El 'caso Arregui' y los derechos humanos

LA CREACI?N de una Oficina de Derechos Humanos (ODH) dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores coincide con el 35? aniversario de la Declaraci¨®n Universal de los Derechos del Hombre, conmemorada el pasado viernes con la celebraci¨®n de una sesi¨®n especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por primera vez desde el restablecimiento en Espa?a de la democracia, el Gobierno ha resuelto incorporar a la organizaci¨®n estatal un instrumento consultivo dedicado a servir de nexo entre la Administraci¨®n y las organizaciones privadas que luchan por hacer respetar en nuestro pa¨ªs los derechos humanos.La creaci¨®n de la oficina permitir¨¢ a la Administraci¨®n adecuar su legislaci¨®n a los convenios internacionales sobre este tema firmados por nuestro pa¨ªs, desde el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¨ªticos de 1966, suscrito por Espa?a 10 a?os despu¨¦s, hasta el Convenio para la Protecci¨®n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 1950, ratificado por el Gobierno de la Monarqu¨ªa en noviembre de 1977. Pero esa iniciativa gubernamental cobra sus perfiles m¨¢s significativos dentro de nuestras fronteras. La decisi¨®n parece mostrar la receptividad del poder ejecutivo ante las demandas de las personas e instituciones privadas que han dedicado sacrificados esfuerzos durante los ¨²ltimos a?os a la causa de los derechos humanos en nuestro pa¨ªs.

La secci¨®n espa?ola de Amnist¨ªa Internacional, la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Espa?a y el comit¨¦ espa?ol del Instituto Internacional de Prensa figuran entre esas organizaciones que trabajan contra viento y marea por el cumplimiento de sus fines. Desgraciadamente, los informes de esas asociaciones privadas dan sobrado fundamento para afirmar que hay sectores del aparato estatal -en el que, parad¨®jicamente, tambi¨¦n se encuadra la reci¨¦n creada Oficina de Derechos Humanos- que contin¨²an conculcando los derechos de los ciudadanos. Y esos an¨¢lisis proporcionan asimismo poderosos argumentos para afirmar que una parte significativa de nuestra legislaci¨®n penal y procesal carece de un firme sustento constitucional y abre de par en par las puertas a esas violaciones.

Hace escasos d¨ªas, la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Espa?a present¨® su informe de 1983. Nuestros gobernantes no tienen otra opci¨®n que sentirse turbados al leer ese breve folleto, cuyos cap¨ªtulos versan sobre cuestiones tales como los tratos inhumanos y torturas en los centros estatales de detenci¨®n y encarcelamiento, la asistencia letrada al detenido, la libertad de expresi¨®n, el estado de indefensi¨®n e inseguridad ante las escuchas telef¨®nicas no autorizadas, el derecho de asilo y refugio, el derecho a la objeci¨®n de conciencia y la situaci¨®n penitenciaria. Las doce "recomendaciones a los poderes p¨²blicos" del informe exigen una reflexi¨®n del Consejo de Ministros, demasiado propenso a ver por doquier campa?as insidiosas contra el Estado y su Administraci¨®n -?pues no hablan de campa?a nada menos que sobre la lacerante realidad de las ¨²ltimas 100 v¨ªctimas del accidente de aviaci¨®n en Barajas?- y cada vez menos receptivo a la cr¨ªtica. Las apelaciones moralizantes al cambio requieren como m¨ªnimo que el poder ejecutivo no adopte la pol¨ªtica del avestruz ante las noticias desagradables.

La credibilidad del actual Gobierno sigue siendo grande, pero los argumentos de la raz¨®n de Estado corren el peligro de desembocar en una c¨ªnica justificaci¨®n del uso desnudo del poder. En ese sentido, la elogiable creaci¨®n de la Oficina de Derechos Humanos puede llegar a convertirse en una irritante e hip¨®crita coartada hacia el exterior si su actividad de denuncia de hechos producidos en otros pa¨ªses coexiste con la violaci¨®n, dentro de nuestras fronteras, de los derechos humanos, violaci¨®n realizada por otros departamentos del mismo aparato estatal.

Si como ejemplo basta un bot¨®n, hay toda una botonadura, por desgracia. En la conmemoraci¨®n del 352 aniversario de la Declaraci¨®n Universal de los Derechos Humanos, el presidente del Congreso ha opinado que nuestra legislaci¨®n es de las primeras del mundo por su adaptaci¨®n al esp¨ªritu de esos derechos. Sin ¨¢nimo de pol¨¦mica, el proyecto de ley antiterrorista, el proyecto de ley de h¨¢beas corpus y algunos aspectos de la ley de Asistencia Letrada al Detenido para nada justifican esa jactancia, muy en la l¨ªnea, por lo dem¨¢s, de jactancias similares por parte del Gobierno y de su presidente respecto a lo que los pacifistas europeos envidian de la pol¨ªtica espa?ola respecto a la OTAN y los misiles. Peces-Barba tambi¨¦n se ha negado a plantearse la posible existencia de torturas en Espa?a a menos que as¨ª se declare en una sentencia judicial. Pues bien, la sentencia que absuelve a los dos polic¨ªas acusados de haber permitido la aplicaci¨®n de malos tratos a Joseba Arregui durante su detenci¨®n de nueve d¨ªas antes de su fallecimiento en Carabanchel contiene a la vez claros indicios de que la v¨ªctima fue torturada.

Los magistrados aplican a los dos acusados -que actuaron como instructor y como secretario en la formalizaci¨®n del acta de declaraci¨®n- el principio constitucional de la presunci¨®n de inocencia y declaran que su tolerancia hacia los presuntos malos tratos infligidos al detenido est¨¢ insuficientemente acreditada. Pero de los resultandos de hechos probados se desprende la evidencia de que, aunque esos dos funcionarios sean inocentes, Arregui fue efectivamente torturado en la Direcci¨®n General de Seguridad. Los forenses que practicaron la autopsia del fallecido certifican que encontraron en el cad¨¢ver hematomas en los p¨¢rpados, en el t¨®rax, en las nalgas y en los muslos, "as¨ª como quemaduras de primero y segundo grado en las plantas de ambos pies". Aunque la sentencia no reconozca abiertamente el origen de esas lesiones, se requerir¨ªa una desbordante imaginaci¨®n para afirmar que las quemaduras de las plantas de los pies fueron producidas accidentalmente por los funcionarios en sus forcejeos para detener al sospechoso o para reducir su resistencia.

Probada judicialmente la tortura, los ciudadanos, y de manera especial los votantes del PSOE, esperan absortos la reacci¨®n del poder. Declarada la inocencia de los acusados, es de suponer que la fiscal¨ªa no dudar¨¢ en abrir una investigaci¨®n que permita detener, procesar y condenar a los responsables de estas infames servicias. A no ser que se acepte como pr¨¢ctica normal el encubrimiento -todav¨ªa considerado como delito, que nosotros sepamos- por parte de los responsables de la polic¨ªa, incluidos el director general y el ministro, de los responsables de tan repugnante crimen. Pero si el Gobierno prefiere aplicar una vez m¨¢s la raz¨®n de Estado y no es capaz de descubrir a los culpables de ¨¦ste cuando forman parte de su propio aparato represivo ni de exigir responsabilidades penales correlativas, habr¨¢ que concluir que iniciativas tan elogiables como la Oficina de Derechos Humanos no dejar¨ªan de ser mera propaganda, aun en contra de la evidente buena voluntad de quienes la integran.