El aire de un crimen
EL CAPIT?N Alberto Mart¨ªn ha sido asesinado por ETA despu¨¦s de que una parte, sustancial de las condiciones exigidas para liberarlo fueran cumplidas. Se demuestra as¨ª que el objetivo realmente perseguido por los terroristas al imponer su extorsi¨®n a Televisi¨®n Espa?ola, a los medios de comunicaci¨®n y a las fuerzas democr¨¢ticas vascas no era otro que apuntarse una p¨ªrrica y sucia victoria en la guerra psicol¨®gica contra las libertades. Como ya se?alamos en un anterior comentario sobre Ter;orismo e infonnaci¨®n (v¨¦ase EL PAIS del pasado 15 de octubre), la decisi¨®n de publicar el comunicado, justificada por razones humanitarias, ni siquiera garantizaba que los secuestradores respetaran la vida del reh¨¦n. Nuestra opini¨®n era, y sigue siendo, que cualquier intento razonable y leg¨ªtimo por salvarle deb¨ªa emprenderse. Queda claro, por lo dem¨¢s, que los ¨²nicos responsables de este tipo de cr¨ªmenes, sean cuales sean las posturas adoptadas por los medios de comunicaci¨®n y las formas de actuaci¨®n de los investigadores, son quienes aprietan el gatillo.El tiro en la nuca, y el amordazado cad¨¢ver arrojado en el t¨¦rmino municipal de Gald¨¢cano no s¨®lo dramatizan un crimen monstruoso, sino que ponen de relieve c¨®mo los terroristas son capaces de jugar con la vida de un hombre, infamemente utilizada como mercanc¨ªa en un trato desigual que desde el primer momento se propon¨ªan no cumplir. Pero los sicarios han calculado mal -al igual que ocurri¨® en el caso del ingeniero Ryan, sacrificado por ETA Militar- las repercusiones de su b¨¢rbara acci¨®n en el Pa¨ªs Vasco y en el resto de la sociedad espa?ola. Todos los asesinatos cometidos por las bandas terronstas tienen en com¨²n su brutal conculcaci¨®n del derecho a la vida, la base misma de los restantes derechos y libertades, y dejan tras de s¨ª una estela de sufrimiento y dolor en los familiares, amigos y compa?eros de las v¨ªctimas. Pero cr¨ªmenes como la muerte del capit¨¢n Alberto Mart¨ªn logran el macabro honor de ser espantablemente retenidos por la memoria colectiva por las especiales circunstancias de salvajismo, crueldad y sadismo que les rodean.
Las condenas del asesinato no sobran por in¨²tiles, sino por sabidas. Con todo, resultaba inexcusable que las fuerzas pol¨ªticas expresaran la indignaci¨®n que sienten sus electores. Aunque los involucionistas y algunos medios de la derecha autoritaria traten de apropiarse indebidamente o de monopolizar la protesta contra los atentados terroristas y la solidaridad con -las v¨ªctimas, el rechazo de esos cr¨ªmenes y la identificaci¨®n emocional con quienes los padecen es un patrimonio com¨²n de la inmensa mayor¨ªa de espa?oles -sean de derecha, de centro o de izquierda- que apuestan por la paz y las libertades. Uno de los prop¨®sitos de las bandas armadasal llevar a cabo sus.sangrientas fechor¨ªa es desencadenar, dentro del sistema constitucional, una campa?a de acusaciones y desconfianzas rec¨ªprocas, capaces de debilitar los v¨ªnculos unitarios sin los cuales un Estado democr¨¢tico y la sociedad que lo respalda nunca podr¨¢n hacer frente al desario terrorista. All¨¢ con su responsabilidad quienes traten de manipular este crimen horrible para alimentar pasiones y sembrar la discordia sin otro m¨®vil que favorecer posiciones partidistas o sectarismos ideol¨®gicos.
A la vez que el cad¨¢ver de Alberto Mart¨ªn era descu bierto a pocos kil¨®metros- de Bilbao se difund¨ªan las primeras versiones de la rocambolesca historia de un ins pector del Cuerpo General de Polic¨ªa y de un capit¨¢n y dos suboficiales de la Polic¨ªa Nacional detenidos en te rritorio franc¨¦s por la gendarmer¨ªa francesa cuando for cejeaban con el refugiado Jos¨¦ Mar¨ªa Larrechea, presun to miembro de ETA-VIII Asamblea. Este oscuro asunto ha pasado a disposici¨®n judicial, y ser¨¢ necesario aguardar, para formular una opini¨®n definitiva, a que los tribu nales ofre zcan una completa aclaraci¨®n del incidente. Se?alemos, en cualquier caso, que los m¨¦todos de guerra sucia, aunque utilizados con ¨¦xito por la Francia del general De Gaulle para combatir a los terroristas de la OAS, no s¨®lo son rechazables por atentar contra los derechos humanos, sino que tambi¨¦n demostraron su con traproducente inutilidad -recu¨¦rdese el caso de Argala- siempre que fueron ensayados en la lucha contra los terroristas de ETA. Si esos procedimientos resultaban condenables -y fueron condenados por el PSOE- cuando UCD estaba en el poder, no hay raz¨®n alguna para suponer que la ideolog¨ªa y el historial del Gobierno social¨ªsta bastasen para redin-fir los pecados de la raz¨®n de Estado o para convertir en admisibles unos m¨¦todos de traba o policiaco anteriormente descalificados como perversos..
Pese al horror suscitado en la sociedad espa?ola por el asesinato del capit¨¢n Alberto Mart¨ªn, siempre es momento oportuno para recordar que la Constituci¨®n proh¨ªbe a los poderes p¨²blicos la arbitrariedad en el desempe?o de -sus funciones y les obliga a respetar, el ordenamiento jur¨ªdico como a los, dem¨¢s ciudadanos. Desear¨ªamos que los tribunales franceses confirmasen la versi¨®n -no demasiado f¨¢cil de entender- dada por el Gobierno espa?ol sobre las tareas confiadas a los cuatro Polic¨ªas detenidos por la gendarmer¨ªa. Pero ning¨²n alto cargo de un Estado democr¨¢tico de derecho puede ordenar a unos funcionarios p¨²blicos, sin ser fulminan temente destituido, que violen la soberan¨ªa y concul quen las leyes de un pa¨ªs vecino a fin de imitar en sus comportamientos, de acuerdo con los manuales de guerra sucia, las conductas de los propios terroristas. Tam bi¨¦n los socialistas franceses pueden extraer algunas en -se?anzas del incidente. Porque contra lo que el embajador Guidoni sostiene en sus absurdos intentos por salvar la cara del Gobierno al que representa en Ma drid, los hechos ocurridos prueban sobradamente que el departamento de los Pirineos Atl¨¢nticos contin¨²a sien do un santuario para los terroristas de las diversas ramas de ETA.
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