Se arma el fisco
Hacienda se pertrecha de un nuevo armamento pesado para liquidar defraudadores fiscales y reorganiza sus efectivos
Enga?ar al fisco ha sido hasta ahora un negocio bastante rentable para el contribuyente. Las sanciones impuestas, cargando un inter¨¦s del 8%. a la deuda tributar¨ªa pendiente -mientras el dinero se compraba en el mercado, con suerte, al 18%-, y las escasas probabilidades de ser cazado -excepto en el caso de los asalariados- favorec¨ªan el fraude.Hacienda dispon¨ªa de un sistema contradictorio de infracciones que hac¨ªa econ¨®micamente rentable la conducta infractora; por ello, el comportamiento econ¨®mico m¨¢s racional, al margen de consideraciones morales, incitaba a ocultar la verdadera base imponible.
El Gobierno trata ahora de enmendar el parche con una bater¨ªa normativa que incluye un proyecto de ley de Infracciones y Sanciones Tributarias, que ser¨¢ aprobado posiblemente en febrero, donde se aumentan brutalmente las multas -hasta un 300% (le la cantidad defraudada, en caso de reincidencia-, y un decreto-ley de amnist¨ªa fiscal para aflorar el dinero negro.
El tipo de inter¨¦s de la deuda tributaria ser¨¢ el del mercado, m¨¢s un plus de castigo si los inspectores entienden que exist¨ªa ¨¢nimo de defraudar. Tambi¨¦n preparan una nueva normativa, con rango de ley org¨¢nica, para reformar el C¨®digo Penal en materia de delito fiscal y poder meter en la c¨¢rcel con m¨¢s facilidad a los delincuentes fiscales. (Hasta hoy s¨®lo se ha aplicado el delito fiscal en un caso.)
Est¨¢ ya en marcha, adem¨¢s, la reforma de la Administraci¨®n ti?butaria, con la creaci¨®n de 250 administraciones territoriales, en las que estar¨¢n censados los ocho ni?llones de contribuyentes, para aumentar el riesgo de los que incluinplen sus obligaciones fiscales, encareciendo su anterior conducta infractora o delictiva.
El proyecto de ley de Infracciones y Sanciones Tributar¨ªas trata de instaurar el principio de "neutralizaci¨®n financiera" como punto de partida, y que consiste en el cobro de los intereses de mercado, con recargo, a todas aquellas cantidades que se ingresen a Hacienda con posterioridad a la fecha en que ¨¦sta debi¨® recibirlas. La ley pretende desincentivar el conocido sistema actual por el que la per sona f¨ªsica o jur¨ªdica sol¨ªa financiarse a trav¨¦s de la Hacienda p¨²blica.Los que mienten pueden sufrir multas hasta el 300%
De hecho, la multa actual no su pon¨ªa apenas castigo, ya que vert¨ªa a suponer un 50%. de la omisi¨®n, y en caso de firmar la conformidad al acta del inspector correspen diente, el contribuyente pod¨ªa verla reducida al 25%. La diferenci entre el tipo de inter¨¦s del 8% aplicado durante varios a?os acumulados y el tipo real del mercado del dinero arrojaba habitualmente un beneficio nada despreciable para el contribuyente. De ah¨ª que la recaudaci¨®n por simple neutralizaci¨®n financiera puede suponer, seg¨²n expertos fiscales, m¨¢s dinero para Hacienda que la p¨¦rdida por fraude.
Adem¨¢s de esta neutralizaci¨®n financiera, se establecen recargos para distinguir las conductas del contribuyente seg¨²n su intencionalidad al producir un da?o econ¨®mico al fisco. Aquellos que pongan a disposici¨®n de Hacienda toda la informaci¨®n necesaria para determinar sus obligaciones tributarias pero, en cambio, liquiden err¨®neamente por incorrecta interpretaci¨®n y sin malicia pagar¨¢n s¨®lo el inter¨¦s sobre la demora.
Sin embargo, la ley prev¨¦ un abanico de fuertes sanciones para los contribuyentes que oculten o falseen la informaci¨®n que facilitan a Hacienda. En la nueva legislaci¨®n desaparece la condonaci¨®n autom¨¢tica de la mitad de la omisi¨®n si se firma la conformidad. La multas van desde el 50% hasta el 100% en caso de omisi¨®n, y desde el 100% hasta el 300% en caso de defraudaci¨®n, variando la gravedad de la sanci¨®n seg¨²n el comportamiento particular y la historia fiscal del contribuyente.
La nueva sanci¨®n deber¨ªa ser multiplicada ahora, seg¨²n algunos especialistas que han participado en la redacci¨®n del proyecto de ley, por la nueva esperanza matem¨¢tica o probabilidad de que descubran la omisi¨®n o el fraude, que se ver¨¢ sensiblemente aumentada por la reforma de la Administraci¨®n tributaria, que reorganiza y refuerza los efectivos gestores e inspectores de Hacienda.
Por otra parte, la legislaci¨®n sancionadora ir¨¢ acompa?ada de un decreto-ley que promueve una cierta amnist¨ªa fiscal para el dinero negro, escondido al fisco a trav¨¦s de los crecientes activos financieros al portador (pagar¨¦s, bonos, c¨¦dulas hipotecarias, etc¨¦tera), todos ellos, p¨²blicos y privados, exentos hasta ahora de retenci¨®n fiscal en el momento de comprarlos (v¨¦ase EL PA?S de 24 de enero de 1984).
El monopolio de creaci¨®n de 'dinero negro'
Sin embargo, la intenci¨®n inicial de este proyecto de decreto-ley ha sido, en opini¨®n de inspectores de Hacienda, t¨¦cnicamente adulterada por el nerviosismo de las autoridades monetarias, m¨¢s preocupadas por la dificultad de cubrir a final de a?o hasta tres billones de pesetas en pagar¨¦s del Tesoro, y por los beneficios del Banco de Espa?a, que por la recaudaci¨®n de impuestos.
En el fondo de esta batalla singular aparecen claramente enfrentadas las posiciones de los monetaristas del banco emisor y las de los recaudadores de Hacienda. Los primeros han incluido en el citado decreto-ley una pol¨¦mica correcci¨®n de ¨²ltima hora por la que s¨®lo los pagar¨¦s del Tesoro seguir¨¢n exentos de la retenci¨®n del 15% impuesta a todos los dem¨¢s activos financieros.
Los especialistas fiscales y los medios bancarios consultados consideran que con la improvisada correcci¨®n el citado decreto-ley atribuye al Estado el "monopolio de creaci¨®n de dinero negro", ya que el dinero que salga huyendo de los dem¨¢s activos sometidos a retenci¨®n fiscal se refugiar¨¢ en joyas, cajas fuertes y, lo que es obviamente m¨¢s actractivo e igualmente oculto por ser al portador, en pagar¨¦s del Tesoro, convertidos por el Gobierno socialista, si prospera esta correcci¨®n, en "incitadores al fraude".
Los defensores de este privilegio para los pagar¨¦s del Tesoro argumentan que aunque se le dan al contribuyente ventajas al realizar la inversi¨®n al portador sin retenci¨®n fiscal, no podr¨¢n, sin embargo, ocultar esta operaci¨®n en la declaraci¨®n de la renta, debido a la mejora de la legislaci¨®n sobre sanciones e infracciones y sobre Administraci¨®n tributaria. Naturalmente, los encargados de recaudar prefieren una retenci¨®n en mano que cien presuntas declaraciones volando.
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El debate interno en tomo a este decreto-ley blaqueador de dinero negro -que permitir¨¢ incrementos patrimoniales sin atender a su origen, y sin repercusi¨®n, en el primer -a?o, en el impuesto sobre la renta, y s¨®lo sobre el patrimonio- sigue abierto hasta que un pr¨®ximo Consejo de Ministros, probablemente dentro de dos semanas, adopte una postura definitiva.
La expectaci¨®n en medios financieros y tributarios es grande, debido al efecto que una u otra opci¨®n puede tener sobre la cuenta de resultados del Banco de Espa?a, de cuya plantilla proceden tanto el ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Miguel Boyer, como el director general del Tesoro, Raimundo Ortega, y debido tambi¨¦n a la carga pol¨ªtica que llevan ambas posiciones inicialmente t¨¦cnicas.
Un mercado no neutral
Los detractores de la exenci¨®n de retenci¨®n fiscal para los pagar¨¦s del Tesoro argumentan que el dinero negro no ser¨ªa blanqueado, sino que seguir¨ªa ennegreci¨¦ndose esta vez en los activos p¨²blicos privilegiados en un mercado no neutral.
Otra de las razones esgrimidas en esta pol¨¦mica interna es la p¨¦rdida de fuerza moral para la recaudaci¨®n regular de los impuestos. La presunta exenci¨®n discriminatoria -que ha pasado por varias reescrituras en los ¨²ltimos d¨ªas, no descart¨¢ndose del todo su desaparici¨®n final- trata de obtener m¨¢s dinero y a menor tipo de inter¨¦s, ya que el comprador descuenta la ventaja fiscal a la hora de comprar este papel del Estado.
Algunos observadores ven otro problema en el citado decreto-ley: inicialmente se incita al contribuyente a invertir su dinero en pagar¨¦s del Tesoro, atray¨¦ndole con la ventaja de la no retenci¨®n fiscal, pero al mismo tiempo se preparan mecanismos para obligar a los intermediarios financieros a dar informaci¨®n fiscal sobre sus operaciones. Es decir, si prospera la no retenci¨®n, el Gobierno dar¨¢ facilidades para defraudar con una mano, pero pasar¨¢ a cuchillo, con la otra mano, a aquellos defraudadores que consiga identificar posteriormente.
Y algunos pueden sentirse enga?ados porque el proyecto de decreto-ley habla de no retenci¨®n fiscal, pero no hace alusi¨®n alguna a que estas inversiones en pagar¨¦s del Tesoro -aunque est¨¦n ocultas bajo un papel p¨²blico, pero con el sobrenombre de "al portador" y que va luego de mano en mano est¨¢n obligadas a pagar los impuestos -correspondientes al hacer la declaraci¨®n del impuesto sobre la renta.
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