Protestas feministas contra la sentencia del alto tribunal

La Comisi¨®n Pro-Derecho al Aborto de Madrid expres¨® ayer su indignaci¨®n al conocer la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que modifica la anterior decisi¨®n de la Audiencia Provinc¨ªal de Bilbao sobre las procesadas acusadas de pr¨¢cticas abortivas.En un comunicado, dicha comisi¨®n puso de relieve que la sentencia del Supremo rechaza la eximente de estado de necesidad y condena a mujeres a meses de c¨¢rcel y, en el caso concreto de Julia Navarro, a cuatro a?os, "por haber ejercido el derecho a interrumpir un embarazo no deseado, dadas las condiciones econ¨®micas en que viv¨ªan".

"Con el proyecto presentado por el Gobierno", dice la nota, "casos como ¨¦ste se van a seguir repitiendo, ya que condena a las mujeres al aborto clandestino, a ser sometidas a juicios, a ser condenadas a c¨¢rcel y, en definitiva, s¨®lo soluciona el problema a, un 3% de las mujeres que tienen que abortar".

La ahogada Cristina Almeida quien manifest¨® no haber le¨ªdo la decisi¨®n del Supremo, dijo que esta sentencia "demuestra ir siempre a la zaga de la realidad del pa¨ªs, sin admitir siquiera la controversia del t¨ªmido proyecto de despenalizaci¨®n propuesto por el Gobierno". "Me parece una actitud", a?adi¨®, "m¨¢s cerrada que la posibilidad legislativa aprobada por el Congreso e, incluso, un cierto recorte de presi¨®n contra la misma".

"Cuando vi la sentencia de la Audiencia de Bilbao", sigui¨® Cristina Almeida, "me pareci¨® que, incluso ateni¨¦ndose a la Constituci¨®n y a las leyes vigentes, interpretaba la situaci¨®n de las mujeres que hab¨ªan tenido que abortar y esa interpretaci¨®n era la que justificaba el mantenimiento del aborto como delito en el C¨®digo Penal, porque las condiciones que valoraba no est¨¢n, en absoluto, entre los supuestos despenalizadores del proyecto del Gobierno, excepto el caso de alguna mujer que ya hab¨ªa tenido hijos con malformaciones". "Aquella sentencia", sigui¨® la abogada, "atend¨ªa al estado de necesidad y daba una interpretaci¨®n progresiva. Cargar de culpabilidad a las mujeres que han tenido que abortar es un reproche penal que ninguna se merece".

Carmen Roney, miembro del Comit¨¦ Central del PCE y responsable de los temas de la mujer en este partido, afirm¨® que la sentencia del Supremo "pone en entredicho la propuesta del PSOE. Dado que este juicio lleva muchos a?os rodando, podr¨ªan haber esperado a que estuviera aprobada la reforma. Me parece una postura de enfrentamiento".

"En definitiva", explic¨® Roney, "hay una legislaci¨®n inadecuada y, mientras ¨¦sta contin¨²e, seguir¨¢n produci¨¦ndose sentencias condenatorias y el aborto clandestino seguir¨¢ siendo una realidad. La propuesta socialista no acaba con el aborto clandestino. Habr¨¢ m¨¢s condenas y creo que el partido del Gobierno podr¨ªa mejorar el proyecto con dos a?adidos m¨ªnimos: introducir las indicaciones sociales y establecer que la Seguridad Social cubra los gastos de las interrupciones voluntarias del embarazo previstas en la reforma".