La Asociaci¨®n de magistrados rechaza el acceso de juristas a la funci¨®n Judicial mediante concurso

La Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), ¨²nica que agrupa al colectivo judicial, ha emitido un informe sobre el anteproyecto de ley org¨¢nica del Poder Judicial elaborado por el Minisiterio de Justicia. Entre otras cr¨ªticas al anteproyecto, la APM denuncia el recorte de poderes del Consejo General del Poder Judicial en beneficio del departamento de Justicia y valora como "un retroceso" de la independencia judicial tanto la merma de atribuciones al Consejo General en la elaboraci¨®n del Presupuesto, como la apertura de una nueva v¨ªa de acceso a la judicatura distinta de la oposici¨®n: el concurso "entre juristas ole reconocida competencia con m¨¢s de seis a?os de ejercicio profesional".

El anteproyecto de ley org¨¢nica se encuentra en estos momentos pendiente del informe del Consejo General del Poder Judicial. El documento de la APM, de 85 folios de extensi¨®n, significa en buena medida un anticipo del contenido de aqu¨¦l, ya que la influencia de la citada asociaci¨®n es notoria sobre el consejo, especialmente sobre los 12 vocales elegidos por los propios jueces. Tanto la mayor¨ªa del consejo como la mayor¨ªa de la asociaci¨®n judicial coinciden en la defensa de las m¨¢ximas competencias para el ¨®rgano de autogobierno de la justicia.El tema que quiz¨¢ suscita el m¨¢ximo rechazo de la asociaci¨®n judicial es la disposici¨®n seg¨²n la cual durante los tres a?os siguientes a la entrada en vigor de la futura ley, "el Consejo General del Poder Judicial reservar¨¢, para su provisi¨®n por concurso entre juristas de reconocida competencia con m¨¢s de seis a?os de ejercicio profesional, la tercera parte de las vacantes existentes en la categor¨ªa de juez". La APM pide la supresi¨®n "sin paliativos" de esta disposici¨®n y se?ala que viene a acumularse al tradicional quinto turno de juristas para acceso al Tribunal Supremo y a la reserva de un cuarto turno para el directo acceso de abogados y otros juristas a la categor¨ªa de magistrados.

La asociaci¨®n recuerda que su ¨²ltimo congreso se pronunci¨® en favor de la oposici¨®n como ¨²nico sistema selectivo y a?ade que "por razones de principio ha de rechazarse cualquier sistema de reclutamiento de los jueces que no sea el se?alado de la oposici¨®n libre". Estima que el sistema de concurso "merma las expectativas de los posibles opositores a la judicatura" y no presenta ninguna garant¨ªa de que "a la jufficatura lleguen juristas eminente:s", dado el nivel de remuneraci¨®n de la carrera, "comparado con el de aquellos juristas que verdaderarnente han obtenido el prestigio que pretende invocarse en sus respectivas profesiones".

Para la APM, la necesidad de jueces puede ser resuelta "con la convocatoria constante de oposiciones, a las que ir¨¢n cada vez m¨¢s letrados y juristas vocacionales si se acompa?an de otros incentivos necesarios". Y hasta tanto el cuerpo judicial se nutre por "su venero natural" -el sistema de oposici¨®n-, la APM contempla la cobertura de vacantes mediante f¨®rmulas tales como las suplencias, el trasvase desde el cuerpo de fiscales y la promoci¨®n del secretariado.

En contraste con esta posici¨®n dura de la APM ante una iniciativa del Ministerio de Justicia que fue saludada en sectores jur¨ªdicos progresistas como una forma de oxigenar la funci¨®n judicial y restarle esp¨ªritu corporativo, la corriente Jueces para la Democracia en las conclusiones aprobadas recientemente en Sitges (Barcelona), encuadra la incorporaci¨®n de juristas a juzgados y tribunales dentro de la reforma del sistema de oposici¨®n y "sobre la base de facilitar el ingreso en la Escuela Judicial y que ¨¦sta cumpla una funci¨®n efectiva de formaci¨®n y selecci¨®n de jueces".

Autonom¨ªa presupuestaria

El informe de la APM propone que las facultades del consejo general en orden a los presupuestos no se limiten a la elaboraci¨®n del anteproyecto del propio consejo, sino que se extiendan a "la formulaci¨®n de todo el Presupuesto de Gastos de la Administraci¨®n de Justicia en su conjunto", as¨ª como a su gesti¨®n. Una de las consecuencias de esta posici¨®n es la reivindicaci¨®n para el consejo general de las funciones que el anteproyecto asigna al Gobierno, a trav¨¦s del Ministerio de Justicia, de "proveer a los juzgados y tribunales de los medios precisos para el desempe?o de su funci¨®n con independencia y eficacia". La APM defiende que sea el consejo, y no el Gobierno, el que provea de medios materiales a los ¨®rganos judiciales, "con la ¨²ni ca precisi¨®n, como es l¨®gico, de que ello deber¨¢ ajustarse al presupuesto aprobado por las Cortes Generales". Igualmente reclama para el consejo, junto a la facultad reglamentaria interna, la externa.