por anterior expulsi¨®n de su predecesor, tambi¨¦n llev¨® su caso al Tribunal Constitucional. Igualmente, recurrieron los condenados por el asesinato del industrial catal¨¢n Jos¨¦ Mar¨ªa Bult¨¦, y a principios de enero admiti¨® a tr¨¢mite un recurso contra el art¨ªculo 54.4 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a las indemnizaciones en caso de despido. Este recurso fue planteado por la Magistratura de Trabajo n¨²mero 18 de Madrid.

El Tribunal Constitucional, que resolvi¨® el pasado a?o unos 250 recursos, tiene un centenar en plena tramitaci¨®n. En el momento presente, la mayor expectaci¨®n, sobre las sentencias posibles, se centra en el caso Rumasa. Fuentes oficiales del tribunal han afirmado a EL PAIS que no se ha producido ni una sola reuni¨®n del pleno en la que se haya tratado el asunto. Esas mismas fuentes aseguran que cuanto se ha dicho al respecto sobre la presunta disparidad de criterios entre los magistrados es una pura intoxicaci¨®n. Se presupone que hay prisa por resolver el tema, y lo probable es que se afronte el caso en sesiones continuas, hasta llegar a la conclusi¨®n definitiva. Se afirma que la fecha para el estudio del tema Rumasa es relativamente pr¨®xima, pero no ha sido se?alada.

Las autonom¨ªas producen el mayor n¨²mero de recursos

El mayor n¨²mero de problemas de ¨ªndole pol¨ªtica est¨¢ centrado en las competencias de las comunidades aut¨®nomas. Una resoluci¨®n pendiente, pero que se espera sea una de las primeras en hacerse p¨²blica, es la del recurso de la Diputaci¨®n Foral de Navarra, en la que se solicita que el Gobierno vasco suprima de su emblema oficial el escudo de Navarra. En el acuerdo de la Diputaci¨®n Foral se solicita que sea declarada "la incompetencia manifiesta del Gobierno aut¨®nomo vasco y de las instituciones de la comunidad aut¨®noma vasca para utilizar el escudo o cualquier otro s¨ªmbolo de Navarra". Tambi¨¦n, referente a Navarra, ha sido presentado un recurso. de amparo por el PSOE contra la resoluci¨®n del presidente del Parlamento navarro, Balbino Baldos, de proponer como candidato a la presidencia de la Diputaci¨®n Foral a Jos¨¦ ?ngel Zubiaur.Catalu?a y Euskadi est¨¢n pendientes de los dos recursos de inconstitucionalidad planteados por el Gobierno contra las leyes dictadas por sus respectivos Parlamentos sobre la normalizaci¨®n de sus lenguas. El recurso del Gobierno contra la ley del catal¨¢n encontr¨® respuestas en contra, incluso entre miembros del PSOE, como el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall. El alcalde de l'Hospitalet, Juan Ignacio Pujana, fue el ¨²nico edil socialista de poblaci¨®n importante de Catalu?a que se opuso al debate de una moci¨®n en contra de la medida adoptada por el Gobierno en Consejo de Ministros.

El acuerdo entre Catalu?a y Murcia, pendiente

Tambi¨¦n est¨¢ pendiente de resoluci¨®n la impugnaci¨®n presentada por el Gobierno contra el convenio de colaboraci¨®n firmado por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y el presidente del Consejo Regional de Murcia, Andr¨¦s Hern¨¢ndez Ros. Este convenio fue establecido el 27 de febrero del pasado a?o, al t¨¦rmino de la visita realizada por el presidente catal¨¢n a la comunidad murciana. El recurso gubernamental est¨¢ basado en el art¨ªculo 145 de la Constituci¨®n, en el que se establece que todos los acuerdos entre comunidades aut¨®nomas deben ser comunicados a las Cortes.El Grupo Popular tambi¨¦n recurri¨® al tribunal, por posible inconstitucionalidad de la ley Org¨¢nica de Integraci¨®n de Segovia en Castilla-Le¨®n, que fue aprobada por el Congreso y el Senado el pasado mes de febrero. Entre los temas de pronta resoluci¨®n se encuentra el recurso de inconstitucionalidad contra le ley que derog¨® la exacci¨®n del precio de los carburantes en Canarias, Ceuta y Melilla.

Dos diputados electos por la coalici¨®n nacionalista radical Herri Batasuna, I?aki Esnaola y Pedro Solabarr¨ªa, aguardan la resoluci¨®n de su recurso de amparo por el acuerdo adoptado, el pasado diciembre, por el Congreso, a consecuencia del cual se vieron privados de sus prerrogativas, al aplic¨¢rseles el reglamento de la C¨¢mara, que exige a todos sus miembros el acatamiento del texto de la Constituci¨®n, requisito que no cumplieron.

Dentro de la agenda de temas sobre los que se espera una pronta resoluci¨®n, figura un recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley General de la Seguridad Social, por presunta desigualdad en el trato de las pensiones de las viudas y las de los viudos.