Vecinos de Labacolla impiden desde hace 20 d¨ªas ampliar una pista de aterrizaje

Al igual que ocurriera con la ocupaci¨®n de terrenos destinados a la autopista del Atl¨¢ntico o a la mina de lignitos de Meirama, en Cerceda (La Coru?a), los paisanos de Labacolla -una parroquia que da nombre al aeropuerto central de Galicia- han forzado con su presencia f¨ªsica en la obra la paralizaci¨®n de los trabajos en tanto no les sean abonadas las cantidades que la Administraci¨®n acord¨® pagarles en su d¨ªa.Un simple tr¨¢mite burocr¨¢tico derivado de la necesidad de que los propietarios acrediten su titularidad mediante la inscripci¨®n en el correspondiente registro es, en apariencia, el ¨²nico punto de fricci¨®n que divide a los afectados y el Ministerio de Transportes, toda vez que ambas partes est¨¢n de acuerdo en el importe de las indemnizaciones. El propio consejero de Obras P¨²blicas de la Xunta, ?ngel Mario Carre?o, al que los afectados recurrieron como mediador, apoya las razones de los expropiados al asegurar, en carta dirigida al ministro de Transportes, que el porcentaje de fincas inscritas en Galicia en el registro de la propiedad "es m¨ªnimo".

Esta situaci¨®n de hecho se reproduce en el caso de las 472 fincas afectadas por la expropiaci¨®n de Labacolla, aeropuerto que actualmente canaliza el 80% del tr¨¢fico a¨¦reo gallego y, previsiblemente, el ¨²nico de la comunidad aut¨®noma que la Administraci¨®n calificar¨¢ como de inter¨¦s general.

De acuerdo con las l¨ªneas generales de una pol¨ªtica que incluye la potenciaci¨®n de un solo aeropuerto de car¨¢cter regional en cada comunidad, el Ministerio de Transportes inici¨® en 1980 los tr¨¢mites de urgencia, ocupaci¨®n de los terrenos destinados a la ampliaci¨®n de la actual pista de vuelo, la construcci¨®n de una pista de rodadura y la mejora de los sistemas de ayuda a la navegaci¨®n.

Las negociaciones entre dos y Administraci¨®n concluyeron con relativa rapidez, una vez que los primeros decidieron aceptar "como mal menor", seg¨²n explica su portavoz, Jos¨¦ Luis Quintela, el fallo del jurado provincial de expropiaciones favorable a la oferta de 400 pesetas por metro cuadrado hecha por el Ministerio. Las esperanzas de una r¨¢pida gesti¨®n en el pago de las indemnizaciones, sustentadas por el inmediato ingreso de las cantidades a abonar en la Caja General de Dep¨®sitos, se vieron, sin embargo, defraudadas en junio de este mismo a?o, cuando las empresas adjudicatarias iniciaron los trabajos preparatorios de la obra. Las quejas de los vecinos fueron atendidas entonces por el ingeniero jefe de expropiaciones de la zona norte, Antonio R¨²a, quien prometi¨® el pago en un plazo inferior a un mes.

Goteo interrumpido

El compromiso fue cumplido ¨²nicamente de modo parcial con el abono de 50 millones de pesetas sobre un total aproximado de 300 millones. "Pagaron", dice Jos¨¦ Luis Quintela, "las fincas m¨¢s peque?as, en una especie de goteo que pronto se interrumpi¨®".Cuando el r¨¢pido avance de las obras de relleno amenaz¨® con sepultar las pocas casas habitadas de la aldea de Amarelle, los vecinos decidieron que la interrupci¨®n de los trabajos era el ¨²nico camino para forzar a la Administraci¨®n al cumplimiento de sus obligaciones de pago. El 26 de octubre un grupo de afectados cruz¨® sus tractores en el camino que recorr¨ªan habitualmente los camiones encargados del transporte de tierra para el relleno de la nueva pista, lo que impidi¨® continuar la obra.

La presencia de la Polic¨ªa Nacional, que intent¨® sin ¨¦xito la detenci¨®n de los obstrucionalistas, noconsigui¨® variar la determinaci¨®n de los vecinos, de Labacolla, que durante las ¨²ltimas tres semanas se han turnado en retenes para impedir la continuaci¨®n de los trabajos, pese al fr¨ªo y la lluvia.

La comprensi¨®n hacia su postura que los afectados encontraron en el delegado del Gobierno, Domingo Garc¨ªa Sabell, no tuvo paralelo, sin embargo, en la actitud del gobernador civil de La Coru?a, Domingo Ferreiro, quien record¨® en una nota oficial que la inscripci¨®n de los terrenos en el registro de la propiedad es un requisito imprescindible para el pago de las indemnizaciones.

Las personas afectadas insisten en que la ley de Expropiaci¨®n Forzosa no incluye ese tr¨¢mite espec¨ªfico y recuerdan que el jefe de expropiaciones, Antonio R¨²a, se comprometi¨® a aceptar declaraciones juradas de unos vecinos en favor de otros como garant¨ªa de propiedad.