El di¨¢logo y el rodillo

EN LAS ¨²ltimas semanas se ha producido un grado de conflictividad social que no se registraba desde hace a?os. Quiz¨¢ desde la primera etapa de la transici¨®n pol¨ªtica no hab¨ªan coincidido tantos elementos sociales, divergentes entre s¨ª -empresarios de las patronales, comerciantes y empresarios aut¨®nomos, trabajadores afectados por la negociaci¨®n de sus convenios o implicados en la reconversi¨®n industrial-, en la cr¨ªtica a la pol¨ªtica general del Gobierno. Y nunca hab¨ªa habido tanta tensi¨®n en la calle durante el a?o largo de gesti¨®n socialista.Hace menos de un mes, en dos convocatorias diferentes, alrededor de 4.000 empresarios se concentraron en Madrid para expresar su radical divergencia con la pol¨ªtica econ¨®mica del Gobierno -y m¨¢s concretamente con su pol¨ªtica financiera-, ya que las restricciones monetarias puestas en pr¨¢ctica en este ejercicio estrangular¨ªan, seg¨²n ellos, a decenas de empresas necesitadas de la liquidez cotidiana para sobrevivir. En estas manifestaciones hab¨ªa un elemento esp¨²reo a la confrontaci¨®n con el Gobierno: los intereses electorales que en aquel momento se jugaban para suceder a Carlos Ferrer Salat en la presidencia de la c¨²pula patronal. Las manifestaciones patronales significaron la ruptura, tras un a?o de silencio y de indecisi¨®n, con la l¨ªnea econ¨®mica marcada por el Gobierno.

Hace dos d¨ªas, m¨¢s de 10.000 comerciantes se reun¨ªan en el Palacio de Deportes de Madrid y descend¨ªan a casos concretos de la pol¨ªtica econ¨®mica de altura -los impuestos, la ley del comercio, la competencia desleal- para acumular nuevas cr¨ªticas al Ejecutivo. Este movimiento incipiente de peque?os empresarios, manejado desde algunos centros de opini¨®n con posiciones ideol¨®gicas y poujadistas, tuvo su principal substrato en la creciente inseguridad ciudadana y apunt¨®, de soslayo, un dato relacionado con las anteriores concentraciones empresariales: la falta de representatividad de algunos dirigentes patronales, m¨¢s empe?ados en hacer pol¨ªtica pura que en otra cosa.

Por otra parte, desde que hace cuatro semanas se rompieran las negociaciones para llegar a un nuevo pacto social -siguiendo la trayectoria que se inici¨® con los Pactos de la Moncloa y que culmin¨® el pasado a?o con el Acuerdo Marco Interconfederal-, los sindicatos han comenzado el pulso de los convenios colectivos presionando por subidas salariales superiores a las ofrecidas por sus empresas, en unos casos, y por el mantenimiento del poder adquisitivo, en otros. La postura sindical perjudica las l¨ªneas macroecon¨®micas dise?adas por el Gobierno socialista para hacer frente a la crisis.

La mayor tensi¨®n se ha producido en el colectivo de quienes est¨¢n afectados por la reconversi¨®n industrial. Altos Hornos del Mediterr¨¢neo, el naval, los aceros especiales, han conocido las manifestaciones m¨¢s significativas de su historia. La reconversi¨®n ha tenido en todos los pa¨ªses un alto coste social. En Espa?a, el proceso ha nacido viciado de principio. El grado de negociaci¨®n entre Gobierno y sindicatos no ha sido todo lo completo que el proceso parec¨ªa requerir, y enfrentamientos personales, como los registrados entre un ministro y un sindicalista, terminaron impidiendo que el consenso, logrado a trancas y barrancas, fuera mayor. As¨ª, el decreto-ley de reconversi¨®n no abord¨® los aspectos m¨¢s conflictivos del problema: el tratamiento de los excedentes de plantilla producto de la reconversi¨®n. Han sido estos trabajadores, apoyados por los sindicatos mayoritarios, los que han protagonizado los conflictos de mayor crispaci¨®n. Al margen de que organizaciones de izquierda marginal hayan aprovechado la natural contestaci¨®n de estos colectivos, el miedo al paro por las dudosas alternativas de empleo en la reindustrializaci¨®n ha sido el motor de unas movilizaciones que, cuando menos, han de hacer pensar al equipo del Gobierno sobre la eficacia de los m¨¦todos utilizados para llevar a cabo su pol¨ªtica.

La UGT reconoce que la reconversi¨®n es necesaria, pero sus diferencias con el Gobierno radican en la forma de llevarla a cabo. Tampoco CC OO -al margen de la utilizaci¨®n que del sindicato pueda hacer el PCE- se muestra verbalmente contraria a ponerla en pr¨¢ctica. Pero es verdad que Comisiones Obreras ha desatado una guerra sindical contra el Gobierno en la calle y ha hecho de Sagunto una piedra de toque de esta estrategia. Sin embargo, hacer caer sobre una sola organizaci¨®n la responsabilidad de toda la contestaci¨®n social, como el propio Gobierno sugiere con sus ataques a los comunistas, tiene el peligro de presentar ante la opini¨®n p¨²blica la idea de que esa organizaci¨®n tiene un respaldo popular probablemente superior al que posee.

Por lo dem¨¢s, las decisiones contestadas no han pasado en muchos casos de las meras intenciones. Independientemente de las razones que justifican el cierre de la cabecera de Sagunto, es dif¨ªcilmente justificable que durante un a?o entero se haya mantenido sobre un pueblo la amenaza del cierre y se haya provocado un aumento de la crispaci¨®n, sin que el cierre se haya llevado a cabo ni las ¨®rdenes gubernamentales se cumplan. El poder no puede amenazar en vano. No debe amenazar, pero si lo hace, le debilita no cumplir sus amenazas.

Una pol¨ªtica econ¨®mica de austeridad de tanta envergadura como la actual, o es negociada previamente o es aplicada con resoluci¨®n bas¨¢ndose en la mayor¨ªa parlamentaria. No hacer un uso racional -y s¨ª dubitante de ¨¦sta y no acudir a un entendimiento real y profundo con los sindicatos son los mayores errores del Gobierno, sobre todo porque ambas cosas estaban -y est¨¢n- en su mano. El Gobierno est¨¢ acusando ahora el esfuerzo de intentar someter a la poblaci¨®n trabajadora a unos sacrificios que no ha sabido pactar ni explicar. Sectores del propio partido socialista se muestran absortos ante la pol¨ªtica econ¨®mica del Ejecutivo, y la mala conciencia de ¨¦ste le lleva a una par¨¢lisis extra?a, como si faltara la convicci¨®n en la pol¨ªtica delineada o en las fuerzas para llevarla a cabo, pero faltara tambi¨¦n la decisi¨®n entonces de revisar verdaderamente esa pol¨ªtica.

En este contexto, parece cada vez m¨¢s evidente la necesidad de reiniciar todo un proceso de negociaci¨®n y di¨¢logo con los agentes sociales; di¨¢logo que el propio Ejecutivo alent¨® a su llegada al poder. El Gobierno prometi¨® un contacto continuo con los protagonistas de la vida econ¨®mica, que s¨®lo en muy contadas ocasiones ha mantenido. Las negociaciones, tal como la situaci¨®n requiere, han de ser fluidas. Y todos los interlocutores deben asumir que sus propuestas y sus tesis no pueden prevalecer sobre las dem¨¢s. ?sta es la ¨²nica salida que tiene Felipe Gonz¨¢lez si no quiere hacer un uso contundente de eso que la derecha llama el rodillo socialista, y que no es ni m¨¢s ni menos que la mayor¨ªa amplia y s¨®lida con que todo gobernante que quiera transformar un pa¨ªs sue?a. Ser¨¢ dif¨ªcil encontrar en el futuro un poder democr¨¢tico m¨¢s fuerte que el que el PSOE ha adquirido en las ¨²ltimas elecciones. Dilapidarlo es una responsabilidad hist¨®rica. Y negociar desde ¨¦l es lo que todo buen gobernante har¨ªa.