El cuadro legal antiterrotista vigente

El cuadro legislativo vigente para la represi¨®n del terrorismo, que el Gobierno se dispone a agravar, es dif¨ªcilmente ampliable sin salirse del marco de la Constituci¨®n. La ley Antiterrorista, la denominada de Defensa de la Democracia, el decreto-ley sobre protecci¨®n de la seguridad ciudadana y las sucesivas reformas parciales del C¨®digo Penal en materia de terrorismo dejan al Gobierno muy poco margen para otras innovaciones en este terreno.La ley Antiterrorista, de 1 de diciembre de 1980, desarroll¨® la posibilidad abierta por el art¨ªculo 55.2 de la Constituci¨®n para la suspensi¨®n de determinados derechos y libertades para personas determinadas, "de forma individual y con la necesaria intervenci¨®n judicial y el adecuado control parlamentario", en relaci¨®n con la investigaci¨®n sobre bandas armadas o elementos terroristas. El mismo art¨ªculo a?ade que "la utilizaci¨®n injustificada o abusiva" de estas facultades producir¨¢ "responsabilidad penal, como violaci¨®n de los derechos y libertades reconocidos por las leyes".

Entre otras facilidades dadas a la autoridad gubernativa, que ha hecho un uso extenso de ellas, se permite prolongar la detenci¨®n durante un plazo m¨¢ximo de siete d¨ªas -plazo que casi siempre se agota-, poni¨¦ndolo en conocimiento del juez; ordenar durante ese per¨ªodo la incomunicaci¨®n del detenido, y la detenci¨®n del presunto terrorista y el registro del domicilio en que se halle, sin necesidad de autorizaci¨®n o mandato judicial previo. La observaci¨®n postal, telegr¨¢fica o telef¨®nica de personas sospechosas de estar integradas o relacionadas con grupos armados, que corresponde acordar al juez, por plazos de tres meses prorrogables, podr¨¢ ordenarla "en caso de urgencia" el ministro del Interior o el director de la Seguridad del Estado, comunic¨¢ndolo inmediatamente por escrito motivado al juez.

La competencia de la Audiencia Nacional -¨®rgano jurisdiccional impugnado desde algunos sectores jur¨ªdicos- en delitos de terrorismo, establecida por decreto-ley de 4 de enero de 1977, reformada por el de 23 de noviembre de 1979 y por la ley de 28 de diciembre de 1978, es otra de las medidas dictadas para favorecer la lucha antiterrorista. Asimismo, el decreto-ley de 26 de enero de 1979, sobre protecci¨®n de la seguridad ciudadana, refuerza estas medidas mediante la tipificaci¨®n penal de conductas de apolog¨ªa o preparaci¨®n de actos terroristas y la agilizaci¨®n procesal del enjuiciamiento de este tipo de delitos.

Por ¨²ltimo, las leyes de 4 y 28 de diciembre de 1978 y la org¨¢nica denominada de Defensa de la Democracia, de 4 de mayo de 1981, modifican el C¨®digo Penal en un sentido favorable a la lucha antiterrorista. A trav¨¦s de ¨¦stas se tipifican con mayor amplitud las figuras delictivas de terrorismo o relacionadas con bandas armadas, comandos informativos, apolog¨ªa de estos delitos, auxilio a los terroristas y falta de colaboraci¨®n con la polic¨ªa. Tambi¨¦n se establece una rebaja de las penas en dos grados para quienes colaboren con las autoridades.