La Seguridad Social no correr¨¢ con los gastos
El proyecto de ley org¨¢nica de reforma del art¨ªculo 417 bis del C¨®digo Penal, que despenaliza tres supuestos de interrupci¨®n voluntaria del embarazo, se ha convertido en uno de los m¨¢s pol¨¦micos de los aprobados hasta ahora por el Gobierno. No contenta ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a las diputadas del propio Grupo Parlamentario Socialista. La oposici¨®n conservadora no ha logrado introducir enmiendas que anulen o rebajen su contenido y recurrir¨¢ ante el Tribunal Constitucional, como ¨²ltimo intento de evitar la entrada en vigor de la reforma.Uno de los aspectos m¨¢s criticados por los grupos feministas es la no gratuidad de las intervenciones m¨¦dicas en los casos de aborto permitido por la ley, pues la Seguridad Social no correr¨¢ con los gastos. Estas intervenciones quedar¨¢n en manos de la medicina privada, por lo que no es posible precisar su coste, se?alan fuentes m¨¦dicas. Seg¨²n fuentes feministas, en los pa¨ªses europeos en que se practica el aborto, la operaci¨®n suele costar unas 15.000 pesetas.
La izquierda considera insuficiente el proyecto de ley y estima que la gran mayor¨ªa de mujeres que desee abortar tendr¨¢ que seguir viajando a Londres o a Amsterdam. Las propias diputadas del Grupo Socialista se han quejado ante el portavoz del grupo, y los ministros de Trabajo y de Sanidad, de que el Gobierno no haya previsto incluir en la Seguridad Social los tres supuestos de aborto legalizados.
En la calle, la proyecci¨®n de esta ley ha sido a¨²n mayor que en el Parlamento. Desde las en¨¦rgicas condenas de los obispos, tanto en pastorales diocesanas, como en documentos de la Conferencia Episcopal y las concentraciones masivas anti-aborto, como la de la Plaza Mayor de Madrid con la intervenci¨®n de la madre Teresa de Calcuta, hasta las manifestaciones organizadas por el movimiento feminista en casi todas las provincias espa?olas.
La ausencia de normas de despenalizaci¨®n del aborto ha creado tambi¨¦n actitudes dispares en medios judiciales. Unos jueces han condenado con severidad a mujeres que han abortado mientras que otros (como en el conocido caso de las mujeres acusadas en Bilbao), han aplicado la eximente de necesidad y las han absuelto.
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