"La esperada reforma de la Administraci¨®n de justicia est¨¢ pr¨¢cticamente in¨¦dita"

Gonzalo Casado, de 45 a?os, abogado penalista de profesi¨®n, es vocal consejero delegado para las relaciones con los medios de comunicaci¨®n y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde su creaci¨®n. Accedi¨® al cargo por elecci¨®n mayoritaria del Congreso de los Diputados, y se impuso como meta el conseguir la transparencia informativa en la justicia, que en ese momento era pr¨¢cticamente inexistente. Casado fue una de las piezas claves para que, en la noche del 23-F, inmediatamente de producirse la entrada de Tejero en el Congreso de los Diputados, el CGPJ fuera, el primer organismo oficial que emitiera un comunicado respaldando, sin vacilaciones, la monarqu¨ªa parlamentaria y el ordenamiento constitucional.Pregunta. ?Cu¨¢l ha sido el papel del CGPJ durante estos tres a?os?

Respuesta. El Consejo es el gobierno de un poder del Estado, seg¨²n la Constituci¨®n. Por tanto, no se pod¨ªa limitar simplemente a la ineludible labor de resolver concursos, producir nombramientos, informar proyectos de ley, ejercer la facultad de disciplina y elaborar una memoria anual. Gobernar es hacer pol¨ªtica. Una pol¨ªtica judicial que sea pol¨ªtica de Estado, independiente de los partidos y a salvo de sus contingencias.

El Consejo no se ha limitado al cumplimiento estricto de los cometidos que le asigna su ley org¨¢nica, sino que los ha trascendido. Ha fomentado las relaciones institucionales y los contactos internacionales; ha elaborado convenios con universidades espa?olas, con los entes auton¨®micos, con la abogac¨ªa y la procura y con los sindicatos de los cuerpos auxiliares de justicia; ha organizado jornadas de estudio de los temas m¨¢s diversos; ha realizado un plan de financiaci¨®n; ha atendido a la selecci¨®n y perfeccionamiento de los distintos funcionarios judiciales, y ha trazado una pol¨ªtica de transparencia informativa para acercar la justicia a la sociedad.

P. Sin embargo, a pesar de la transparencia, los Ciudadanos desconocen la justicia y hasta se puede hablar de una permanente situaci¨®n de crisis.

R. Si, a pesar de lo apuntado anteriormente, la situaci¨®n de crisis contin¨²a, habr¨¢ que pensar que no es fallo de la instituci¨®n del Consejo, claro acierto constitucional, sino que es el soporte humano el que falla. El problema estar¨¢ en los errores que podamos cometer las personas que lo formamos o, tal vez, en los sucesivos gobiernos, que deber¨¢n asumir su cuota de responsabilidad de tal situaci¨®n.

El insistente y secular lamento de la falta de medios en la justicia no puedo compararlo con ning¨²n otro servicio b¨¢sico del Estado. Pues todos ellos, aun soportando las consecuencias de una econom¨ªa en crisis, han visto, durante decenios, un notable crecimiento presupuestario en sus respectivas ¨¢reas, aunque pueda resultar insuficiente. ?ste es el caso, por citar s¨®lo algunos ejemplos, de las ¨¢reas de defensa, de la seguridad del Estado y de la educaci¨®n.

A veces me pregunto si es que no se acierta en la forma de pedir, si es que no se sabe lo que queremos exactamente, o si no es quiz¨¢ sistem¨¢ticamente cicatero el planteamiento retributivo de medios para la justicia. En suma, creo que no nos hemos planteado la reforma con un criterio de empresa, de la gran empresa de la justicia.

La reforma por hacer

P.?Comparte la opini¨®n de quienes aseguran que 1984 va a ser el a?o de la justicia?R. Comparto tal afirmaci¨®n, cargada de esperanza, pero, para m¨ª, deber¨ªa tener su soporte en dos presupuestos fundamentales: en que en 1984 vea la luz el anunciado proyecto de ley org¨¢nica del Poder Judicial y en que se elabore un plan de inversiones o de financiaci¨®n de la justicia a corto, medio o largo plazo. La ley org¨¢nica es pieza angular en la estructura de la Administraci¨®n de justicia dentro del Estado de derecho, y el plan de inversiones es imprescindible, porque, de lo contrario, me temo que seguiremos movi¨¦ndonos en el ¨¢mbito de las buenas intenciones y buenos prop¨®sitos, cap¨ªtulo harto conocido para la justicia.

Yo reconozco el loable esfuerzo que se est¨¢ haciendo desde el Ejecutivo, en menos de un a?o de gobierno, por producir un. desarrollo legislativo, que en ocasiones es inaplazable por imperativos de adecuaci¨®n a exigencias constitucionales. Creo que, en este sentido, la labor del actual Ministerio de Justicia ha sido muy positiva; pero me preocupa profundamente y pienso que aqu¨ª puede estar la ra¨ªz del problema, que tal desarrollo no vaya precedido, o al menos simultaneado, de un an¨¢lisis econ¨®mico en profundidad de las necesidades de la justicia. De no hacerlo as¨ª, nos veremos una vez m¨¢s abocados a reconocer la bondad de las leyes, pero su imposible aplicaci¨®n pr¨¢ctica por seculares defectos de infraestructura. No obstante, tengo entendido que para este cap¨ªtulo existen previsiones de un importante incremento presupuestario.

Pienso, con toda crudeza, que la esperada reforma de la Administraci¨®n de justicia est¨¢ pr¨¢cticamente in¨¦dita. Y baso esta grave afirmaci¨®n en que quienes viven su realidad cotidiana nos hablan de una situaci¨®n invariable, de un estado de crisis y un deterioro mayor incluso que el de hace a?os.

El origen de la corrupci¨®n

P. Los procesos escandalosos, los retrasos de a?os en celebrar determinados juicios y las actuaciones autoritarias de algunos magistrados, entre, otras cosas, han proporcionado la imagen de una justicia frecuentemente corrupta, al menos en las grandes ciudades. ?La justicia es tal como parece desde fuera?R. El tema es complejo. El juez espa?ol tiene ante s¨ª dos alternativas: aislarse de la sociedad en la que vive o sintonizar, abri¨¦ndose a la misma. Lo que en ning¨²n caso puede hacer, como aplicador de la ley, es ser un incumplidor de ella. De lo que no puede aislarse, por exigencia legal, es de un conocimiento en profundidad de todo el entramado humano que subyace en el proceso. El juez tiene que conocer a las partes, a los procesados, a los testigos a los peritos, y , a¨²n m¨¢s, si cabe, a los colaboradores esenciales del proceso: abogados y procuradores. Esto s¨®lo ocurre en aquellos lugares de escaso ¨ªndice de litigiosidad. En los supuestos contrarios, desbordado el juez en su esfuerzo por querer abarcar el proceso y, en definitiva, cumplir la ley, cae en la din¨¢mica inevitable de la delegaci¨®n de f¨²nciones. Con ello se genera, a veces, la disfunci¨®n, la tan aireada corrupci¨®n, y un clima de frustraci¨®n en los destinatarios de la justicia, con una fuerte disminuci¨®n de la credibilidad de ¨¦sta. Sin embargo, me consta el sufrimiento que el propio juez padece cuando los principios de inmediaci¨®n y oralidad son conculcados.

Tambi¨¦n, debo decir con firmeza que, tanto desde el punto de vista retributivo como desde el de las condiciones de trabajo, es insostenible por m¨¢s tiempo la actual situaci¨®n de cuantos el distintos niveles sirven a la justicia. Especialmente en el caso de los oficiales, auxiliares y agentes, que reciben un generalizado e injusto reproche de disfunci¨®n.

No cabe duda que a los riesgos inherentes a todo proceso no se les puede a?adir la actividad heroica producida por mecanismos de verdadera frustraci¨®n, que son originados por una falta de infraestructura. El profesional el que auxilia a la justicia y el que la imparte, no pueden, soportar esos riesgos adicionales. Y esto, lamentablemente, ocurre con harta frecuencia en los puntos de elevada litigiosidad.

Triplicar el n¨²mero de jueces

P. ?Una de las causas que favorecen la existencia de pr¨¢cticas de corrupci¨®n no es, precisamente, la escasez de jueces?R. Creo, y es una pura impresi¨®n personal, que el nudo gordiano de la reforma de la Administraci¨®n de justicia pasa inexorablemente por el aumento sustancial de la actual plantilla judicial. El n¨²mero de jueces es similar al de hace 50 a?os, y est¨¢n soportando unos niveles de litigiosidad cinco veces superiores y m¨¢s complejos que entonces. Esto nos llevar¨ªa a la necesidad de triplicar la actual plantilla judicial.

P. ?Qu¨¦ resistencias existen que impiden el aumento del n¨²mero de jueces?

R. Todos los colectivos num¨¦ricamente peque?os tienden, inconscientemente, a un crecimiento lento. El reconocido prestigio del colectivo judicial y el inequ¨ªvoco reconocimiento de su honestidad podr¨ªan, con el tiempo, conducir a una, a mi juicio, peligrosa autocomplacencia y al aislamiento.

P. El mensaje de apoyo a la democracia y a la Corona emitido por el Consejo en la noche del 23-F, que fue la primera reacci¨®n de, un organismo oficial a la entrada. de Tejero en el Parlamento, ?puede interpretarse como reflejo del sentir general de la judicatura?

R. Creo que el Consejo ha demostrado reiteradamente su inequ¨ªvoca identificaci¨®n con el orden constitucional y la promoci¨®n y defensa de los derechos humanos, y fue, como usted dice, la primera instituci¨®n que se pronunci¨®, sin vacilaci¨®n alguna, inmediatamente de producirse la ocupaci¨®n del Congreso de los diputados, a favor de la Corona y el orden constitucional. Supongo que el Consejo, por su composici¨®n mayoritariamente de procedencia judicial, fue, y lo es hoy, reflejo del sentir general de la judicatura.