Una huelga evitable

AHORA QUE el Tribunal Supremo juzga los hechos producidos en la Casa de Juntas de Guernica a comienzos de febrero de 1981, resulta dif¨ªcil disociar el recuerdo del golpe de Estado frustrado del 23-F y la preparaci¨®n psicol¨®gica que le precedi¨®. En esa cobertura justificadora desempe?aron un importante papel no s¨®lo los incidentes provocados por los junteros de Herri Batasuna ante el Rey sino tambi¨¦n la huelga de celo desatada por la polic¨ªa a ra¨ªz de las protestas por la muerte de Joseba Arregui. Pese a que la situaci¨®n actual sea muy distinta, y aun dando por descontada la ausencia de una relaci¨®n causal directa entre los diferentes hechos producidos en febrero de 1981, el inicio de una huelga de celo policial y la petici¨®n de una huelga legal para el pr¨®ximo d¨ªa 29 no deja de producir cierto sobresalto entre los ciudadanos.La amenaza de un plante de la polic¨ªa no es nueva. A comienzos del pasado mes de mayo, la huelga anunciada .por el Sindicato Profesional, de Polic¨ªa y la Uni¨®n Sindical de Polic¨ªas qued¨® en suspenso. El actual rebrote de esa convocatoria ha sido justificado por dirigentes sindicales de la polic¨ªa con la afirmaci¨®n de que el Ministerio del Interior- ha incumplido sus compromisos, adquiridos en firme hace seis meses. La plataforma reivindicativa incluye peticiones econ¨®micas (pago de complementos por peligrosidad y dedicaci¨®n exclusiva, beneficios por el grado de carrera administrativa), profesionales (uso exclusivo de la placa, grado superior de estudios) y sindicales (representaci¨®n en las Juntas de Seguridad, facilidades para el ejercicio de sus actividades).

Pero la protesta contiene tambi¨¦n aspectos pol¨ªticos, entre otros, la queja ante el retraso de la ley org¨¢nica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (que unificar¨ªa como instituto civil armado al Cuerpo Superior de Polic¨ªa y a una Polic¨ªa Nacional desmilitarizada), el temor a que el Gobierno incumpla el programa electoral del PSOE en este terreno y la cr¨ªtica de las actividades que desembocaron en la detenci¨®n de cuatro miembros de los cuerpos de seguridad en Hendaya. Las declaraciones -posteriormente rectificadas- del ministro Barrionuevo sobre el Cuerpo Superior de Polic¨ªa crisparon todav¨ªa m¨¢s, durante el pasado mes de junio, las relaciones de la polic¨ªa con el titular de la cartera de Interior.

El Ministerio del Interior, por su parte, se?ala que nuestro ordenamiento jur¨ªdico no concede a la polic¨ªa el derecho de huelga y que sus reivindicaciones deben ser tratadas con criterios id¨¦nticos a los aplicados a otros funcionarios. La interpretaci¨®n de la Constituci¨®n plan tea, sin embargo, algunos problemas en este ¨¢mbito del derecho de huelga, vinculado con el de sindicaci¨®n. Nuestra norma fundamental es expl¨ªcita al prohibir la afiliaci¨®n sindical a los jueces, magistrados y fiscales y al establecer que la ley podr¨¢ limitar o exceptuar la libertad sindical "a las fuerzas o institutos armados o a los de m¨¢s cuerpos sometidos a disciplina militar". Sin embargo, SW menciona la posibilidad de regular las peculiaridades del ejercicio de ese derecho a los dem¨¢s funcionarios. El Cuerpo Superior de Polic¨ªa no es un instituto armado, y los sindicatos policiales fueron legalizados hace varios a?os.

Se trata, por tanto, de definir si la libertad sindical lleva o no implicado el derecho de huelga. La Constituci¨®n se limita a sentar que la futura ley reguladora del derecho de huelga "establecer¨¢ las garant¨ªas precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad". El programa electoral del PSOE, a la vez que se compromet¨ªa a amparar "el derecho de sindicaci¨®n y participaci¨®n en los ¨®rganos disciplinarios" de los funcionarios policiales, se pronunciaba en contra del derecho de huelga de ese colectivo. Mientras que la libertad sindical de los polic¨ªas est¨¢ reconocida en todas las grandes naciones europeas, s¨®lo Suecia les otorga el derecho de huelga, prohibici¨®n contrapesada en otros pa¨ªses por eficaces mecanismos de arbitraje.

Ahora bien, la huelga legal es un instrumento empleado s¨®lo en ¨²ltimo extremo por cualquier sindicato para hacer valer sus pretensiones. La cuesti¨®n es, entonces, buscar v¨ªas de negociaci¨®n y de arbitraje que hagan innecesaria esa forma aguda de conflicto. Para combatir el malestar de los sindicatos policiales no basta con recordarles que carecen del derecho a convocar una huelga o con recurrir a procedimientos disciplinarios para imped¨ªrsela. Las huelgas salvajes y las huelgas continuadas de celo suelen tener consecuencias m¨¢s devastadoras que las legales, y son una consecuencia de la oclusi¨®n d¨¦ los canales negociadores.

El tono corporativista de algunas de las reivindicaciones policiales, la obcecaci¨®n de los sindicatos en exigir como ¨²nico interlocutor v¨¢lido al ministro del Interior y su empe?o en llevar a cabo por encima de todo el anunciado plante debilitan considerablemente la coherencia de sus posiciones. Y con independencia de los prop¨®sitos de los dirigentes sindicales, la huelga de celo de los servicios de seguridad tiene connotaciones pol¨ªticas preocupantes. Pero el Ministerio del Interior no debe tensar la cuerda hasta el extremo de hacer imposible cualquier pacto.