Maravall pone en pie los dos pilares de la reforma de la ense?anza
El a?o 1983 concluye en plena discusi¨®n parlamentaria del proyecto de ley org¨¢nica: del Derecho a la Educaci¨®n (LODE), con el tel¨®n de fondo de una fuerte oposici¨®n de los sectores confesionales dominantes en la ense?anza privada, que han amenazado abiertamente con llevar su protesta a la calle. Entre tanto, las universidades inician, no sin cierta crispaci¨®n, la andadura de la ley de Reforma Universitaria (LRU) con la elecci¨®n de los claustros constituyentes. Con esta ley, piedra en la que se estrellaron varios Gobiernos de UCD, los socialistas han pasado el campo de batalla al interior de las universidades.Se encuentran, pues, en primer plano de actualidad dos leyes que constitu¨ªan parte importante del programa electoral del PSOE, aunque la LODE no es sino la alternativa socialista al Estatuto de Centros Escolares, una ley de desarrollo del art¨ªculo 27 de la Constituci¨®n, elaborada por el primer Gobierno constitucional de Adolfo Su¨¢rez y con la que el PSOE, entonces en la oposici¨®n, se declar¨® "incompatible".
La LODE pretende, entre otros objetivos, establecer el marco general para una futura ley de conciertos, que regular¨¢ las relaciones entre el Estado y los centros de iniciativa no estatal, cuyo r¨¦gimen de financiaci¨®n ha venido dependiendo hasta ahora de una legislaci¨®n improvisada a lo largo de los ¨²ltimos 10 a?os, imprecisa y dispersa. Los socialistas han mantenido, por otra parte, el apoyo econ¨®mico al sector privado dentro pr¨¢cticamente de los mismos par¨¢metros de la pol¨ªtica de los Gobiernos centristas. En los Presupuestos Generales del Estado para 1984 se prev¨¦ la cantidad de 98.075 millones de pesetas para subvenciones a los centros privados de ense?anza general b¨¢sica (EGB) y otros 11.083 millones para los de formaci¨®n profesional.
La principal objeci¨®n de los sectores contrarios a la LODE se refiere precisamente a la supuesta estrechez de este marco general, que, en su opini¨®n, llevar¨¢ a la larga a la asfixia de la ense?anza privada". Si en el Estatuto de Centros de UCI) los socialistas no consiguieron dar carta de naturaleza al car¨¢cter singular de los centros de iniciativa privada sostenidos con fondos p¨²blicos, ahora, la LODE, seg¨²n sus detractores, lleva demasiado lejos aquel intento al conceder a los miembros de la comunidad escolar un nivel de participaci¨®n en la gesti¨®n de los centros subvencionados que en la pr¨¢ctica dar¨ªa al traste con el derecho de sus titulares a mantener el ideario o proyecto educativo de los mismos.
De la trascendencia de esta ley, por otra parte, puede dar idea el amplio ¨¢mbito de su influencia, que es todo el sistema escolar menos el nivel universitario (preescolar, educaci¨®n general b¨¢sica, bachillerato unificado y polivalente, formaci¨®n profesional y educaci¨®n especial), con una cifra de alumnos pr¨®xima a los nueve millones y cerca de 350.000 profesores. Seg¨²n datos oficiales relativos al curso 1981-1982, la ense?anza privada escolarizaba al 38,2% de dicho alumnado (3.240.068 estudiantes) y contaba con el 37% del, profesorado (124.255 docentes).
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