La fuga de la justicia

El desfase entre la organizaci¨®n judicial y las necesidades de la sociedad espa?ola ha llegado, en opini¨®n del autor de este art¨ªculo, a una situaci¨®n l¨ªmite. Muchos usuarios potenciales de la justicia, se?ala, renuncian a ejercer sus derechos, y la crisis de confianza que afecta a la instituci¨®n salpica a todos, entre otros, a los abogados mismos. En resumen, pide una clara opci¨®n presupuestaria, medidas que pongan en cuesti¨®n el sistema punitivo y, sobre todo, los mecanismos de cooptaci¨®n para el ingreso en la Magistratura.

Es ya un lugar com¨²n aceptar la crisis de confianza que se produce en relaci¨®n a la Administraci¨®n de Justicia espa?ola. Esta situaci¨®n es tan obvia, y tan grave, que ha llegado hasta reconocerse por la tediosa literatura ministerial. A?adamos que lo que aqu¨ª se da por sentado no es esencial ni primordialmente la falta de confianza en las personas, sino en la ineficaz organizaci¨®n judicial.Claro es que al ser esta crisis de confianza de car¨¢cter institucional alcanza, fundamentalmente, a quienes tienen por funci¨®n la de impartir justicia, pero en ning¨²n caso se ven excluidos de sus consecuencias los dem¨¢s estamentos o profesionales que, de una u otra forma, tienen su suerte encadenada a la de la organizaci¨®n judicial. Es el caso de los abogados que para resolver los asuntos ante la Administraci¨®n de Justicia se encuentran con el problema de su atraso y lentitud, cuando en las relaciones entre profesionales y terceros lo que juega fundamentalmente es la oferta de servicios r¨¢pidos, eficaces y precisos. Y es l¨®gico que sea as¨ª, por que la naturaleza de la vida social de nuestros d¨ªas tiende a excluir las prestaciones inciertas, diferidas en el tiempo y de resultado ambiguo.

Empezando por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, todos proclamamos como ideal de nuestra lucha el imperio de la justicia. Sin embargo, quienes m¨¢s responsabilidades pol¨ªticas han asumido no logran realizar el ideal de una justicia eficaz y r¨¢pida y seguimos pidiendo y administrando justicia metidos en el expediente, con esa caricatura de justicia que se arrastra a trav¨¦s de hojas y papel timbrado, utilizando los mismos instrumentos -cuando no mentalidades- de hace un siglo. Y as¨ª, apenas logramos al cabo de un pleito interminable, en un fallo moroso, el reconocimiento formal de lo justo, sin que esta justicia, o remedo de tal, conforme a nadie. .

Recuperar el prestigio perdido

El desfase entre la organizaci¨®n judicial y las necesidades de la sociedad espa?ola ha llegado a una situaci¨®n l¨ªmite. Hasta el punto de que cada vez va a ser m¨¢s dif¨ªcil recuperar el inmenso prestigio perdido por la instituci¨®n y su servicio p¨²blico, b¨¢sicos en un Estado democr¨¢tico. Y si no que se lo pregunten a muchos potenciales usuarios de la justicia, que prefieren -si no disponen de medios econ¨®micos- renunciar al reconocimiento de sus propios derechos antes de recurrir a una justicia cara y costosa o, si son las grandes compa?¨ªas econ¨®micas, prefieren dirimir sus conflictos jur¨ªdicos civiles fuera del campo de la justicia.

Los remedios para evitar esta aut¨¦ntica fuga de la justicia ya se conocen: una clara opci¨®n presupuestaria -aun a costa de otras- para dotar a la justicia de medios instrumentales y personales. Pero, como todo no es cuesti¨®n de medios, tambi¨¦n habr¨ªa que tomar medidas que pusieran en cuesti¨®n el actual sistema judicial, sobre todo el punitivo. Empezando por los mecanismos de cooptaci¨®n para el ingreso en la Magistratura, que, en general, no corresponden a cualidades profesionales adecuadas ni a sistemas de valores distintos de los tan contestados signos tradicionales base de las reglas de cooptaci¨®n.

es abogado.