Hacienda e Industria estudian un sistema para incentivar econ¨®micamente a los gestores y empresarios p¨²blicos

Pese a las reticencias gubernamentales a modificar la normativa sobre la imposibilidad de sobrepasar los siete millones de retribuci¨®n bruta anual para altos cargos y empresarios p¨²blicos, los ministerios de Econom¨ªa y Hacienda y el de Industria y Energ¨ªa no descartan la posibilidad de crear de manera inmediata un sistema de incentivos extrasalariales que permita mantener el nivel de concurrencia econ¨®mica y competencia profesional de los gestores p¨²blicos. Algo parecido a este sistema, en fase de estudio avanzado, se ha comenzado a aplicar ya, como experiencia piloto y bajo la responsabilidad exclusiva de sus presidentes, en algunas empresas p¨²blicas e incluso en la propia Administraci¨®n, seg¨²n constatan fuentes oficiales.

El plan, bajo estudio en los departamentos citados, parece basarse en una propuesta realizada personalmente, a mediados del pasado a?o, por el presidente del Instituto Nacional de Industria (INI), Enrique Moya, a los titulares de Hacienda e Industria, Miguel Boyer y Carlos Solchaga. La propuesta consistir¨ªa en primar con retribuciones extrasalariales a aquellos empresarios y directivos que, en sus respectivas empresas, han cumplido satisfactoriamente los objetivos cifrados o, dicho de otra manera, han obtenido mejoras contrastables en la marcha de la empresa y en a cuenta de resultados. Aunque el problema de la objetivaci¨®n de estos incentivos ¨²nicos anuales parece ser el mayor obst¨¢culo -pero no el ¨²nico- para la aprobaci¨®n del plan, en algunas empresas, e incluso en la propia Administraci¨®n, se ha comenzado a aplicar unilateralmente esta medida. Tal es el caso de Equipos Electr¨®nicos (EESA), donde se han realizado contrataciones de personal muy especializado, en el sector de la inform¨¢tica, con sueldos fijos bajos, pero con posibilidades de emolumentos superiores a los siete millones en el caso de que se alcancen las metas fijadas. Otro ejemplo ha sido la contrataci¨®n por la propia Administraci¨®n de algunos consultores expertos en campos espec¨ªficos a los que no se les ha sometido a la limitaci¨®n salarial.

El programa, en el caso de las empresas del INI, parece estar ligado a la suerte final del nuevo estatuto de este holding p¨²blico, presentado al Ministerio de Industria el pasado marzo, y de la opini¨®n final del Ministerio de Hacienda en relaci¨®n al resto de organismos p¨²blicos. El hecho de que el Tribunal de Cuentas audite a empresas y entidades p¨²blicas y pueda levantar reparos a cualquier decisi¨®n que se adopte fuera de la normativa general, parece ser uno de los impedimientos principales a la adopci¨®n de esta u otra inciativa similar, seg¨²n fuentes solventes.

El problema de los salarios de altos directivos de empresas y de los cargos p¨²blicos, sacado con cierta virulencia a la opini¨®n p¨²blica por los recientes ceses-dimisiones de tres presidentes de empresas p¨²blicas, se ha visto agravado con la entrada en vigor, el pasado d¨ªa 17, de la nueva ley de Incompatibilidades en el Sector P¨²blico. Sin que se llegara a producir la desbandada general que alg¨²n presidente cesado pronostic¨® con evidente falta de tacto, es cierto que el grado de malestar en los ¨®rganos gestores de determinadas empresas p¨²blicas se ha incrementado en los ¨²ltimos meses, especialmente despu¨¦s que se cumpliera el plazo de un a?o que en medios de las empresas se hab¨ªa fijado para que el problema se resolviera con discreci¨®n. Lo m¨¢s curioso de este asunto es que la normativa limitadora de los sueldos oficiales no figura como tal, ni ha sido publicada en ning¨²n ¨®rgano oficial, seg¨²n las consultas realizadas en los ministerios de Hacienda e Industria, departamentos con responsabilidad ¨²ltima sobre la administraci¨®n y las empresas p¨²blicas.

Por su parte, en la oficina del portavoz del Gobierno han se?alado que la normativa, de car¨¢cter gen¨¦rico, fue decidida por la totalidad del Gabinete, y aunque no figura en ninguna disposici¨®n escrita, fue adoptada como una "medida de claro corte ejemplarizador, hasta cierto punto pretendiendo crear un clima de saneamiento moral dentro de los distintos cuerpos del Estado ante los excesos del pasado".

Con recepci¨®n mixta dentro de la administraci¨®n y empresas, la medida afect¨® tambi¨¦n de manera desigual en los distintos organismos del sector p¨²blico e incluso se aplic¨®, en el tiempo, en momentos distintos. En el Banco Exterior de Espa?a, donde el Estado tiene mayor¨ªa del capital pese a su estatus de organismo privado, la aplicaci¨®n se hizo el primero de enero de 1983, apenas inaugurado el nuevo Gobierno. En las empresas p¨²blicas, tanto en las englobadas en el INI como el INH o el Patrimonio, se hizo con un considerable retraso ' no antes de abril. En el Banco de Espa?a, cuya situaci¨®n jur¨ªdica es muy distinta a una empresa p¨²blica, tambi¨¦n se corrigieron los sueldos, dejando, eso s¨ª, el del gobernador, por aquello del prestigio, en un mill¨®n m¨¢s que el del presidente del Gobierno.

El argumento m¨¢s s¨®lido en contra de la normativa sobre salarios m¨¢ximos es la descapitalizaci¨®n de gestores competentes y de cerebros renovadores y con imaginaci¨®n que puede experimentar el sector p¨²blico en Espa?a. La idea de empresa p¨²blica eficiente y generadora de empleo y con beneficios puede resultar incompatible con la de unas retribuciones de sus responsable por debajo de la empresa privada, seg¨²n un alto directivo consultado.

Otros afectados, que obviamente no desean que su nombre se cite, lo ponen de una manera m¨¢s directa: "Ahorrar dos millones al a?o en un sueldo cuando se corre el riesgo de perder miles de millones en la cuenta de resultados con un mediocre o mal gestor es una medida dif¨ªcilmente explicable, a no ser que se pretendan otros objetivos". Otro problema adicional es la rigidez del sistema salarial en las empresas p¨²blicas, que ha provocdo que las diferenciales sean tan peque?as en la parte alta de la escala, que, en ocasiones, crea situaciones donde algunos subordinados cobran m¨¢s que los directivos.