El presidente de Telef¨®nica, citado judicialmente por el conflicto de las viviendas de la inmobiliaria Darsa

El presidente de la Compa?¨ªa Telef¨®nica Nacional de Espa?a (CTNE), Luis Solana, ha sido citado por el Juzgado de Distrito n¨²mero 20 de Barcelona para que comparezca el pr¨®ximo 12 de diciembre en un acto de conciliaci¨®n promovido a instancias de Darsa de Barcelona, SA, Inmobiliaria, empresa que junto con otras del mismo nombre fue promovida por el grupo Agrom¨¢n que preside el banquero Jos¨¦ Mar¨ªa Aguirre Gonzalo. Junto al presidente de Telef¨®nica han sido demandados Antonio Masan¨¦s, director del Departamento de Asuntos Sociales de la Compa?¨ªa; S¨¢nchez Contador, delegado de la compa?¨ªa en Barcelona; Adalberto Sobrino, responsable de asuntos sociales en Barcelona, y los empleados Mar¨ªa Carmen del Toro y Jos¨¦ S¨¢nchez Montero, este ¨²ltimo ocupante de una de las viviendas.El contencioso entre Telef¨®nica y Darsa surgi¨® a ra¨ªz de la pol¨¦mica abierta entre ambas sociedades a consecuencia de la situaci¨®n precaria en que se encuentran un millar de empleados de la CTNE, ocupantes de otros tantos pisos, construidos por la inmobiliaria y sujetos a unos contratos de arrendamiento que dejan indefensos a sus usuarios. En efecto, los inquilinos carecen del principal privilegio que establece la ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, el de la pr¨®rroga forzosa.

M¨¢s de 5.000 viviendas

El conflicto tiene mayor amplitud que el que ahora se resuelve en Barcelona, pues son casi una docena las sociedades Darsa esparcidas por toda Espa?a que, en total, han construido m¨¢s de 5.000 viviendas y que han sido ocupadas por empleados de Telef¨®nica, Tabacalera, Siemens, Banco Guipuzcoano y otras entidades. Estas empresas, en cumplimiento de la legislaci¨®n sobre viviendas de los a?os sesenta, que obligaba a las grandes empresas a proporcionar casas a un cierto n¨²mero de sus empleados, encomendaron a Agrom¨¢n la construcci¨®n de las mismas. Agrom¨¢n prefiri¨® constituir varias sociedades que fueron fundadas por Aguirre Gonzalo y se dedicaron espec¨ªficamente a estas construcciones. Los inmuebles, se financiaron, por una parte, con cr¨¦ditos y subvenciones oficiales, por tratarse de viviendas protegidas, y por otra, con aportaciones de las empresas que las encargaban.Los usuarios de estas viviendas sufren una discriminaci¨®n respecto al resto de inquilinos espa?oles, ya que su derecho se halla condicionado a la vigencia de su relaci¨®n laboral con las empresas obligadas a ofrecer la vivienda, como es el caso de Telef¨®nica. Con el transcurso de los a?os esta legislaci¨®n ha ido situando a centenares de arrendatarios de estas viviendas en una situaci¨®n de precario, ya sea por la jubilaci¨®n o la muerte del trabajador. Es decir, jubilados, viudas, y dem¨¢s familiares de los que en su d¨ªa fueron arrendatarios se hallan totalmente desamparados y bajo la permanente amenaza de un desahucio.

Con el objeto de encontrar soluciones a estos casos, las Darsa propusieron la venta de los pisos a los ocupantes de los mismos. Esta alternativa choc¨® con el problema de la fijaci¨®n del precio, a causa de las distintas resoluciones de las autoridades administrativas sobre la materia. Adem¨¢s, mientras las inmobiliarias se hac¨ªan fuertes ampar¨¢ndose en que los inquilinos hab¨ªan agotado sus derechos de ocupaci¨®n, ¨¦stos exig¨ªan precios muy bajos por estimar que se hab¨ªa construido con fondos de las compa?¨ªas.

Los derechos de los ocupantes de estas viviendas se vieron reforzados con la llegada de los socialistas al Gobierno y a la c¨²pula de empresas p¨²blicas como Telef¨®nica. Entonces, directivos de la compa?¨ªa intentaron mediar en el conflicto.

La inmobiliaria exige al presidente de Telef¨®nica que reconozca que Darsa es la propietaria de los inmuebles, que los derechos de los arrendatarios dependen de la vigencia de su relaci¨®n laboral con las empresas y que las ventas de las viviendas se han realizado al precio legal estipulado.