La resaca de una noticia

LA SENTENCIA del Tribunal Constitucional desestimando el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto-ley de expropiaci¨®n de Rumasa no puede ni debe ser comentada hasta el conocimiento puntual de la misma, si se quiere hacer un an¨¢lisis riguroso. Valga como primera reflexi¨®n que la sentencia debe ser acatada y aceptada, como es l¨®gico, por todas las instituciones y personas dispuestas a que la convivencia pol¨ªtica y civil de la sociedad espa?ola se desenvuelva en el marco del Estado de derecho trazado por la Constituci¨®n de 1978, que hoy conmemoramos. Acatamiento que no empece la cr¨ªtica. Las consecuencias econ¨®micas y el alcance social de la expropiaci¨®n de Rumasa, la gravedad de la medida tomada por el poder ejecutivo, el posterior desvelamiento de las irregularidades del holding, el exilio voluntario, el procesamiento y las declaraciones de Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Mateos y las implicaciones pol¨ªticas de la decisi¨®n admiten muchas valoraciones, todas ellas respetables. Una sentencia jur¨ªdica no tiene por qu¨¦ levantar un coro de unanimidades. Pero la diferencia entre un sistema democr¨¢tico y cualquier otra forma de organizaci¨®n pol¨ªtica es el acatamiento por todas las fuerzas sociales y por los ciudadanos de las decisiones adoptadas por quienes tienen la legitimaci¨®n para hacerlo.Al margen, pues, la sentencia misma, sobre la que entraremos cuando sea puntualmente conocida, merece una reflexi¨®n la insensata campa?a que se ha puesto en marcha para desprestigiar al Tribunal Constitucional cuando se sugiere que su decisi¨®n es el resultado de presiones o intimidaciones del Gobierno o de otras instancias. De manera totalmente incongruente, esa ofensiva desestabilizadora incorpora a su innoble causa una absurda interpretaci¨®n del adelanto realizado por EL PA?S el pasado domingo, cuando la sentencia hab¨ªa sido ya firmada, era un hecho irreversible y s¨®lo el anexo de los votos particulares demoraba su publicaci¨®n. La historia del periodismo est¨¢ repleta de primicias informativas de este g¨¦nero. Hoy ha sido EL PA?S, y ma?ana ser¨¢ otro medio quien obtiene una noticia. Saltar de ah¨ª a la histeria, reclamando cabezas y acusando nada menos que de perjuros -como alg¨²n colega ha hecho- a los magistrados del tribunal nos parece tan rid¨ªculo que resulta incomprensible.

No llegamos a comprender c¨®mo puede desprestigiarse al Tribunal Constitucional porque un peri¨®dico obtenga una buena informaci¨®n. Antes contemplamos que est¨¢ siendo desprestigiado de forma intencionada o irresponsable. A lo largo de las ¨²ltimas semanas, EL PA?S ha cerrado sus columnas a cierto tipo de presiones subliminales sobre el Tribunal Constitucional, que disfrazaban sus objetivos intoxicadores con apariencias informativas y que han recibido profusa atenci¨®n en otros medios -en su derecho est¨¢n, por lo dem¨¢s- S¨®lo cuando la sentencia estaba firmada hemos adelantado el sentido del veredicto, su gestaci¨®n y su fundamentaci¨®n jur¨ªdica esencial, de acuerdo con las informaciones que seis diferentes personas de esta redacci¨®n han podido obtener y contrastar. En cambio, no sali¨® en nuestras p¨¢ginas el rumor, de intenci¨®n claramente descalificadora, sobre la imaginaria entrevista que habr¨ªan celebrado el presidente y vicepresidente del Tribunal Constitucional y el presidente y vicepresidente del Gobierno para guisarse y comerse la sentencia, rumor que ha circulado por la Prensa espa?ola con asombrosa desenvoltura. E incluso las conclusiones de los dict¨¢menes encargados por la familia Ruiz-Mateos a diversos abogados, l¨®gicamente favorables a su cliente, han sido presentados como verdades jur¨ªdicas incontestables. La noticia sobre un hecho ya producido es algo deontol¨®gicamente bastante distinto de las elaboraciones period¨ªsticas en las que las conjeturas son presentadas como informaciones y los juicios de valor suplantan a los juicios de realidad. Las noticias no desprestigian a nadie. Los bulos tratan de hacerlo, pero tampoco lo consiguen si quienes los lanzan son conocidos ya en el mentidero.

Si la sentencia del Tribunal Constitucional debe ser acatada, una de las formas de desacatarla es arrojar infundios y acusaciones gratuitas contra los magistrados. Una pelea menor y de amor propio entre profesionales de la informaci¨®n no deber¨ªa tener la desmesurada consecuencia de afectar al prestigio de una instituci¨®n b¨¢sica de nuestra Monarqu¨ªa parlamentaria.