Un juez condena a vivir a Elizabeth Bouvia, la joven paral¨ªtica que quer¨ªa morir de hambre

John H. Hews, juez del Tribunal Superior del condado de Riverside, en Estados Unidos, presidiendo una sala repleta de espectadores y periodistas -pero en la que faltaba la interesada-, ley¨® la sentencia contraria al deseo de Elizabeth Bouvia, la mujer de 26 a?os que, v¨ªctima desde su nacimiento de una par¨¢lisis cerebral esp¨¢stica, hab¨ªa pedido a los m¨¦dicos y al personal del hospital general de Riverside que la ayudaran a morir de inanici¨®n.

Elizabeth, que s¨®lo puede hablar y que sufre una par¨¢lisis total, quer¨ªa que le administrasen solamente la medicaci¨®n que le alivia el dolor de la artritis que padece, y que le proporcionaran higiene y comodidad para dejar de existir."Este tribunal entiende", dice el texto de la sentencia, "que la cuesti¨®n que aqu¨ª se ha planteado es si una persona severamente imposibilitada, en perfectas condiciones mentales y que no padece ninguna enfermedad cuyo desenlace inevitable est¨¦ pr¨®ximo, tiene el derecho de acabar con su vida con la ayuda de la sociedad. Este tribunal ha llegado a la conclusi¨®n de que no. El derecho del Estado a preservar la vida supera en mucho el de la demandante de acabar con la suya ayudada por la sociedad".

Tras estas consideraciones, el juez autoriz¨® al personal del hospital a alimentar por v¨ªa intravenosa a Elizabeth Bouvia en contra de su voluntad de dejar de alimentarse hasta morir, aunque esto no va a ser necesario ya que, seg¨²n han manifestado los abogados de la joven, su cliente seguir¨¢ aliment¨¢ndose de proteinas l¨ªquidas tal y como ha venido haciendo durante el juicio, tras haber llegado a un acuerdo con la direcci¨®n del hospital.

La sentencia del juez Hews reafirma el derecho fundamental de la demandante y de todo ser humano a acabar con su vida, pero a?ade que en este caso los intereses del Estado priman sobre los suyos. "Ninguno de nosotros", a?adi¨® el juez, "puede saber realmente lo que su vida ha sido hasta ahora. Deseamos ardienternente que ¨¦sta joven mujer se d¨¦ cuenta y recupere la esperanza".

Cartas de amor

Richard Scott, el abogado, miembro de la Uni¨®n Americana de Libertades Civiles, que ha apoyado a Bouvia desde el comienzo, indic¨® inmediatamente que recurrir¨ªa la sentencia. En una conversaci¨®n con los periodistas, relat¨® que acababa de hablar con su cliente por tel¨¦fono y que despu¨¦s de comunicarle el fallo tan s¨®lo pudo o¨ªr unos gemidos antes de que ella colgara el tel¨¦fono. La conferencia de prensa telef¨®nica en la que Elizabeth ten¨ªa que explicar sus impresiones sobre la sentencia fue cancelada.El caso ha levantado un gran barullo y atra¨ªdo la atenci¨®n internacional.

Durante el juicio dos sacas de correo llegaban cada d¨ªa al hospital. Aunque Elizabeth Bouvia no ha querido leer ninguna carta, sus abogados han indicado que se pod¨ªan clasificar b¨¢sicamente en dos diferentes tipos: las de grupos religiosos que se ofrec¨ªan para salvarle la vida y cartas de amor. Tambi¨¦n llegaron dos amenazas de muerte, una de ellas de un ex presidiario que se ofrec¨ªa a matarla arguyendo que no ten¨ªa nada que perder.

El abogado del hospital donde se encuentra Bouvia desde el 3 de septiembre, cuando ingres¨® tras su separaci¨®n matrimonial con s¨ªnto mas de depresi¨®n, se mostr¨® satis fecho con la sentencia, indicando que si el juez hubiera accedido a su demanda se habr¨ªa sentado un precedente que podr¨ªa convertir a los hospitales en "dispensadores de muerte a petici¨®n del cliente". El personal en pleno del hospital general de Riverside se neg¨® a se cundar los deseos de Elizabeth Bouvia.

Un tema de actualidad

La sentencia sobre este caso llega en un momento en que el problema de la eutanasia y el de la pena de muerte est¨¢n de candente actualidad en los Estados Unidos La semana pasada dos condenados murieron en la silla el¨¦ctrica, y hay m¨¢s de 1.000 esperando despu¨¦s de que el Tribunal Supremo volviera a autorizar la pena capital en 1976.Tambi¨¦n durante estos d¨ªas se supo la sentencia final sobre el caso del ni?o con espina b¨ªfida, al que sus padres se hab¨ªan negado a operar para prolongar su vida. El Supremo confirm¨® el derecho de los padres a escoger el tratamiento que consideren m¨¢s adecuado, en contra de la demanda de los grupos pro vida que hab¨ªan denunciado el caso a los tribunales. Dos concepciones de la sociedad discrepan sobre las vidas que deben ser salvadas y aquellas que no.